El hallazgo del campo de exterminio en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco el pasado 5 de marzo de 2025 es un ejemplo de la crueldad y la atrocidad normalizada, institucionalizada y encubierta en México. Las imágenes y testimonios solo pueden equipararse con las más terribles historias de genocidios en el mundo.
La descripción de los actos brutales e inhumanos ejecutados durante por lo menos trece años en ese lugar, dan cuenta de una larga lista de crímenes ejecutados de forma cotidiana. La negligente actuación de las autoridades de Jalisco y federales demuestran algo más que una omisión. El rancho ya había sido identificado por las autoridades desde 2017 a raíz del relato de un sobreviviente. En septiembre de 2024, agentes de la Guardia Nacional realizaron un operativo en Teuchitlán y detuvieron a diez hombres que portaban armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En ninguno de esos dos momentos se inició una investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco ni de la General de la República. Incluso después de los últimos hallazgos del campo de exterminio la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha ofrecido ningún informe sobre el hallazgo, lo cual es sumamente grave y termina por implicarles en esta larga cadena de ejecución de crímenes graves e inhumanos.
Por la gravedad de los crímenes ejecutados en el rancho Izaguirre estamos ante varios tipos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. La intención no es cometer un genocidio por cometerlo, sino lucrar, explotar, abusar, someter, controlar y denigrar los cuerpos con fines económicos y de poder.
Estamos ante “genocidio mediante matanza” porque dieron muerte a más de una o dos personas. Es presumible por los testimonios de sobrevivientes y por las características de los crematorios encontrados que hayan sido miles de personas las ejecutadas, y por los indicios que revelan los videos de Guerreros Buscadores dichas ejecuciones deben haber sido de las formas más atroces. Los probables perpetradores directos (en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación) decidieron deliberadamente quitarle la vida a estas personas por fines económicos y de fortalecimiento de su estructura paramilitar.
Estamos ante “genocidio mediante sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física”, pues para que el cártel cumpliera sus objetivos decidió deliberadamente explotar en las condiciones más violentas y precarias a miles de personas y exterminarlas de forma sistemática durante por lo menos trece años.
Estamos ante un “genocidio mediante el traslado por la fuerza de niños”, pues por los testimonios de sobrevivientes hubo niñas que fueron secuestradas para llevarlas al rancho y ser sometidas a abusos y vejaciones sexuales por quienes comandaban esa operación, para después asesinarlas. Esos traslados eran deliberadamente ejercidos contra niñas, buscadas con esas características de edad.
Estamos ante “genocidio mediante lesión grave a la integridad física y mental de las personas”, no solo de las ahí ejecutadas, sino de toda una población, pues el daño emocional profundo se extiende a todas las familias y personas cercanas a las personas ejecutadas.
Estamos ante un “crimen de lesa humanidad”, uno de los crímenes más graves “de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”. Eso debe justificar una investigación amplia y conllevar a una responsabilidad penal individual y estructural. El campo de concentración y extermino en Jalisco transparenta una práctica generalizada y sistemática contra una población civil. Es muy probable que autoridades estatales y federales de por lo menos tres administraciones presidenciales hayan tenido conocimiento de dichos crímenes.
Estamos ante un “crimen de lesa humanidad de asesinato”, ante un “crimen de lesa humanidad de esclavitud”, ante un “crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de la población”, ante un “crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad”, ante un “crimen de lesa humanidad de tortura”, ante un “crimen de lesa humanidad de violación”, ante un “crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual” y ante un “crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas”.
Todos estos tipos de genocidio y crímenes de lesa humanidad están incluidos en el Estatuto de Roma, la característica particular es que tal vez no fueron perpetrados por razón de raza, etnia, religión o nacionalidad, pero sí de clase y de género (hombres y mujeres en busca de trabajo y niñas) y el motivo del exterminio sistemático era encubrir una explotación extrema en beneficio de una empresa ilegal y para satisfacer un sadismo desbordado. Las víctimas eran en su mayoría jóvenes entre 20 y 25 años, buscando trabajo y otras, como mencionamos antes, eran niñas.
La cruel realidad a la que nos enfrentamos en México en la que tenemos un índice de impunidad del 99 %, las cifras de atrocidades y la configuración de un Estado criminal nos lleva a la encrucijada en la que estamos ahora. Estamos ante la imposibilidad de recurrir a las vías legales porque el Estado, al funcionar a partir redes clientelares y de impunidad, no se va autojuzgar.
