Después de la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos han sobrado explicaciones, opiniones y justificaciones. El asunto de fondo es por qué se trató distinto este caso a otros que pudieron haber desatado conflictos diplomáticos conEstados Unidos. Por qué con Cienfuegos, el más alto mando militar del sexenio de Enrique Peña Nieto,
a quién supuestamente también se le podría investigar por sus posibles crímenes, como lo ha insinuado una y otra vez el presidente López Obrador.

El actual presidente mexicano se enfrentó a Estados Unidos para defender a un general que estuvo al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuando se cometieron cientos de casos de desaparición, tortura y homicidio vinculados a militares. Ni por asomo hubo una presión diplomática similar para defender a migrantes mexicanos separados de sus hijos o ante la presión de la Casa Blanca para reprimir la caravana de migrantes de Centroamérica. Parecería que resaltar el respeto a los derechos humanos del General que cometió cientos de violaciones de derechos humanos mientras estuvo a cargo de la SEDENA es un asunto de prioridad de este gobierno, pero sólo los de él.

¿Por qué es tan significativo el caso del General Salvador Cienfuegos? Por haber estado a cargo de la SEDENA en uno de los sexenios más violentos de la historia reciente de México, el de Enrique Peña Nieto. Un sexenio que además estuvo marcado por escándalos de corrupción en los niveles más altos del gobierno. Porque desde la guerra desatada por Felipe Calderón el Ejército Mexicano se convirtió en parte de la violencia entre cárteles. Esto no sólo militarizó la seguridad pública sino que acentuó la militarización del crimen organizado, convirtiendo la “Guerra del Narco” en una guerra de fuerzas armadas legales e ilegales contra toda la población.

La FGR resolvió la inocencia de Cienfuegos (con las líneas de investigación que podría tener un caso de complicidad del secretario de la SEDENA con el crimen organizado) en menos de dos meses. Si se le vinculaba con el crimen organizado en Estados Unidos, más allá de que la Drug Enforcement Agency (DEA) sea o no el aparato gestor del narcotráfico en el mundo y que su injerencia sea por lo menos cuestionable, aquí debía de haberse investigado no sólo si tuvo o no una Blackberry y no sólo su cuenta patrimonial. Lo que se tenía que hacer era investigarlo de oficio, como se ha hecho con otros presuntos narcotraficantes, investigar si pudo haber tenido vínculos con el crimen organizado y si omitió o participó en la ejecución de actos criminales e ilegales, si utilizó a las fuerzas armadas para favorecer a grupos criminales.

El caso de Cienfuegos debería de haberse convertido en un precedente de justicia, no de impunidad, si hubiera una voluntad política auténtica aún se estaría a tiempo de serlo. Tenía el potencial de demostrar un cambio de dirección, no de reforzamiento de la lógica corrupta, impune y criminal que ha permeado hasta lo más hondo del Estado. Es descarado y refleja una dinámica muy poco reflexiva y crítica poner la atención sólo sobre la injerencia de la DEA y no sobre la gravedad que representa que el ex-jefe de las Fuerzas armadas tenga una probable participación en el crimen organizado. La responsabilidad de hacer que este caso establezca un precedente contra la impunidad ahora está también en la sociedad.

No haber hecho una investigación exhaustiva lo que demostró fue no solo que no se buscaba investigar sino que se buscaba exonerar, motivaciones sumamente opuestas y que implican graves problemas. La FGR funcionó como defensa y no como parte acusadora y eso es aún más grave cuando el presidente avala inmediatamente la decisión de la fiscalía. Se usa el discurso de la soberanía, los derechos humanos y el debido proceso para justificar la impunidad, no para investigar la probable responsabilidad de Cienfuegos ante las víctimas del sexenio en el que estuvo al mando del ejército, en un período con múltiples acusaciones por violaciones a derechos humanos y violaciones al debido proceso. Con el caso Cienfuegos se dejó ver nuevamente la existencia recurrente de la impunidad diferencial, existió una decisión abierta de actuar más allá de lo legal, de no llegar a fondo por tratarse de un ex-mando de las Fuerzas Armadas. Con esto las investigaciones abiertas contra ex-funcionarios por enriquecimiento ilícito y la probable investigación sobre los ex-presidentes queda ahora como una pantomima anunciada. Ya comienza a vislumbrarse la posible extradición y liberación de García Luna y el cierre del proceso de Lozoya, nada de eso está aislado.

