8 de julio de 2025

Olga Maribel Betanzos Fuentes, originaria de Eloxochitlán de Flores Magón y maestra de la Secundaria Técnica 225 en Huautla de Jiménez comparece hoy ante el juez Constantino Santiago Agustín por acusaciones de robo e incendio por hechos que presuntamente ocurrieron en 2014 y que están en el expediente 16/2016. Resulta extraño porque el delito de daño por incendio prescribió pues han pasado 9 años 5 meses, lo que supera por mucho los 6 años de prescripción. Que el juez Santiago Agustín emita una orden de aprehensión tomando en cuenta un delito claramente prescrito por lo menos lo hace parecer como un acto de mala fe o de desconocimiento legal. En ambos casos es grave pues implica la probabilidad de que el juez sea parcial o negligente.

Además, llama la atención que el juez dicte las órdenes de aprehensión a meses de que prescriba el delito de robo, pues parece tener la intención de “reiniciar el reloj” para evitar que prescriba.

A esto se suma que las cinco órdenes de aprehensión en contra de la maestra Olga Maribel son parte de una reactivación masiva de 200 órdenes de aprehensión contra 56 habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, todas relacionadas a denuncias de 2014 presentadas por la familia Zepeda, reconocidos caciques de esa región y entre quienes destacan el presidente municipal de Eloxochitlán, Manuel Zepeda, y la diputada Elisa Zepeda.

Este caso se dan en un contexto de criminalización a la que ha sido sometida la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón desde hace una década por parte de la familia Zepeda, lo que ha derivado en una interminable lucha jurídica que los pobladores han ido sorteando victoriosamente, en desplazamiento de por lo menos 14 personas y en la sobreexplotación y contaminación del río Xangá Ndá Ge.

Que el juez reactive masivamente órdenes de aprehensión, con delitos prescritos contra pobladores que resisten al dominio caciquil y defienden su territorio y su agua de la devastación tiene rasgos claros de represión y de un uso discrecional del aparato judicial. Esto ha dado cuenta de las líneas difusas entre caciques, gobernantes y jueces.

Es una práctica común en Oaxaca, y en México, reciclar acusaciones encuadrándolas en delitos distintos cuando son desechados, pues es una manera de mantener una ofensiva en contra de activistas, defensores de derechos humanos o del territorio. Es una forma de represión judicial sustentada en tecnicismos legales y en la actuación impune de jueces que se alinean a las lógicas caciquiles de control, dominio y sometimiento, lo que alimenta una impunidad estructural y deja en la indefensión a comunidades que padecen los crímenes cometidos por esas estructuras y por ese sistema. Esas redes criminales de poder que difuminan las líneas entre actores gubernamentales, judiciales y caciquiles favorecen una gestión diferencial de ilegalismos en la que las leyes y el aparato de justicia se convierten en herramientas de control y violencia para sostener un sistema de abusos, no para combatirlo.

Nodo de Derechos Humanos
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URGENTE

En el contexto de intensificación de la vigilancia, el control y la militarización hoy 1 de julio de 2025 fue levantado (presuntamente detenido) Renato Romero Camacho, defensor del medio ambiente en Puebla y Veracruz.

El reporte que hemos recibido dice lo siguiente:

“Familiares del señor Renato Romero, luchador social de los pueblos del Valle de Perote, informaron que a las 7 de la mañana de hoy martes 1 de julio se lo llevaron detenido unos agentes y al parecer lo tendrían en el C5 de Puebla. Don Renato Romero se dirigía a una reunión en Nealtican.

Se desconoce si los agentes llevaban una orden de aprehensión.”

De acuerdo con otra información fue detenido “por parte de elementos de la Policía de Investigación, bajo órdenes directas del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.”

Nos preocupa la probable motivación política y arbitrariedad de esta detención, en particular porque ocurre cuando iba en camino para participar en el Cabildo Abierto que se lleva cabo en Nealtican y que tiene una relevancia crucial para definir el destino del agua en esa región.