Sabemos que mientras miramos horrorizados el campo de concentración y exterminio en Jalisco, probablemente muchos otros siguen activos o están siendo instalados en todo el territorio mexicano, bajo la protección de autoridades municipales, estatales y federales. Lo sabemos porque así ha sido esta guerra desde 2006, porque atrocidades como estas se han vuelto cotidianas durante 19 años.
El terrible caso de Teuchitlán da una pista clara y brutal de a dónde van los y las desaparecidas en México. Nos permite sentir la crueldad que desembocó en esos crematorios y que viene del sadismo paramilitar de los cárteles y de la ambición inhumana y cobarde de gobernantes y empresarios (legales e ilegales). No hay en México un sólo estado sin desapariciones, el subsuelo de todo el territorio es una gran fosa y más allá de que las estadísticas oficiales suban o bajen los índices de violencia, la crueldad va en aumento, se generaliza, se rutiniza.
Es inevitable que al nombrar Teuchitlán no pensemos en genocidio, en uno que muy probablemente involucra autoridades municipales, estatales y federales. Es difícil imaginar que los gobernadores de Jalisco de los últimos doce años no tuvieran indicios de que algo de esta magnitud ocurría y es indignante que no hubieran iniciado investigación alguna. Además, la repuesta de la administración de Claudia Sheinbaum ha sido tan poco asertiva que parece encubrimiento.
También es atroz que Jalisco no sea el único caso. Y que presidentes, gobernadores y presidentes municipales se encuentren encubriendo campos de exterminio como el del rancho Izaguirre. Algo que ha quedado claro en 19 años de guerra es que los cárteles pueden operar con estos niveles de sadismo, crueldad e impunidad porque tienen la protección de las más altas autoridades civiles y militares.
El horror del campo de concentración y exterminio en el rancho Izaguirre exige una respuesta clara y contundente de la sociedad mexicana y de la del mundo. Esta respuesta corre el riesgo de seguir las rutas del oportunismo político y la fabricación de verdades históricas que castiguen a chivos expiatorios para mantener impunes a los responsables estructurales.
La respuesta no puede ser intentar abrirle la puerta el intervencionismo de Estados Unidos, bajo la excusa del terrorismo, pues es en buena medida el responsable de que los cárteles tengan un flujo constante de armamento y hayan heredado tácticas brutales muy similares a las promovidas por la Escuela de las Américas y sus símiles posteriores.
La respuesta no puede ser convertir nuevamente las atrocidades en munición electoral, pero tampoco puede ser usar la excusa de una oposición oportunista para apostar al olvido y la impunidad, como ha ocurrido transexenalmente con el caso Ayotzinapa y tantos más.
No podemos permitir que se minimice el asunto con una fiscalía especializada, con un trato de caso emblemático que acaba en tratarlo como una situación aislada. Esto requiere una urgente investigación sistémica, pues lo que deja claro el infierno de Teuchitlán es que la cobardía, el sadismo y la ambición de los cárteles no tiene límites, y quienes deberían de combatirlos son más bien sus cómplices. A partir del 5 de marzo de 2025 todos los presidentes municipales, gobernadores y presidentes de por lo menos los últimos 19 años deben ser tratados como sospechosos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, porque lo son.
¿Quién puede investigar y sancionar a quienes desde el Estado son o han sido cómplices de este genocidio cotidiano si son quienes detentan el poder del Estado? El no poder responder con confianza esa pregunta es trágico. Es terrible que no fueran las autoridades de Jalisco en 2017 ni la Guardia Nacional en septiembre pasado quienes encontraran e iniciaran una investigación sobre este campo de concentración y exterminio, fue el colectivo de Guerreros Buscadores, fue nuevamente la gente que, ante la negligencia del Estado, organiza desde abajo su dolor y su coraje y se enfrenta a los monstruos más brutales. Queda claro una vez más que donde la crueldad masacra y el Estado entierra, las familias buscadoras encuentran.
Debemos tener claro que si queremos sobrevivir y evitar que la crueldad y el horror acaben de ocupar cada rincón de nuestro país y de nuestra cotidianidad no podemos dejar pasar un umbral más hacia el terror cotidiano y la crueldad normalizada. Más allá de la disputa política entre poderosos esto debe ser un parteaguas para todas y todos en México, no podemos tragarnos más mentiras que cuestan vidas, no podemos dejar de señalar a quienes usan al Estado para enriquecerse y son cómplices en convertir a México en un campo de exterminio. Urge gritar con convicción y compromiso:
¡Teuchitlán NUNCA MÁS!
Nodo de Derechos Humanos
www.nodho.net