Además, la celebración y el silencio ante la decisión de la FGR de la presunta oposición electoral evidencia que la “mafia en el poder” sigue vigente y está en todo el espectro partidista y lo que los une es la impunidad ante sus crímenes pasados, presentes y futuros.En un sexenio en el que al ejército se le involucra en la administración, gestión y protección de proyectos de infraestructura con amplia oposición de las comunidades afectadas; en el que siguen impunes los crímenes contra opositores a esos proyectos, como el asesinato de Samir Flores Soberanes del Congreso Nacional Indígena; con una continuada actividad de grupos paramilitares en Chiapas; con un presidente que sigue sigue vendiendo la promesa de un cambio a sus esperanzados seguidores, la grosera impunidad del General Salvador Cienfuegos es un mensaje violento y una amenaza a toda la población del país. El mayor peligro es que con este mensaje lo que se está diciendo es que los altos mandos del Ejército Mexicano están por encima de la ley, un imaginario compartido por los mayores capos del narcotráfico.

Están terminado de convertir al Ejército Mexicano en el mayor cártel y así reforzando al Estado criminal que se sigue enraizando en México y cuyas consecuencias seguimos pagando día a día. De nada sirve anunciar el combate a la corrupción como prioridad del Estado si no se acaba con la
impunidad diferencial. No basta con reformar la Fiscalía General de la República o sus marcos normativos, es necesario y urgente dar pasos claros y contundentes para desmantelar el Estado criminal en México, el inicio es no dejar de señalarlo gobierne quien gobierne.

Nodo de Derechos Humanos

El jueves 16 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por amplia mayoría. Al mismo tiempo la bancada de MORENA anunció que iniciará la semana próxima la discusión de una iniciativa de reforma constitucional para establecer el marco legal que permita la conformación de una Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) con tareas de seguridad pública e investigación de delitos.

Como se ha sostenido por diferentes organizaciones y especialistas durante los últimos doce años y como lo confirmó la SCJN, el uso de cuerpos militares usados en tareas de seguridad pública no es adecuado, pues no están ni creados, ni entrenados para ella. Las FFAA están preparadas para la guerra y, por tanto, para eliminar objetivos y no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal, por lo que tienden a mostrar un alto índice de letalidad.

Las estrategias de seguridad de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se centraron en una lógica militar que ha dejado a México en una situación de crisis humanitaria y violencia cotidiana. El iniciar y continuar una guerra en donde toda la población se convirtió en el enemigo potencial del Ejército ha destrozado el tejido social. La evidencia que arroja este complejo período ha mostrado que la militarización no solo no ha contenido la escalada de violencia en gran parte del país, sino que la ha aumentado.

Después de estos 12 años, después de Ayotzinapa, Tlatlaya y de miles de casos de abusos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, resulta absurdo seguir diciendo, como lo dice la misma iniciativa de la Guardia Nacional presentada por MORENA que “hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país”, y afirmar simplistamente que “se han mantenido al margen de la oligarquía político-empresarial que ha ejercido el poder institucional desde hace 30 años”. Es hacer caso omiso de los miles de testimonios y pruebas que hay de que las Fuerzas Armadas han desaparecido, torturado, asesinado, violado sexualmente no solo a miembros del crimen organizado sino a la población en general. La iniciativa presenta a las FFAA como víctimas de la guerra y no como lo que han sido: uno de las partes agresoras en esta guerra.

La lógica de seguridad pública que impulsa López Obrador prioriza la protección del Estado con acciones reactivas y represivas, en lugar de impulsar un modelo que favorezca estrategias preventivas y disuasivas centradas en el bienestar de los ciudadanos. Significa la continuación de una estrategia centrada en la acción militar y en la pacificación por medio de la fuerza, lo cual representa una absoluta contradicción. El camino que perfila la propuesta de López Obrador deja completamente acotada la lógica civil, y la capacidad de estructuras civiles para llamar a cuentas a las Fuerzas Armadas. No existe un esquema de mando, control o siquiera de supervisión civil de esa policía militarizada que pretende conformar.

A pesar de que la iniciativa menciona de manera general y ambigua que “las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil correspondiente”, no ha surgido dentro de los múltiples planes del equipo de transición una propuesta clara para someter a los militares que han estado involucrados en esta guerra a ser potencialmente investigados o juzgados por instancias civiles. Hacer que las FFAA rindan cuentas ante las estructuras civiles del poder público es algo indispensable para contener la impunidad que les ha caracterizado. Si bien existe un grave problema de corrupción policíaca, la Marina y el Ejército son los que han tenido más denuncias por violaciones a derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos no se detienen por prometer que se van a detener, ni dependen de promesas o de la buena voluntad de una persona, se necesitan mecanismos claros y contundentes.