Parece que estas administraciones federal y estatal han optado por parecerse más a las administraciones que tanto condenan, que han optado por la prisión política para quien defiende los recursos naturales y se solidariza con las demandas de los pueblos.

#RenatoLibertad

#No+PresosPoliticos

El día de hoy, el cabildo abierto en San Miguel Xoxtla convocado a las 15:00 hrs. fue objeto de un operativo desmesurado en el que participaron las policías Municipal y Estatal, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, además de civiles armados sin identificación visible. La presencia de fuerzas armadas y policíacas en una asamblea comunitaria, cuyo único propósito es decidir la mejor forma de defender el agua de su territorio, no puede más que interpretarse como un acto hostil de intimidación. Refleja que para las autoridades poblanas, que un pueblo defienda su agua y su territorio de la sobreexplotación y mercantilización por empresas como Concesiones Integrales los convierte en una fuerza hostil merecedora de intervención militar.

En el operativo participaron por lo menos los siguientes vehículos:

Policía municipal (camionetas): 388, 232, M5 033

Policía Estatal (camioneta): 2154

Ejército Mexicano (camioneta): 0801330

Marina (camioneta): 4355

Vehículo posiblemente de seguridad pública sin rótulo visible con placas: SP-82-802

Este operativo policiaco-militar amenazó con coartar el derecho de los pobladores de Xoxtla y de la región a reunirse pacíficamente para poder deliberar sobre la mejor forma de gestionar el agua de su territorio. Además, esto parece reforzar la práctica caciquil de utilizar a las fuerzas armadas y de seguridad como agentes represivos al servicio de intereses clientelares. Estos actos se suman a una constante presencia militar y policíaca que amenaza con reprimir violentamente a la movilización en San Miguel Xoxtla que exige la cancelación de los contratos de cesión de agua a empresas extractivas.

Concesiones Integrales de Puebla es otra de las joyas heredadas del gobierno de Moreno Valle pues en diciembre de 2013 entregó, sin sustento legal, el agua de pueblos, barrios y comunidades a Concesiones Integrales (Agua de Puebla para Todos). Con el respaldo que ha dado Armenta a Concesiones Integrales se demuestra una vez más la continuidad de proyectos que han significado privatizar el agua en favor de empresas negligentes y criminales, y despojar de agua a los pueblos

Tememos por la seguridad de los defensores del agua en San Miguel Xoxtla, pues con operativos como este las administraciones de Guadalupe Ortiz, Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum dan señales de gran hostilidad. Les exigimos que respeten el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio.

Nodo de Derechos Humanos

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Las Mujeres Mazatecas por la Libertad denunciaron la presencia el 13 de mayo de camionetas aparentemente de civiles junto con patrullas de la Policía Estatal y personal de Seguridad Pública dentro de los barrios Mina de Oro y Escopeta de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón,en un operativo que a decir de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no fue ordenado por ellos y cuyo objetivo no ha sido revelado.

Este operativo ocurre en un contexto de más de diez años de hostigamiento caciquil, de criminalización a quienes se oponen a la familia Zepeda, con un aparato judicial capturado y en un estado en el que las agresiones contra quienes defienden el territorio son prácticamente cotidianas y brutales. Esto además de la estrecha cercanía de la diputada Elisa Zepeda (hija del principal cacique de Eloxochitlán) con el gobernador oaxaqueño Salomón Jara y su cercanía con empresas mineras. Además de la actividad extractiva en la comunidad que es parte de los negocios de la familia Zepeda, está la amenaza de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas, ordenadas por el Juez de Huautla, a través de un presunto trámite de apelación a 10 años de los supuestos hechos.

Lo anterior presenta un clima de alto riesgo que nos lleva a TEMER POR LA SEGURIDAD de:

• Las Mujeres Mazatecas por la Libertad

• Defensoras del río Xanga Ndá Ge y opositores a la extracción de piedra.

• Las14 personas citadas el 23 de abril y las 56con órdenes reactivadas.

• El fotoperiodista David Peralta Betanzos y otros comunicadores locales.

