La Junta de Buen Gobierno “El Camino del Futuro” en La Garrucha, Chiapas, recibió un acta firmada por un dirigente de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), Manuel Hernandez Jiménez, en la que amenazan con realizar un desalojo violento en la comunidad Zapatista de Santo Tomás el día 5 de marzo.

Hechos:

La Junta de Buen Gobierno “El camino del futuro”, del Caracol de “Resistencia hacia un nuevo amanecer”, en La Garrucha, denuncia que han caído en sus manos documentos donde el grupo paramilitar de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), de filiación priísta y perredista (según dicen los propios paramilitares), preparan un ataque en forma para desalojar a los zapatistas de Santo Domingo, utilizando armas de fuego e incluso bombas.

Originalmente, según denuncia la Junta de Buen Gobierno, la acción paramilitar acordada en la comunidad de Santo Tomás del municipio de Ocosingo en Chiapas, se tenía planeada para el 20 de marzo, sin embargo, se adelantó para el 5 de este mismo mes.

Esta amenaza se enmarca en un creciente hostigamiento y ataques en contra las comunidades Zapatistas en diversos puntos del Estado de Chiapas y una creciente paramilitarización del estado permitida y cobijada por la administración de Juan José Sabines Guerrero, Gobernador de Chiapas.

Presuntos “agentes federales”, sin identificarse y sin presentar una orden de aprehensión detienen frente a la Catedral de la Ciudad de Puebla a Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario del la División Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Aparece más de una hora después en el penal de San Miguel puesto a disposición del Juez 9º de Distrito por el proceso 1/2010/2 acusado de robo.

Hechos:

Cerca de las 18:40 hrs del domingo 21 de febrero del 2010 Domingo Aguilar Vázquez se encontraba caminando acompañado de su hijo frente a la Catedral de la Ciudad de Puebla sobre la calle 16 de septiembre cuando aproximadamente ocho individuos lo tomaron de los brazos y lo metieron al a bordo de una camioneta Suburban negra sin placas. Víctor Aguilar Sampayo, hijo de Domingo, llegó corriendo al improvisado escenario donde se desarrollaba un acto Musical en apoyo a los electricistas y reportó lo acontecido a los demás integrantes del SME.

Cerca de las 20:00 hrs se confirma la presencia de Domingo Aguilar en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Miguel presuntamente acusado de robo. Tras la detención, Domingo fue trasladado a la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Puebla y posteriormente trasladado al penal de San Miguel. Poco después de las 22:00 hrs, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) confirma que Domingo Aguilar se encontraba en el CERESO de San Miguel a disposición del Juzgado 9º de Distrito por el proceso 1/2010/2 acusado de robo, su ingreso al penal, de acuerdo con funcionarios del CERESO ocurrió a las 19:36 hrs.

Hoy, aquí, debería estar Lenin Ortiz Betancourt, vivo, con su familia, con sus padres, no lo está. Un joven que debería estar vivo, no lo está por la barbarie y la cobardía que quien o quienes le dispararon 14 veces. Se puede, se debe investigar el móvil de este asesinato, pero jamás se podrá justificar, no hay razón alguna que pueda justificar que alguien pueda ser asesinado con tal brutalidad.

Más allá de las balas, la muerte de Lenin Ortiz es producto de la violencia y la injusticia que en Huauchinango existe y a existido durante años, de las familias y organizaciones caciquiles que pueden asesinar campesinos en completa impunidad, de grupos de poder que pueden amenazar, hostigar e intimidar sin control alguno, de unas autoridades que actúan sólo para encubrir atrocidades y proteger criminales y asesinos a cambio de vulgares compromisos electorales. A Lenin Ortiz Betancourt lo asesinó la violencia y la injusticia contra la que hoy los maestros, los electricistas, los defensores de derechos humanos, la gente de Huauchinango lucha con dignidad.

El gobierno del Estado, aquel del gober precioso, probablemente tratará de sepultar esta tragedia con chivos expiatorios, con investigaciones y versiones absurdas, eso no se debe permitir. Este asesinato no debe quedar impune y deben agotarse todas las posibles líneas de investigación, empezando por las amenazas de dirigentes y militantes del SNTE oficial en contra de la familia Ortiz Betancourt. No podemos permitir que sobre esta injusticia se cometan otras para encubrirla y dejar a los verdaderos responsables en la impunidad.