Más allá de declaraciones ambiguas, López Obrador no ha presentado una ruta clara que abra la puerta a que la Corte Penal Internacional investigue los casos de crímenes de lesa humanidad en México. Una señal clara de ruptura de los pactos de impunidad, que como la corrupción, han generado la crítica situación en la que está México, sería que sean debidamente investigados, juzgados y castigados los altos mandos militares, gobernadores y presidentes que hayan estado involucrados en los crímenes de esta guerra.

El simple perdón no es el camino, el perdón que ha planteado López Obrador a los ex-presidentes no es más que una muestra de que el pacto de impunidad será nuevamente una constante y de que este “nuevo gobierno” finalmente formará parte de la misma cadena de promesas, impunidad y simulación que ha caracterizado al Estado mexicano. Como han dicho los familiares de las víctimas de esta guerra: sin justicia no hay paz

Después de los foros propuestos por el propio López Obrador, los reclamos de justicia y el rechazo a la continuación indefinida de la militarización del país parecen haber quedado ahogados en una simulación de escucha. La pacificación mediante el uso de la fuerza deriva en mayor miedo y violencia, para tener seguridad y paz es necesario un proceso serio, claro y sensible de reconstrucción de los lazos comunitarios de confianza y solidaridad.

El número de votos con los que ganó la presidencia López Obrador no pueden representar un cheque en blanco, ni la justificación de una mayor polarización, la eliminación del disenso o la anulación del debate. No existen soluciones simples para la situación de guerra en México, pero lo más peligroso, como siempre ha sido, son las soluciones simplistas y autoritarias. Usar la legitimidad electoral y el control político de la mayoría de los espacios de representación que les dieron los votos de ciudadanos desesperados para cambiar la constitución con el fin de perpetuar la guerra es algo perverso.

LLAMADO A LA ACCIÓN

Desde el Nodo de Derechos Humanos les pedimos su apoyo:

Enviando por Twitter:

@lopezobrador_ @mario_delgado1 @lic_guillermina @M_OlgaSCordero La pacificación con uso de la fuerza deriva en miedo y violencia, para tener seguridad y paz necesitamos proceso de reconstrucción de los lazos comunitarios de confianza #JuntosHaremosLaGuerra #GuardiaNacional

@lopezobrador_ @mario_delgado1 @lic_guillermina @M_OlgaSCorder No existen soluciones simples para la situación de guerra en México, pero lo más peligroso, como siempre ha sido, son las soluciones simplistas y autoritarias #JuntosHaremosLaGuerra #GuardiaNacional

@lopezobrador_ @mario_delgado1 @lic_guillermina @M_OlgaSCorder La lógica de seguridad pública que impulsan prioriza la protección del Estado con acciones reactivas, en lugar de estrategias preventivas para el bienestar ciudadano #JuntosHaremosLaGuerra #GuardiaNacional

@lopezobrador_ @mario_delgado1 @lic_guillermina @M_OlgaSCorder Los votos de ciudadanos desesperados los pusieron en espacios de representación, usarlos para cambiar la constitución con el fin de perpetuar la guerra es algo perverso #JuntosHaremosLaGuerra #GuardiaNacional

Enviando por correo electrónico mensajes por correo electrónico a los Diputados de la LXIV Legislatura:

• La pacificación con uso de la fuerza deriva en miedo y violencia, para tener seguridad y paz necesitamos proceso de reconstrucción de los lazos comunitarios de confianza

• No existen soluciones simples para la situación de guerra en México, pero lo más peligroso, como siempre ha sido, son las soluciones simplistas y autoritarias

• La lógica de seguridad pública que impulsan prioriza la protección del Estado con acciones reactivas, en lugar de estrategias preventivas para el bienestar ciudadano

• Los votos de ciudadanos desesperados los pusieron en espacios de representación, usarlos para cambiar la constitución con el fin de perpetuar la guerra es algo perverso

Nodo de Derechos Humanos

Twitter: @nodho

Facebook: /nodo.derechos.humanos

El viernes 1 de julio de 2016 Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación federal, declaró públicamente que el gobierno federal actruaría “en breve” para desalojar los plantones del movimiento magisterial que se encuentran en diversas carreteras del país, en particular en los estados de Chiapas y Oaxaca. Se teme que la autoridades mexicanas realicen operativos represivos en contra de las protestas magisteriales que pudieran tener consecuencias similares a las ocurridas en Nochixtlan, Oaxaca.