   

Es URGENTE:

1. Detener e investigar y sancionar a quienes realizan operativos cuyo único propósito visible es generar un clima de terror en la comunidad

2. Anular las 200 órdenes de aprehensión reactivadas contra defensores comunitarios y revisar la actuación del juez Constantino Santiago de Huautla de Jiménez.

3. Investigar el vínculo entre la explotación del río y la montaña por la empresa de la familia Zepeda Lagunas y el hostigamiento policial.

Hacemos un llamado a:

• Replicar y sumarse a la ALERTA emitida por la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón

• Exigir vía redes sociales a l gobernador, al fiscal y al secretario de seguridad de Oaxaca el cese al hostigamiento a la comunidad y la protección a caciques (x: @salomonj @FiscalOaxaca @IvanGarcia_A ; Instagram: @salomonjarac @fiscalia_goboax ; Facebook: Salomón Jara Cruz, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Iván García Álvarez)

Después de la reunión efectuada el 5 de mayo entre la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero y el Gobierno del Estado de Puebla, Alejandro Armenta pidió a «los opositores» permitir que la empresa PRO-FAJ Hidrolimpieza realice las acciones de mitigación y abandono del sitio. Incluso afirmó que han impedido el ingreso de la empresa al basurero para realizar dichas acciones, lo que —según él— forma parte del proceso de abandono del sitio y «está generando un mayor daño ambiental, pues se siguen filtrando lixiviados a los mantos freáticos».

Ante estas declaraciones, consideramos inaceptable que se culpe a las y los defensores del medio ambiente por el daño ambiental, cuando en realidad el cierre del basurero por más de un año ha logrado frenar el ecocidio ejecutado por PRO-FAJ, con la complicidad de distintas administraciones gubernamentales, incluida la actual.

Parece que una característica del gobierno de Armenta es la criminalización de los movimientos sociales y la mentira reiterada. Las maniobras utilizadas para evitar un cierre definitivo y transparente del basurero evidencian una simulación más, un doble discurso y el uso de una política opaca, basada en acuerdos engañosos que recuerdan más a las viejas prácticas de poder que a la supuesta transformación.

Lo que Armenta exige a la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero no puede interpretarse sino como una coartada para permitir que PRO-FAJ retome la operación del basurero. Tras la sistemática negligencia del gobierno en este tema, no se puede confiar en que permitir el ingreso de PRO-FAJ, como lo propone Armenta, sea realmente un paso hacia el cierre definitivo. Avanzar en ese sentido requiere voluntad política y transparencia, con acciones certificadas públicamente que demuestren que el cierre es inminente y legal. Todo lo demás son simples maniobras políticas y juegos con operadores que se prestan al engaño y a la simulación.

Por otro lado, recordemos que el monitoreo de biogás, lixiviados y acuíferos es una de las responsabilidades establecidas en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para una operación adecuada, así como para la medición y control de los impactos ambientales. El monitoreo de biogás debía especificar los parámetros de composición, explosividad y flujo; el monitoreo de lixiviados debía contar con un programa periódico para medir pH, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y metales pesados. Asimismo, el monitoreo de acuíferos debía realizarse mediante pozos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del relleno.

Preguntamos al gobernador Armenta, a la SEMARNAT y a PRO-FAJ: ¿Dónde están esos monitoreos que debieron realizarse durante los 17 años de operación del sitio? La ausencia de monitoreos periódicos refuerza, una vez más, la urgencia de impedir —como ya han dicho los pueblos— que entre un kilo más de basura, así como de garantizar una cobertura final adecuada que prevenga una tragedia por explosión de biogás acumulado, como la ocurrida en 2023 en el basurero de PRO-FAJ en Naucalpan, Estado de México, donde cuatro trabajadores quedaron sepultados bajo la basura.

Los 17 años de mal manejo del basurero de PRO-FAJ, ubicado en la carretera Cholula-Calpan, han puesto en riesgo la irreversibilidad de los daños a los mantos acuíferos, los sistemas de producción alimentaria y tierras de cultivo, la calidad del aire y la vida de las personas de la región. También han generado impactos a nivel de cuenca hidrográfica, pues la naturaleza opera de forma conectada e interdependiente.