La muerte de Lenin Ortiz Betancourt tendrá que fortalecer nuestra convicción y nuestros esfuerzos, los de todos, en todas partes, para detener la violencia y la injusticia que como en tantas partes, hoy se vive en Huauchinango. Hoy, Lenin Ortiz no está vivo, pero sigue con nosotros. Su muerte no quedará impune y su memoria nos obliga a construir un mundo más justo y digno.

Fermín Mariano Matías, estudiante del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desaparece entre la Ciudad de Puebla y el Distrito Federal desde el 23 de junio de este año y reaparece muerto, con cuatro disparos, en un paraje del estado de Tlaxcala. Sus familiares y amigos se preguntan ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué? Pero nadie responde. Las únicas respuestas son el silencio, el hermetismo y el burocratismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y de la del Estado de Puebla.

Las instituciones que tienen la obligación de investigar y responder a estas preguntas con justicia optan por dejar el campo abierto a la especulación, y a que transciendan respuestas que no responden. Si militaba en un partido político, en una organización estudiantil o en un grupo armado no son respuestas, no podemos justificar ni explicar un homicidio diciendo “es que andaba en cosas raras”, no se puede dejar sin respuesta ni justicia un homicidio, ninguno. Las autoridades de Tlaxcala, Puebla y de la Ciudad de México deben dar respuestas prontas y claras basadas en una investigación seria sobre el asesinato de Fermín Mariano Matías, y los responsables deberán ser juzgados, sin juegos ni manipulaciones políticas, sin chivos expiatorios.

En todo México la violencia y el miedo se están normalizando, el homicidio, la tortura y la desaparición ya no provocan indignación, son situaciones comunes. Vivimos en un país en el que si alguien es asesinado no nos sorprendemos, tampoco nos sorprendemos de no saber quién comete esos crímenes. En México vivimos en la mayor impunidad, en donde ningún crimen tiene responsables, en donde las instituciones carecen de toda confiabilidad y credibilidad. Esa impunidad se alimenta del silencio y la opacidad. Ningún crimen debe quedar impune.

En Guerrero, en Ciudad Juárez, en el Distrito Federal, en Tlaxcala y en todo el país desaparecen personas, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, y no hay respuestas, todo queda en culpables sin rostro, sin nombre y sin justicia, pero todos estos crímenes sí son utilizados como justificación para militarizar al país, para dar rienda suelta a la brutalidad policíaca, para violar de manera sistemática los derechos humanos. No debe haber crimen sin culpable, ni culpa sin justicia, y la justicia sólo se encuentra en la verdad, no en el olvido y la mentira.

Como Nodo de Derechos Humanos nos preocupa que un estudiante y activista sea asesinado, nos indigna que la “pertinencia política” detenga el paso de la justicia. Esperamos que las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de Tlaxcala, Puebla, del Distrito Federal y, en su caso, la Procuraduría General de la República, den respuestas prontas y satisfactorias a los familiares de Fermín Mariano Matías.

El cielo se ha puesto gris después de presenciar la ciudad estos años en los que tanto ha cambiado su imagen y profundidad. Un niño recorre su colonia todos los días en su bicicleta para ir a vender agua, pasa sobre las piedras, sobre montañas de cemento que antes eran terrenos de cultivo, a su lado derecho se parte el suelo en una barranca profunda que termina su filo con un muro, pareciera casi una muralla que separa la zona más ostentosa de la ciudad de quizás la zona más pobre de la misma. El paisaje podría ser de cualquier ciudad del mundo, podría quizás ser Puebla.

En el mundo el despojo deja diario a 600 campesinos sin tierra, las zonas verdes disminuyen por minuto y todo se mueve tan rápido como la gente que se va en busca de una vida más digna que no fácilmente se encuentra, se saturan los territorios, se vacía el campo para que luego quienes gobiernan digan con cinismo e hipocresía que hay que hacer algo por su recuperación.

Las ciudades se atiborran, crecen desconsideradamente, expulsan. El trabajo asalariado se convierte en un obstáculo para las ganancias de unos cuantos y empuja a los que ya no son útiles a salir a la calle a buscar medios para sobrevivir.

En Puebla en lo que va del año van 16 mil 326 desempleados. El 60% del trabajo en Puebla es generado por el comercio informal.