Hechos:

A pesar de que mantienen una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el conflicto que ha provocado la Reforma Educativa impulsada por la administración de enrique Peña Nieto, el gobierno federal mexicano exige el retiro de los plantones que tiene el movimiento magisterial en varias carreteras del país y que impide el paso de mercancías propiedad de empresas transnacionales, sin embargo , en lugar de dar una señal similar y retirar tropas y elementos policiales de los estados de Chiapas y Oaxaca aumentan sus filas. Tampoco han liberado a los líderes de la CNTE encarcelados por diversos cargos supuestamente no relacionados con el movimiento aunque el momento de su detención coincide con la intensificación de las protestas magisteriales, lo que permite suponer que existe un trasfondo políticas en las aprehensiones. Además, se niegan a discutir el contenido de la “Reforma Educativa” que ha sido el punto central y clave este conflicto, y aunque no es facultad el poder ejecutivo aprobar o abrogar leyes, sí cuenta con facultades y mecanismos para proponer y negociar cambios a la legislación vigente.

El gobierno Mexicano sólo aceptó sentarse a dialogar una vez que habían reprimido al movimiento magisterial el 19 de junio en Nochixtlan, Oaxaca violentamente y con uso de fuerza letal lo que resultó en 11 muertos, 45 heridos y 23 detenidos.

El 1 de julio, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación, afirmó en relación a las protestas y plantones que “se ha agotado el tiempo” y que el gobierno actuaría “en breve” para desalojar los plantones que se encuentran en las carreteras. Esta declaración parece anunciar desalojos mediante el uso de la fuerza pública, y se temen los probables actos de represión similares a los ocurridos en Nochixtlan.

Acción solicitada:

• Enviar el siguiente mensaje por Twitter:

  • @EPN @osoriochong URGE reducir fuerzas policiacas en Oax y Chis, liberar presos d CNTE y discutir #ReformaEducativa #Mexico #EducarSinMorir

• Enviar el siguiente mensaje por Facebook o entregarlo en la representación diplomática de México en su país:

  • Exigimos al gobierno mexicano y a los de Oaxaca y Chiapas:

  • Reducir la presencia policial y militar en Oaxaca y Chiapas a sus números y posiciones previas al conflicto para evitar que se desencadenen actos de violencia como los que ocurrieron en Nochixtlan, Oaxaca.

  • Liberar a los integrantes de la CNTE que han sido detenidos como una muestra de disposición a un diálogo auténtico.

  • Abrir la discusión en torno a la Reforma Educativa pues es la única forma de desactivar por medios pacíficos este conflicto y evitar que siga creciendo y polarizando al país.

• O por correo electrónico a las siguientes direcciones:

Enrique Peña Nieto

Presidente

enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

secretario@segob.mx

Gabino Cué Monteagudo

Gobernador de Oaxaca

gobernador@oaxaca.gob.mx

Manuel Velasco Coello

Gobernador de Chiapas

mvelasco@chiapas.gob.mx

El 2016 se está convirtiendo en un año de violencia exacerbada y muerte en Puebla. Catorce mujeres asesinadas en menos de dos meses en hechos que parecieran indicar que se trata de feminicidios, es decir, que quienes las mataron lo hicieron por razones de odio, desprecio o posesión hacia ellas por el hecho de ser mujeres. Estas catorce mujeres asesinadas, varias de ellas embarazadas, además de ser una alarmante tragedia en sí, son la consecuencia y el síntoma de una enfermedad social que ha ido creciendo con el tiempo y en la que si bien la sociedad comparte la responsabilidad en este deterioro, las instituciones públicas en lugar de frenarlo lo han favorecido.

La impunidad y el abuso de poder han sido el sello institucional desde hace ya muchos años en Puebla, desde los casos de pederastia y trata de personas durante la administración de Mario Marín y en la que el propio ex gobernador logró evadir su responsabilidad a pesar de las abrumadoras evidencias de su complicidad; hasta el desprecio violento y sistemático que ha caracterizado a la administración de Rafael Moreno Valle evadiendo restricciones legales o legalizando la brutalidad como ocurrió con la #LeyBala. Lo que los gobiernos en Puebla han dado como ejemplo es que el poder implica impunidad y esto abre la puerta a todo tipo de abusos y tragedias. El problema real para quienes están en el poder no es detener las tragedias sino ocultarlas o callarlas cuando se vuelven evidentes.