La crisis del agua nos involucra a todas y todos. En el caso del basurero criminal de PRO-FAJ, quienes están poniendo el cuerpo por la justicia ambiental son los pueblos cholultecas. La defensa de la vida y el medio ambiente que realizan quienes Armenta llama «opositores» es un acto colectivo que ha detenido el daño, el ecocidio y los evidentes efectos sobre la salud humana que al gobierno no le importan. Por ello, el Decreto de los Pueblos Cholultecas, emitido el 14 de mayo de 2024, marca el camino que la realidad nos muestra una y otra vez: lo que no hace el gobierno, lo hacen los pueblos.

Para realizar los trabajos de mitigación, abandono y restauración del ecosistema, no se puede confiar ni en la empresa PRO-FAJ ni en el Gobierno del Estado de Puebla, cuya complicidad ha generado este ecocidio. Sin embargo, ambos son responsables de llevar a cabo estos trabajos. Por eso, la única forma de proceder sería bajo la vigilancia directa y permanente de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero, el cuerpo colectivo comisionado por los pueblos de la región para ejecutar el decreto asambleario de los pueblos.

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Desde hace más de diez años la comunidad de Eloxochitlán del Flores Magón, en el territorio del Pueblo Mazateco de Oaxaca, ha sido hostigada, agredida y perseguida por caciques locales enquistados en las instituciones formales y cobijados por el poder del Estado. Desde el 2 de mayo, la comunidad se declaró en alerta después de que el 23 de abril el juez de Huautla de Jiménez, Constantino Santiago, citó sin fundamento a 14 personas que ya son perseguidas políticas. Simultáneamente, elevó a trámite de apelación un caso de 2017 con la intención de revivir 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas por robo, entre quienes figuran una enfermera de más de ochenta años, una profesora jubilada y personas defensoras del río Xanga Ndá. Poco antes, el 3 de abril, el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos, quien ha investigado los daños ambientales a la comunidad, fue víctima de un atentado armado y del robo de su equipo.

La estructura caciquil encabezada por Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, hoy diputada local por Morena y Eliazar Hernández, descendiente de Juan Hernández Miramón, cacique que dominó la comunidad durante una buena parte del siglo XX, han utilizado su control sobre el juzgado de Huautla de Jiménez y su presencia en el Congreso Local para asegurar que sus agresiones en contra de quienes se les oponen y en contra del ecosistema queden impunes, y a la vez utilizar a las instituciones de justicia como armas represivas.

La persecución jurídica en contra de la comunidad de Eloxochitlán, a través del juzgado de Huautla, inicia tras el ataque de un grupo armado al servicio de los Zepeda en contra de la Asamblea comunitaria que se llevaba a cabo el 14 de diciembre de 2014 con el propósito de elegir un nuevo alcalde. En el choque desatado por el ataque dos personas murieron y hubo daños a varias viviendas. Con el control de juzgados en Huautla de Jiménez, los Zepeda impulsaron una guerra jurídica que encarceló a ocho mazatecos y obligó al desplazamiento de decenas más. Entre 2018 y 2024, la defensa logró revertir cargos y obtener la libertad de 21 presos políticos, gracias a plantones, bloqueos y la caravana que recorrió de Oaxaca a la Ciudad de México en noviembre de 2021 para exigir amnistía ante Palacio Nacional. Pese a esos avances, 14 familias siguen desterradas y un abanico de expedientes caducos pende sobre quienes se mantienen activos en la defensa del territorio.

Para la comunidad, reabrir los 56 procesos equivale a reinstalar el miedo que marcó 2014, cuando varios habitantes tuvieron que esconderse en cerros y cuevas, y mientras Miguel Peralta, antropólogo del INAH y activista originario de Eloxochitlan, era sentenciado a 50 años en un juicio plagado de contradicciones. Es claro que la familia Zepeda sigue la vieja receta caciquil de someter brutalmente a una comunidad, asegurando su impunidad a través del uso patrimonial del Estado, y cuando el sometimiento llega al límite y se convierte en rebeldía, judicializan el conflicto y utilizan al Estado para reprimir.

