Después de la reunión efectuada el 5 de mayo entre la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero y el Gobierno del Estado de Puebla, Alejandro Armenta pidió a «los opositores» permitir que la empresa PRO-FAJ Hidrolimpieza realice las acciones de mitigación y abandono del sitio. Incluso afirmó que han impedido el ingreso de la empresa al basurero para realizar dichas acciones, lo que —según él— forma parte del proceso de abandono del sitio y «está generando un mayor daño ambiental, pues se siguen filtrando lixiviados a los mantos freáticos».
Ante estas declaraciones, consideramos inaceptable que se culpe a las y los defensores del medio ambiente por el daño ambiental, cuando en realidad el cierre del basurero por más de un año ha logrado frenar el ecocidio ejecutado por PRO-FAJ, con la complicidad de distintas administraciones gubernamentales, incluida la actual.
Parece que una característica del gobierno de Armenta es la criminalización de los movimientos sociales y la mentira reiterada. Las maniobras utilizadas para evitar un cierre definitivo y transparente del basurero evidencian una simulación más, un doble discurso y el uso de una política opaca, basada en acuerdos engañosos que recuerdan más a las viejas prácticas de poder que a la supuesta transformación.
Lo que Armenta exige a la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero no puede interpretarse sino como una coartada para permitir que PRO-FAJ retome la operación del basurero. Tras la sistemática negligencia del gobierno en este tema, no se puede confiar en que permitir el ingreso de PRO-FAJ, como lo propone Armenta, sea realmente un paso hacia el cierre definitivo. Avanzar en ese sentido requiere voluntad política y transparencia, con acciones certificadas públicamente que demuestren que el cierre es inminente y legal. Todo lo demás son simples maniobras políticas y juegos con operadores que se prestan al engaño y a la simulación.
Por otro lado, recordemos que el monitoreo de biogás, lixiviados y acuíferos es una de las responsabilidades establecidas en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para una operación adecuada, así como para la medición y control de los impactos ambientales. El monitoreo de biogás debía especificar los parámetros de composición, explosividad y flujo; el monitoreo de lixiviados debía contar con un programa periódico para medir pH, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y metales pesados. Asimismo, el monitoreo de acuíferos debía realizarse mediante pozos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del relleno.
Preguntamos al gobernador Armenta, a la SEMARNAT y a PRO-FAJ: ¿Dónde están esos monitoreos que debieron realizarse durante los 17 años de operación del sitio? La ausencia de monitoreos periódicos refuerza, una vez más, la urgencia de impedir —como ya han dicho los pueblos— que entre un kilo más de basura, así como de garantizar una cobertura final adecuada que prevenga una tragedia por explosión de biogás acumulado, como la ocurrida en 2023 en el basurero de PRO-FAJ en Naucalpan, Estado de México, donde cuatro trabajadores quedaron sepultados bajo la basura.
Los 17 años de mal manejo del basurero de PRO-FAJ, ubicado en la carretera Cholula-Calpan, han puesto en riesgo la irreversibilidad de los daños a los mantos acuíferos, los sistemas de producción alimentaria y tierras de cultivo, la calidad del aire y la vida de las personas de la región. También han generado impactos a nivel de cuenca hidrográfica, pues la naturaleza opera de forma conectada e interdependiente.
La crisis del agua nos involucra a todas y todos. En el caso del basurero criminal de PRO-FAJ, quienes están poniendo el cuerpo por la justicia ambiental son los pueblos cholultecas. La defensa de la vida y el medio ambiente que realizan quienes Armenta llama «opositores» es un acto colectivo que ha detenido el daño, el ecocidio y los evidentes efectos sobre la salud humana que al gobierno no le importan. Por ello, el Decreto de los Pueblos Cholultecas, emitido el 14 de mayo de 2024, marca el camino que la realidad nos muestra una y otra vez: lo que no hace el gobierno, lo hacen los pueblos.
Para realizar los trabajos de mitigación, abandono y restauración del ecosistema, no se puede confiar ni en la empresa PRO-FAJ ni en el Gobierno del Estado de Puebla, cuya complicidad ha generado este ecocidio. Sin embargo, ambos son responsables de llevar a cabo estos trabajos. Por eso, la única forma de proceder sería bajo la vigilancia directa y permanente de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero, el cuerpo colectivo comisionado por los pueblos de la región para ejecutar el decreto asambleario de los pueblos.
Nodo de Derechos Humanos