Asaltos, desapariciones, feminicidios, agresiones a periodistas, detenciones arbitrarias de activistas y líderes comunitarios, rupturas de todo mecanismo de diálogo real entre gobernantes y gobernados, corrupciones y complicidades entre poder económico y político, impunidad para el que tiene algún tipo de poder, todo esto genera un ambiente violento, un clima de miedo y hostilidad de clase, de género, de todo, un ambiente donde el que matar se vuelve no sólo posible, sino cotidianamente aceptado. José Luis Tehuatle, Samai Márquez, los seis jóvenes de la colonia Lomas de San Miguel asesinados y calcinados en venganza por el robo a un empresario, y todos los demás casos, son parte de una misma enfermedad social que tiene entre sus causas un enorme deterioro institucional que no se resuelve con gendarmes, sistemas punitivos o estrategias de medios para ocultar lo inocultable.

Puebla está siendo un terrible símbolo de lo que provoca la ambición política, el oscuro y letal juego electoral que ha sido el principal objetivo de la presente gubernatura, en Puebla están quedando claros los verdaderos intereses de los de arriba, poder, control, dinero a costa de lo que sea; lo que pasa abajo, lo que le sucede a la población es un estorbo, un elemento que sobra en el tablero del poder. En las muertas, en las víctimas, en el dolor yacen las huellas de un estado de terror fundido en una práctica cotidiana y sistemática de impunidad e injusticia. El ejemplo constante del atropello a la condición y a los derechos humanos, la violencia como medio para lograr objetivos, el desprecio encarnado en transgresión permanente y legalizada ha dejado sus profundas consecuencias.

Como se ha sentido en México desde hace ya casi una década la sociedad esta, estamos ante una constante sensación de indefensión, de desamparo. Esta vez en Puebla no podemos ver cómo nos integramos a los estados con altos índices de violencia, nos queda hilar voces, reproducir gritos, buscar horizontes en los que quede algo más que el inminente panorama de desolación y silencio.

Es cierto que la sociedad tiene que hacer su parte, y la está haciendo, denunciando, difundiendo, sobreviviendo, organizándose a pesar de la represión y la violencia. Los gobiernos también tienen que hacer su parte, porque no la están haciendo, y no parece que la vayan a hacer, ni siquiera el primer y mínimo paso que es frenar sus acciones de impunidad, desprecio y violencia, y reconocer la gravedad de la situación y su responsabilidad en ella.

Ante esta situación no queda más que buscar formas de protegernos mutuamente, de sobrevivir juntos, de difundir la #AlertaPuebla y exigir un paso mínimo de las instituciones oficiales, sin excusas, sin pretextos (aunque parece inútil): Una declaratoria oficial de ALERTA DE GÉNERO para Puebla.

Nodo de Derechos Humanos

En México decir lo que se piensa es peligroso, contar lo que ocurre puede ser aún más peligroso, investigar lo que se esconde detrás de las mentiras suele ser letal. En lo cotidiano la verdad es motivo de miedo y buscarla se está volviendo extremadamente peligroso, y eso hace que la impunidad pueda convertirse en dueña de la realidad. En México el espacio público se está cerrando, está muriendo porque lo que en realidad ocurre se tiene que compartir en voz baja, porque quienes lo dicen públicamente están siendo amenazados, encarcelados, asesinados por un sistema de pactos de impunidad y corrupciones entrelazadas que abarcan todo el espectro del poder. Los periodistas son parte de esa población que está siendo exterminada de manera recurrente y sistemática en todo el país, pero no sólo se trata de exterminar a las personas sino al oficio periodístico como tal. Puebla no es la excepción.

En menos de un mes, en Puebla han ocurrido tres hechos que son muestra de que la oleada de silenciamiento violento del espacio público está aquí. Primero la “llamada de atención” por parte de Francisco Trejo, director de la Unidad de Comunicación de Puebla Comunicaciones, a Paula Carrizosa, reportera de La Jornada de Oriente durante la inauguración de Museo Internacional Barroco; segundo, las amenazas anónimas vía Twitter a Aranzazú Ayala, reportera de Lado B, a través del hashtag #Aniquilaaunperiodistapor; tercero, la aparición del cuerpo de Anabel Flores, reportera del Sol de Orizaba, en territorio poblano. Entre 2010 y 2015 hubo al menos 92 agresiones a periodistas en Puebla, según lo documentado por Artículo XIX. En ese mismo período el congreso de Puebla aprobó la #LeyMordaza (2011) y la #LeyBala (2014) que conforman un marco legal orientado por el temor de los poderosos a que la verdad se haga pública y se defienda.