Los que no se “integran al modelo de producción”, como dice un espectacular en esta misma ciudad, son “desechables” como tantos miles, millones de seres humanos en el mundo. Los desechables buscan, crean, recrean, trabajan muchas veces más que los que están dentro, integrados.

El concepto de ciudadano comienza a perder sentido, se deja de ser ciudadano cuando no se está en los circuitos completos de la producción y reproducción del modelo de vida.

La represión y hostigamiento contra los no ciudadanos, los desechables, los no útiles, se acrecienta atiborrada de mil membretes y planes sociales. Nos sonaran todas las campañas que por delante llevan la palabra” limpieza”. De forma paralela a ese avance rápido de la pérdida de zonas verdes, de campo, de terreno, territorio, casa, vivienda y techo se privatizan los espacios públicos. Bajo disfraces como el programa por “la dignificación del espacio público” se han cerrado paulatinamente espacios, poco a poco las cercas cubren algunos parques o plazas y poco a poco van cerrando las puertas, si el lugar en cuestión era de un uso intenso por parte de la gente o era lugar de manifestación o creación les resulta más conveniente cerrarlo. Estamos ante graves momentos de crisis, nos anuncian que habrá empleos precarios para enfrentar la crisis cuando por otro lado se gastan 25 millones de pesos en “dignificaciones” como la llevada acabo en el barrio del Carmen, donde quitaron bancas y arboles que guardaban historia y valor para los vecinos. ¿Alguien se pregunto a donde fueron las bancas?, ¿A dónde el adoquín que fue suplido por cemento moldeado?

Perder estas plazas implica que nos quiten las pocas posibilidades que quedan de encuentro entre personas, encuentros que no obliguen al consumo en uno de los tantos centros comerciales que son puestos en cada colonia. La calle, el espacio, la plaza será y es el lugar donde nos encontraremos y nos encontramos para vernos, reconocernos, convivirnos, recrearnos, expresarnos, vincularnos.

En la plaza uno se abre a lo otro, se presentan espejos y se entrelazan las realidades que nos dicen: “no estoy solo”. Se tienden puentes sociales con los que se rompe la barrera que nos fragmenta y nos sitúa a unos en un lado y a otros en otro, generándose así una reapropiación y una re significación del todo, no solo del espacio como lugar, sino del ser y hacer dentro de la ciudad.

Cuando se usan los espacios deja de ser necesario callarse, reprimir hartazgos. Quizás por ello no solo sea un buen negocio que donde había una plaza o un portal histórico ahora haya una multinacional, porque también resulta un mecanismo de control cerrar lo que más tarde puede ser un espacio de asambleas. Porque al salirse de control el espacio se puede hablar con todas las palabras.

En otras historias y rincones del mundo la plaza ha sido el lugar de encuentro entre los vecinos, que no se conocían aún siendo del mismo barrio o edificio, en momentos críticos. En las plazas se han gestado las protestas que dicen ¡YA BASTA! Y que rompen con el tiempo estático y le abren paso a una nueva posibilidad.

El espacio de encuentro es un espacio que no le pertenece al gobierno, sino a nosotros. Ahí hacemos historia, marcamos los suelos sobre los que pisamos y se guardan en los muros nuestros gritos, esperanzas y susurros. Los espacios son nuestros, de todos. El espacio, la plaza es mucho más que un lugar físico, es donde se transmite la cultura, la forma de ver el mundo y de percibirlo.

En la plaza se accede a lo que no se accederá por vía de los gobiernos que rompen la cultura y la venden, en estos lugares, las capacidades creativas brotan, estallan en un mimo estatuario, en un performance callejero, en una verbena popular, en una protesta, en un ser humano. Las efervescencias creativas generan nuevas relaciones sociales.

La creatividad por lo visto también estorba si no le pertenece a los que deciden donde va cada cosa en la ciudad, porque la han confundido con su fraccionamiento. La creatividad es capacidad y la capacidad es capacidad de transformar y eso reside en todos, lo buscamos en otros para juntos comenzar a no callarnos, a usar la calle, para que no llegue el día en que seamos expulsados de nuestra propia ciudad, para decir: “La calle no es blanca, es de colores”.