En el fondo del conflicto está la resistencia de las comunidades indígenas frente al sistema caciquil que rige Oaxaca. En el caso específico de Eloxochitlán está la Asamblea Ricardo Flores Magón que defiende la autonomía, los cafetales y el agua de la comunidad contra los intereses extractivos de agua, piedra y arena asociados a la empresa de la familia Zepeda. La larga lista de actos de hostigamiento, intimidación, desarticulación, persecución política, despojo y tortura da cuenta de una dinámica sistemática que exhibe la intención abierta de acabar con el proceso político comunitario autónomo de Eloxochitlán, para continuar con la devastación del territorio y el control de una zona que muestra que los ideales de Ricardo Flores Magón no son eslóganes de periódicos oficialistas, sino luchas rebeldes que laten, se defienden y resisten en el México de abajo.

En su llamado de alerta, Eloxochitlán retoma la herencia magonista: la tierra como bien común y la resistencia frente a los abusos del Estado. Hoy su demanda central es sencilla: que el Estado mexicano deje de administrar la justicia como arma política para fortalecer cacicazgos que con violencia e impunidad mantienen a las comunidades sujetas a un régimen autoritario y cruel. Su demanda es también radical en un país en el que todos los gobiernos, desde los virreyes hasta los progresistas, han construido sus redes de control territorial a partir de negociaciones y acuerdos de impunidad con el sistema caciquil.

El estado de Oaxaca está padeciendo las consecuencias de un funcionamiento institucional criminal, el asesinato de Sandra Domínguez y más de cincuenta personas defensoras asesinadas en menos de diez años son una muestra contundente de ésto. Ese fortalecimiento de redes criminales en el poder genera el ambiente propicio para que cacicazgos locales, como el que se vive en tierras mazatecas de Flores Magón, se encuentren con carta abierta para cometer atrocidades. Por eso es urgente atender la alerta que emitió la comunidad de Eloxochitlán y que dejar claro que los ojos de quienes vemos con respeto y admiración la lucha de la Asamblea Ricardo Flores Magón están mirando con atención.

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Policías Estatales de Puebla, granaderos y policías municipales de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Calpan están reprimiendo a los integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero y en Defensa del Agua que mantienen el plantón pacífico frente al basurero de de la empresa PRO-FAJ. Hay reportes de detonaciones de armas cortas en contra de los manifestantes.

Desde ayer por la noche personas no identificadas retiraron los sellos de clausura de la PROFEPA sin mayor explicación de autoridad alguna y hoy llegaron civiles en motocicleta a hostigar y provocar a los integrantes del plantón para que después llegaran camiones de basura escoltados por policías municipales de Calpan y San Andrés Cholula. También reportan un allanamiento del domicilio de uno de los integrantes del plantón por parte de policías ministeriales, sin una orden judicial. A las 20:45 reportan heridos por golpes.

Por lo que han denunciado integrantes del plantón hasta las 20:00 hrs el Gobierno del Estado dió la orden de reprimir al plantón de defensores del medio ambiente. La llegada de los cuerpos policíacos con los camiones de basura representa no solamente el respaldo a la empresa PRO-FAJ sino la intención de agredir a quienes están sufriendo los daños por el crimen socioambiental que implica el funcionamiento impune de ese basurero.

PRO-FAJ es la misma empresa que operaba un relleno sanitario en Naucalpan, EDOMEX, mismo que fue clausurado el año pasado tras dos explosiones de metano que le costaron la vida a dos personas y el deslizamiento de 7 millones de toneladas de basura.

Acción Urgente:

Enviar mensajes por Twitter (X), o por cualquier otra red, a las autoridades responsables de la represión y de sus consecuencias con el #BasureroCriminal.

@SergioSalomonC
@Paola_Angon
@Mundo_Tlatehui
@GobDeCalpan
@Mary_Luisa_AG
@PROFEPA_Mx
@SEMARNAT_mx
@lopezobrador_

Y mantenernos alerta de lo que ocurra en las próximas horas.