La actitud de hostilidad contra periodistas por parte de funcionarios públicos se ha generalizado en todo el país y en todos los niveles de gobierno, los ataques de grupos criminales a quienes trabajan en los medios aumentan, el ambiente de peligro para la prensa, sobre todo para la que actúa con libertad, se está generalizando. No parece haber intención alguna por parte de las instancias gubernamentales por investigar y sancionar estas agresiones, mucho menos por proteger a los periodistas y a su oficio, al contrario, siguen buscando maneras de exterminarlo. En México, en Puebla, el espacio público está agonizando, la mentira que permite que la impunidad y la corrupción crezcan es alentada y la verdad es tratada como un crimen.

Desde el Nodo de Derechos Humanos consideramos que para que los periodistas y quienes le dan vida al espacio público puedan ejercer su derecho y su trabajo es indispensable:

1. La inmediata investigación y sanción de los responsables en los casos de Carrizosa, Ayala y Flores.

2. La abrogación de la #LeyMordaza y la #LeyBala.

3. El establecimiento de protocolos de seguridad y protección para el trabajo periodístico.

Lamentablemente sabemos que esto difícilmente ocurrirá, pues la tendencia institucional va en el sentido opuesto, por eso todos aquellos que sentimos la necesidad de saber y entender lo que ocurre en nuestro entorno, que sentimos la urgencia por desmontar las mentiras que se nos dicen desde versiones oficiales y “verdades históricas”, debemos defender constantemente nuestro derecho a saber y a decir, a informarnos y expresarnos.

Nodo de Derechos Humanos

En la madrugada del 3 de mayo, según los testimonios que han circulado públicamente Jaid Mothe Hernández, Subdirector de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, asesinó al joven de 18 años Ricardo Cadena Becerra. ¿De quién es la culpa? Esa es una pregunta que está en el aire, una pregunta que podría guiar la búsqueda de justicia ante un hecho que refleja mucho más que los acontecimientos de esa madrugada en específico. En el México que vivimos, sobre todo en tiempos electorales, tratar de entender quién o quienes son responsables de un hecho como este y sobre todo para evitar que las condiciones que lo hicieron posible no se repitan pasa a segundo término, lo importante es a quién se le echa la culpa para no perder votos, para evitar que el escándalo salpique a todos los que con sus acciones y omisiones permitieron, nuevamente, que un joven muriera a manos de la policía.

El policía dice que su arma se disparó por accidente, la pregunta que sigue es si al perseguir a un par de jóvenes que pudieran o no estar armados con un gis y que ese gis pudiera o no haber tocado una pared, también desenfundó la pistola por accidente.

La siguiente pregunta es si el desenfundar una pistola ante dos jóvenes desarmados es una ocurrencia, parte de un procedimiento policíaco o lo que es más importante, parte de un ambiente que favorece el abuso de autoridad y la sensación de que por tener un cargo público es posible quedar impune.

¿Qué puede generar ese ambiente? Probablemente contribuya a generar un ambiente así el que en Chalchihuapan, Puebla, un niño de nombre José Luis Tehuatlie Tamayo muriera por un proyectil proveniente de un arma “no letal” en un operativo policíaco sobre el que los responsables materiales permanecen impunes, sobre el que no ha habido una investigación verosímil, y sobre el que ni siquiera ha habido una simple disculpa por parte del Gobierno del Estado de Puebla. Habría que recordar que ese operativo fue el primero que se dio bajo el cobijo de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, mejor conocida y definida como #LeyBala, promovida por la administración de Rafael Moreno Valle, aprobada casi por unanimidad por el Congreso Local.

Abona a ese ambiente el que se convierta a los jóvenes en sinónimo de delincuentes potenciales y se apruebe una ley que define las formas de expresión como el pintar una pared “sin permiso” como delito grave, como es el caso de la reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (a los artículos 185, 413 Bis, se adiciona el 413 Ter; el apartado O del artículo 69 y se reforma el inciso d), de la fracción III, del apartado A del artículo 248), mejor conocida y definida como “Ley Antigrafiti”, propuesta por el diputado Eukid Castañón (presuntamente muy cercano al gobernador poblano) y aprobada por la gran mayoría del Congreso Local.

Tal vez el desdén que la administración municipal de José Juan Espinosa en San Pedro Cholula ha demostrado ante el descontento provocado por la construcción del parque de diversiones que, junto con la administración de San Andrés Cholula y el gobierno estatal, pretenden construir en los terrenos que rodean la pirámide de Cholula, se sume a la idea de que quien tiene algún cargo de poder público está por encima del ciudadano común.