Campaña “No te calles, usa las calles”

El gobierno que en Campeche encabeza Jorge Carlos Hurtado Valdez anuncia a ese estado como “la nueva oportunidad en México”, la tierra de la oportunidad de ser agredido, violentado, golpeado y encarcelado por el simple hecho de defender los derechos de los pueblos. El día 10 de julio a las 5:30 hrs fueron detenidos violenta y arbitrariamente por elementos de la Policía Federal SARA LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN AGUILAR MENDEZ, GUADALUPE BORJAS CONTRERAS, ELMER CASTELLANOS CONTRERAS y GUADALUPE LIZCANO, todos ellos integrantes de Resistencia Civil del No Pago a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica. Al momento de la detención fueron agredidos, encañonados, amenazados y trasladados sin el menor respeto a sus derechos humanos y garantías individuales.

Las denuncias y presiones de Augusto Trejo y Leovigildo Domínguez, representantas de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en Campeche, así como las detenciones ejecutadas por órdenes de Benjamín Marina Martín y de Eduardo Medina Mora, titulares de la PGR en Campeche y a nivel federal, constituyen un acto represivo injustificable en contra de quienes ejercen simplemente su derecho a protestar en contra de tarifas injustas por el servicio de luz eléctrica.

Nuevamente, como ocurrió un mes antes en contra del movimiento magisterial en Puebla, las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia son manipuladas para reprimir a un movimiento social justo, de alcance nacional y que resiste a la tendencia privatizadora de todos los servicios públicos, es decir, a la privatización de los derechos sociales. La violencia desatada en contra de quienes protestas y resisten en contra de las altas tarifas de la CFE no puede legitimarse con argumentos jurídicos, es una violación clara a los derechos de quienes están detenidos por razones políticas, no legales.

Los gobiernos de Jorge Carlos Hurtado Valdez en Campeche y de Felipe Calderón Hinojosa a nivel Federal han convertido el uso de la violencia en el único diálogo con quienes denuncian la injusticia, en la única negociación con quienes resisten los abusos del poder. Derrotados por un narcotráfico desatado y violento al que sólo combaten publicitariamente, voltean sus armas contra quienes pacíficamente exigen su derecho y el de otros a vivir dignamente.

Exigimos a las instancias judiciales que se respeten las garantías individuales y el debido proceso al que tienen derecho todos los detenidos. Exigimos al Gobierno de José Carlos Hurtado y al de Felipe Calderón Hinojosa el respeto a los derechos humanos y cese toda represión en contra de quienes integran la Red Nacional de Resistencias Civiles en contra de las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, a los movimientos de protesta en Campeche y en todo el país. Exigimos la libertad inmediata de SARA LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN AGUILAR MENDEZ, GUADALUPE BORJAS CONTRERAS, ELMER CASTELLANOS CONTRERAS y GUADALUPE LIZCANO, por no haber sustento jurídico en sus detenciones, por estar encarcelados injustamente, por ser presos políticos.

En el Nodo de Derechos Humanos hemos recibido con mucha preocupación e indignación la denuncia por las agresiones policíacas en contra de los habitantes de la Colonia Mano con Mano en Tampico, Tamaulipas. No hay proyecto o acción de gobierno que pueda legitimar el uso violento y negligente de la fuerza pública como el ocurrido el 24 de septiembre. Ningún proyecto de desarrollo, de reordenamiento territorial o de cualquier tipo puede justificar la brutalidad con la que el Ayuntamiento de Tampico, encabezado por Oscar Rolando Pérez Inguanzo, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Eugenio Javier Hernández Flores, desalojaron, agredieron y despojaron a los colonos de “Mano con Mano”.

El operativo encabezado por el delegado de la Procuraduría General de Justicia, Enrique Aragón Sierra, y por la Policía Metropolitana, que dejó un saldo reportado por los afectados de 89 detenidos (47 hombres, 25 mujeres y 17 menores de edad), 15 lesionados y una persona desaparecida, es una muestra de una grave incapacidad de las autoridades gubernamentales por enfrentar este tipo de conflictos con civilidad y muestran una ignorancia absoluta de lo que significa el respeto a los derechos humanos. Los intentos del alcalde Pérez Inguanzo por justificar la violencia de la policía y sus consecuencias admitiendo que la policía le falta capacitación resulta absurdo e insultante. Si la policía no tiene la capacitación necesaria, simplemente no puede estar en las calles.