La violencia en contra de familiares de personas desaparecidas se ha extendido en el país como práctica de complicidad criminal que obstaculiza la búsqueda. A través de la estigmatización, criminalización, agresiones directas, intimidación, así como el asesinato o incluso su propia desaparición. Resulta muy grave que en un contexto como el que vivimos en México, que quedó aún más evidenciado después de los hallazgos en el campo de concentración y exterminio, Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco en marzo del presente año, la respuesta del Estado tanto a nivel federal como del Estado de Puebla sea no solo de negación y minimización del problema, sino de justificación de actos atroces que buscan colocar a las y los agredidos como agresores.

El día de ayer, el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, en una torpe respuesta al llamado claro y directo de diálogo de las familias buscadoras, intimidó directamente a una integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, Maria Luisa Nuñez Barojas, y revicitimizó a su hijo quien sufrió desaparición forzada. No se trata de un hecho aislado. El manejo del discurso institucional sobre el derecho de familiares a la protesta, así como aquellos relacionados a ser informadas e invitadas en la búsqueda e investigación ha estado caracterizado por la revicitmización, la minimización de su lucha y el cruel juego de la simulación.

El 10 de abril el mismo funcionario aseguró que se tomarían acciones frente a los bloqueos recientes de avenidas, en los que se exige la búsqueda de personas desaparecidas. Su justificación tiene que ver con que “afectan el tráfico de mercancía, hay tránsito de mercancías de importante valor, de empresarios” y sumó que en uno de los casos “resulta que la muchachita se fue con el novio”.

Lo anterior da cuenta de las prioridades en materia de derechos humanos en el gobierno estatal: lo importante es el poder económico, cualquier movilización que interfiera en su curso debe ser interrumpida. Vale más la carga de un trailer que la vida de una persona y por eso importa más mantener las vialidades libres que hacer frente a la profunda crisis forense que hace que los cuerpos se apilen sin posibilidad de ser identificados y entregados a sus familias.

Resalta también la narrativa machista que normaliza la violencia de género, culpabilizando a las víctimas y obstaculizando su búsqueda. Seguramente el señor Aguilar Pala cree que las más de 127 mil personas desaparecidas se fueron con sus novios o novias y por eso opta por evidenciar su machismo en lugar de hacer su trabajo y generar condiciones para evitar que los feminicidios sigan siendo una constante en Puebla.

El contexto de agresiones a personas buscadoras es desolador. Señalar los eventos de agresión en contra de familiares en búsqueda es algo de suma importancia, como ha sucedido en otros casos, la estigmatización, criminalización e intimidación en declaraciones públicas puede ser el preámbulo de agresiones directas en su contra. Por ello, condenamos la criminalización e intimidación sufrida por María Luisa Nuñez Barojas y reiteramos nuestra solidaridad con las madres y familias buscadoras y colectivos a los que pertenecen.

A partir de ayer el señor Aguilar Pala tiene que hacerse responsable de sus palabras pues pueden abrir la puerta a agresiones contra María Luisa Nuñez. Como sociedad estamos pendientes, con ojos bien abiertos. La trayectoria de María Luisa Nuñez y del Colectivo la Voz de los Desaparecidos no puede ponerse en duda y goza de respeto. El respaldo social que tienen las madres buscadoras no será borrado con declaraciones como la que hoy hizo el Secretario de Gobernación de Puebla, no podemos permitir que a ojos de todas y todos se quiera desacreditar la búsqueda dolorosa que hacen las madres porque el Estado simplemente ha decidido no hacer su trabajo, porque ha decidido ocultar lo inocultable para que criminales dentro y fuera de las instituciones del Estado queden impunes.

La negativa de Armenta a reunirse con las madres buscadoras en Puebla deja muy claro que para él no “todo es amor a Puebla”, está siendo parte del ecubrimiento y la normalización de la crueldad, porque no comprende ni es mínimamente sensible al inconmesurable dolor de las madres y familias que buscan vida en una terrible dinámica de muerte, en esa fosa común que es México.

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