Tal vez todo lo anterior junto con el hecho de que el desprecio es la forma de relación de prácticamente todos los gobiernos con la mayoría de sus representados haya hecho que Jaid Mothe Hernández al ver a dos jóvenes que pudieran o no estar pintando una pared, sintiera que podía desenfundar su Glock 9 milímetros y que las posibles consecuencias podrían quedar en el olvido y en la impunidad, no por alguna razón en particular, sino porque en México y en Puebla así ocurre.

El asesinato del joven Ricardo Cadena Becerra es un símbolo muy doloroso, es un síntoma del odio que Rafael Moreno Valle y un reducido sector de la sociedad en Puebla le tienen al 99% de los poblanos, a los de abajo, a los que les estorban, a los que les urge quitar del paisaje para presuntamente hacer “progresar” al Estado de Puebla. Un desprecio que las obras de la administración estatal por sí mismas reflejan, una política de absoluta displicencia por la gente. Las leyes que promueven la violencia, las reformas que criminalizan a los jóvenes, el encarcelamiento indiscriminado de personas que se oponen a los proyectos gubernamentales, los afanes de control absoluto, empiezan a tener las características de una política de limpieza social que ya está acumulando muertes.

¿Qué delito es más preocupante y necesario evitar, el del “grafitti” o el de “homicidio”? ¿Quién es el criminal, el que desde el poder se determina o el que es definido por sus crímenes? ¿De qué sirven los castigos ejemplares a chivos expiatorios mientras los responsables de favorecer la violencia quedan impunes?

¿De quién es la culpa, del gis que pudo o no estar ahí, del joven que tal vez lo sostenía, de la bala que le atravesó la nuca, de la pistola que la disparó, del policía que la desenfundó, del que le dio la pistola al policía y lo hizo policía, de los legisladores que aprobaron leyes que convirtieron a los gises y las paredes en delitos y a los jóvenes en criminales potenciales, del diputado o gobernador que la propuso, de quienes estimulan y apoyan una política de limpieza social y sueñan con una sociedad de mirreyes y sirvientes, de quienes miran la tragedia y la dejan perpetuarse?

Estás son preguntas que no podemos dejar de hacernos, son hechos que no podemos dejar pasar.

Desde el Nodo de Derechos Humanos nos sumamos e invitamos a sumarse a la protesta de este sábado 9 de mayo a las 4pm de manera simultánea en Puebla (Panteón Guadalupe de Cholula), Distrito Federal (Metro Sevilla – Ángel de la Independencia), Guadalajara (Parque Rojo) y Nueva York (Union Square Park) para exigir justicia a #RicardoCadena

Nodo de Derechos Humanos

La brutal agresión del domingo 8 de febrero en contra de integrantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (Cuep) que se encontraban en la acampada del Zócalo de la Ciudad simplemente para impartir cursos de preparación para el examen de admisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) refleja un aumento en la brutalidad policíaca en Puebla, no sólo por la intensidad de los golpes y la gravedad de las lesiones que sufrieron los estudiantes, la agudización de la violencia se ve en un conjunto de elementos estratégicos que hacen que el desalojo y la agresión se asemejen más a una acción violenta de un comando del crimen organizado que a un operativo de seguridad, es decir que la policía cada vez tiende a actuar más como un grupo de sicarios que como una fuerza de seguridad.

Es alarmante que después de lo que se hizo brutalmente evidente en Iguala con la desaparición de los 43 estudiantes del a Normal Rural de Ayotzinapa, con esa herida aún sangrando, los gobiernos y los cuerpos de policía de otros lugares no replanteen sus estrategias y actitudes para enfrentar el creciente y legítimo descontento social, para ver la necesidad de que los espacios públicos sean espacios de encuentro, expresión y debate, pareciera que más bien retomaron el ejemplo de la pareja Abarca y de aquella sangrienta noche de septiembre para convertirlo en un paradigma de la relación entre el gobierno y los ciudadanos, en particular los jóvenes y estudiantes, en una forma de imponer una especie de “orden” ornamental.

