En el Nodo de Derechos Humanos (NODHO) hemos recibido denuncias e información de que varias comunidades de la región chinanteca, parte de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec, Oaxaca, están en riesgo de ser despojadas de sus tierras por parte de autoridades federales y particulares, bajo el pretexto de conformar una reserva ecológica y procediendo con poca transparencia.

Los campesinos de las comunidades de San Agustín, Río Chiquito, Soledad Vistahermosa, Martín Chino, Playa Limón, Plan Juan Martínez, San Vicente Arroyo Jabalí, San Antonio Las Palmas, Ojo de Agua, Tepinapa Comunal, Lindavista, están bajo el acoso del Consejo Regional de Reservas Ecológicas de la Chinantla, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Agraria (PA).

Las presiones han sido de diversos tipos: acusaciones presuntas infracciones a la Ley General de Vida Silvestre, ofertas de dinero, exigencia de cartas poder para hacer válidos los votos de los familiares ejidatarios ausentes (contrario a lo acostumbrado) en las asambleas, con presencia policíaca, entre otras.

La conformación de esta “reserva ecológica” se sustenta en proyectos productivos y apoyos a cambio de firmar contratos, que con una terminología técnica y desconocida para los comuneros, escondían la aceptación de una “donación” de tierras para fines “ecológicos”. Además de esto, los apoyos nunca se entregaron y los contratos fueron invalidados en 2002 “porque no procedieron los programas”. Sin embargo ahora, los campesinos han recibido “reconocimientos por la donación de sus tierras” sin mayor explicación, sin que conozcan decreto o documento alguno, es decir les agradecen lo que nunca donaron, los despojan con un agradecimiento.

Este jueves 12 de junio de 2008 un grupo de funcionarios federales, en una asamblea de la comunidad de San Agustín, pretenden presionar a los ejidatarios a aprobar la donación o venta de sus tierras para la conformación la reserva ecológica. Nos preocupa que se pueda estar justificando un despojo con argumentos de protección al medio ambiente, no sería la primera vez que una un despojo se de enmarcado en acciones ecológicas, que suelen derivar en proyectos turísticos, especulación de bienes raíces y situaciones de represión y conflictividad. Para defender al medio ambiente no se necesita despojar a las comunidades indígenas, pues son ellas quienes han conservado la vida silvestre y su medio ambiente durante siglos.

Por lo anterior exigimos a Abel Toledo Méndez del Consejo Regional de Reservas Ecológicas de la Chinantla; al Biol. Salvador Anta Fonseca, Gerente Regional de la Región Pacífico Sur CONAFOR; al Ing. Esteban Ortiz Rodea, Delegado de la SEMARNAT; al Lic. José Francisco Félix Sánchez, Delegado de la PROFEPA; y al Lic. Oscar Arturo Reyes Armendáriz, Delegado de la Procuraduría Agraria que en el ámbito de sus funciones aseguren que las instituciones a su cargo y sus subordinados se conduzcan con apego a la ley y desistan de cualquier acto de intimidación o presión a pobladores, comuneros y comunidades de la región chinanteca de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec.

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