Además, recibimos denuncias de que en el Ministerio Público se les estaba negando el acceso a los detenidos a sus familiares y abogados, lo que en caso de ocurrir, estaría constituyendo una seria violación a los derechos de los detenidos.

Como Nodo de Derechos Humanos, exigimos a las autoridades municipales y estatales: que se respeten los derechos de todos los habitantes de la Colonia Mano con Mano; que se asegure el derecho a un debido proceso a quienes se encuentran detenidos y que por la forma en que ocurrió su detención eso tendría que significar su libertad inmediata; que se asegure el trato médico necesario para todos los lesionados; que sea presentada o localizada la persona desaparecida; que sean indemnizados quienes sufrieron pérdidas materiales y que se inicie un diálogo serio con los colonos inconformes con la reubicación para llegar a un acuerdo compartido.

Imponer proyectos gubernamentales con violencia y violando los derechos humanos es el mejor camino a la fractura de la sociedad y a la ingobernabilidad. La violencia fue desatada por las acciones irresponsables de administraciones de Oscar Rolando Pérez Inguanzo y de Eugenio Javier Hernández Flores, es su responsabilidad resarcir el daño a todos los afectados.

El 29 de agosto de este año recibimos información por parte del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) denunciando la interrupción de transmisiones de y la confiscación de equipo de la Radio Comunitaria “La Rabiosa” de Huajuapan de León por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En el comunicado se detalla que:

En el operativo se encontraba personal de operación de la radiodifusora, Un locutor y un programador en Cabina, así mismo coordinador de la radio Alfredo Landa y coordinador de CACTUS Omar Esparza quien después de ser avisados de la confiscación de el transmisor, una computadora, mezcladora , micrófonos, audífonos, material discográfico y útiles varios de Audio, discutieron por no tener notificación previa ya que la trasmisión estaba en fase de prueba, el personal que se identifico como Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL quienes se identificaron como Inspectores-Verificadores y quienes argumentaron que era una orden que estaban aplicando en base a la Ley Federal de Telecumicaciones, así mismo que estaba cometiendo un delito Federal y que era un acto solamente administrativo, que si había oposición pediría a un Ministerio Publico Federal que se trasladara para efectuar de detención del personal, así mismo diciendo que tenemos diez días hábiles para que por la vía legal recuperemos nuestros equipos.

Exigimos cese a la represión que se efectúa en contra de los medios alternos, libres, ciudadanos y comunitarios que se encuentran operando en el país, ya que permiten encontrar en estos una oportunidad de obtener información que promueve los derechos de los pueblos indígenas: además de que se hacen validas las garantías internacionales”

Este no es el primer hecho hostil en contra de un medio comunitario en el que colabora CACTUS. Está como antecedente el caso de Placido Abraham López Castro quien a partir de enero de 2008 coordinaría la Radio Comunitaria de San Pedro Yosotato, pero fue asesinado el 24 de diciembre de 2007; y el homicidio de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, periodistas de la Radio Comunitaria “La voz que rompe el silencio” de San Juan Copala, el 7 de abril de este año. Estos antecedentes enmarcan la agresión contra “La Rabiosa” y son muestra de la hostilidad y violencia a la que están expuestos los periodistas oaxaqueños, en particular aquellos cuyo objetivo es crear medios comunitarios e informar sobre la situación de los Pueblos Indígenas y de los Derechos Humanos en Oaxaca.

Esperamos que la devolución de los materiales y equipo confiscados a La Rabiosa por Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL sea inmediata y solicitamos a Luis Téllez Kuenzler, Secretario de la SCT, y a Héctor Guillermo Osuna Jaime, Comisionado Presidente de COFETEL la atención directa e inmediata a este asunto. Exigimos el respeto a todos los medios comunitarios y a todos los periodistas en el estado de Oaxaca y en México. 

En el Nodo de Derechos Humanos (NODHO) hemos recibido información por parte del Colectivo ‘Mujeres Comerciantes de la Sierra Norte de Puebla’ y de la
Red Unidos Por Los Derechos Humanos Suc. Huauchinango sobre hostigamiento por parte de autoridades municipales del Huauchinango Puebla en contra de artesanas y comerciantes indígenas. En el comunicado que nos fue enviado se menciona que:

Desde hace unos meses el ayuntamiento municipal de Huauchinango Pue. Nos a estado hostigando por medio de sus cobradores del mercado municipal así mismo también nos envía a sus policías para quitarnos de vender alrededor del mercado municipal, que disque porque estorbamos, eso es mentira desde siempre nos hemos puesto ahí, no hacemos daño a nadien.

Pero cada día se pone peor nuestra situación ya que se han vuelto mas violentos, primero nos gritan que nos quitemos, con malas palabras, luego nos quitan nuestras cosas nos galonean las cubetas, las suben a la patrulla y se las llevan y nos multan tenemos que pagar $100 para que nos den nuestras cosas, pero como se les ocurre de donde pagaremos eso, si nos quitan de donde sacamos para comer, cuando vendemos toda la cubeta la ganancia son de $50 a $70 y eso lo ocupamos para comer.

Ya estamos hartas de tantos abusos por parte de las autoridades municipales, ya no podemos mas, nuestros hijos también sufren con nosotros pues cada ves que ven aun policía se llenan de miedo, nosotros solo queremos trabajar, el presidente municipal nos quiere quitar de vender y entonces de que vamos a vivir si no genera empleos, su solución es que nos vayamos a la explanada 5 de mayo ahí no se vende la gente esta acostumbrada a comprar en el centro pues ahí esta todo.

Por eso hacemos el llamado a todos ustedes para denunciar estos abusos, así mismo para que estén al pendiente de nosotras pues tenemos miedo a sufrir de nuevo la represión de hace unos años, asi que hacemos responsable a las autoridades municipales de lo que nos pase a cada una de las integrantes del colectivo, así mismo también a los integrantes de la red unidos por los derechos humanos.”

Este es el segundo comunicado que recibimos al respecto, por lo tanto le solicitamos al Ayuntamiento de Huauchinango y al Gobierno del estado de Puebla se investigue la situación, que cese toda acción discriminatoria y toda agresión en contra de las vendedoras antes mencionadas, así como una solución expedita a este conflicto que parece estar creciendo en lugar de solucionarse. Exigimos garantías de seguridad para los integrantes de la Red Unidos por los Derechos Humanos.

En el Nodo de Derechos Humanos (NODHO) hemos recibido información de que integrantes del Colectivo Dignidad por Huauchinango han sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de la policía municipal de esa ciudad poblana.

Flor Alí Ocejo, integrante del Colectivo Dignidad por Huauchinango nos informó que:

El día jueves de la semana pasada una señora se me acercó y me dijo que tuviera cuidado, que un tal Sevedo me traía ganas y que mejor me calmara porque me cargaría la chingada”

El mensaje continúa diciendo:

Hoy tuve una reunión afuera del mercado, hubo presión por parte de la policía municipal, pasaron como 5 policías se pararon enfrente y nos retaban y se burlaban, luego paso una patrulla de la policía estatal con dos tipas, se paro y se nos quedo viendo y luego arranco, después se paro por ahí el tipo que me mando amenazar y se burlaba de mi.”

El Colectivo Dignidad por Huechinango, como lo indica en su comunicación, ha estado trabajando en meses recientes en contra de “los abusos de autoridad y discriminación y violación a los derechos humanos de las compañeras indígenas que vienen a vender sus productos a la ciudad de Huauchinango”

Tras varias denuncias y acciones públicas el Colectivo y las vendedoras indígenas buscaron entrevistarse con el Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, con quién no pudieron llegar a acuerdo alguno y al parecer tomó la reunión “como una burla”, lo que las llevó rentar un espacio con un particular.

Las autoridades de Huauchinango en los últimos dos años han sido señaladas por agresiones en contra de comerciantes en sus intentos de materializar el proyecto “5 de mayo” que implica sacar a todos los comerciantes del centro de la ciudad, enviarlos lejos y poner en su lugar concesiones de empresas vinculadas a políticos de esa región, entre quienes los denunciantes destacan al Diputado Federal, Alberto Amador Leal y al Diputado Local, Carlos Martínez Amador y a una persona de nombre Severo, quién preside el Mercado Municipal de Huauchinango.

Como Nodo de Derechos Humanos exigimos que cese todo hostigamiento en contra del Colectivo Dignidad por Huauchinango y de las vendedoras indígenas. Asimismo exigimos a las autoridades municipales que respeten los Derechos Humanos y garantías de todos los ciudadanos e investiguen posibles agresiones por parte particulares en contra de los antes mencionados.