Es alarmante que en el desalojo los agresores no portaran uniforme ni algún distintivo visible que los acreditara como elementos de alguna corporación policíaca; que la policía poblana en lugar de mantener la seguridad del Zócalo permitiera que un numeroso grupo de choque armado con varillas, machetes y tubos pudiera golpear impunemente a quienes se encontraban en el Zócalo de manera pacífica. Es terrible que frente al palacio de gobierno de Puebla el grupo de choque pudiera secuestrar a ocho jóvenes, torturarlos para después dejarlos en las afueras de la ciudad. Es trágico que lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa se utilice como ejemplo para generar terror en los jóvenes, para torturarlos. No es sorprendente, pero sí muy preocupante, que el gobierno Municipal de Antonio Gali y el estatal de Rafael Moreno Valle no sólo no haya impedido la agresión (si es que no la ordenaron), sino que en lugar de condenar los hechos de violencia contra los estudiantes e iniciar una ágil investigación de los hechos mantengan un silencio sepulcral. Es triste que la BUAP no apoye las acciones de estudiantes que trabajan voluntariamente para apoyar a otros jóvenes que buscan tener una formación universitaria y se limite a emitir un comunicado ambiguo ante la agresión a sus alumnos.

Después de Chalchiuapan, de la muerte de José Luis Alberto Tlahuitle y los lesionados de aquel brutal episodio; después de Iguala, de los jóvenes muertos y de los 43 aún desaparecidos; después de toda la violencia que se vive y crece en el país, en Puebla las estrategias de seguridad pública empiezan a parecerse a las estrategias de terror de los cárteles del narcotráfico.

Desde el Nodo de Derechos Humanos exigimos que las autoridades estatales y municipales expliquen su relación con el grupo de choque y que tomen acciones claras y contundentes para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.

Nodo de Derechos Humanos

El día 21 de octubre de 2014 el juez de lo penal de Cholula, Alejandro León Flores, dictó auto de formal prisión contra ADÁN XICALE HUITLE, ALEJANDRO PAUL XICALE COYÓPOL, ALBINO TLACHI VALENCIA Y PRIMO MANUEL TLACHI VALENCIA, opositores a la construcción del proyecto turístico denominado “Parque de las siete culturas” proyectado sobre el sitio arqueológico de la Pirámide de Cholula. Asimismo, existen órdenes de aprehensión en contra de VÍCTOR BLANCO, LEONOR ROMERO BALSECA, KARINA PÉREZ POPOCA, TEÓDULO CUAYA TEUTLE, MAFA LARRIÑAGA MONJARRAS, ROBERTO FORMACIO RAMÍREZ, BRAULIO COYOPOL TENTLE, PAULA SUCULIMA DE LA CONCHA ZIDEL, ARTURO HUELITH TLAPALTOTOLI Y ARMANDO PÉREZ ZECUIZTL.

Hechos:

El Gobierno del Estado de Puebla, junto con los gobiernos municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula tiene proyectada la construcción de un complejo turístico y comercial sobre el basamento del sitio arqueológico de la Pirámide de Cholula, lo cual ha generado numerosas movilizaciones pacíficas de los habitantes de ambos municipios. Una de dichas movilizaciones ocurre el 6 de octubre de 2014, cuando aproximadamente 3000 personas del municipio de San Andrés clausuraron pacíficamente la presidencia municipal de ese municipio, invitaron al personal que laboraba a salir del edificio y sellaron todas las entradas para que nadie ingresara. El objetivo era exigir la presencia del presidente municipal Leoncio Paisano para que tuviera un diálogo abierto con los ciudadanos de esa localidad, quien anteriormente había violado acuerdos previos con los opositores al proyecto turístico.

El 7 de octubre alrededor de las 03:40 hrs, un grupo de granaderos, fuerzas policíacas municipales, estatales y trabajadores del ayuntamiento de San Andrés ingresaron violentamente al edificio municipal que se encontraba resguardado por aproximadamente 50 sanandreseños. En dicho operativo fueron detenidos ADÁN XICALE HUITLE, ALEJANDRO PAUL XICALE COYÓPOL, ALBINO TLACHI VALENCIA Y PRIMO MANUEL TLACHI VALENCIA. Ese mismo día se estableció una mesa de diálogo entre funcionarios de la Secretaría General de Gobierno de Puebla e integrantes del movimiento “Ciudadanos Unidos por Cholula Viva y Digna” en la que los funcionarios estatales se comprometieron a liberar a los cuatro detenidos y a cancelar las demás órdenes de aprehensión, acuerdo que fue posteriormente desconocido por el secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas. Los delitos de los que se les acusa a los ahora presos y a aquellos contra quienes aún no se ejecutan las órdenes de aprehensión son:

Motín, presuntamente cometido en agravio de la seguridad del estado y orden constitucional, representados por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Pue.

Despojo, presuntamente cometido en agravio del Ayuntamiento de San Andrés Cholula y representado por Paulino Pedro Lozada, síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento.

Daño en propiedad ajena doloso

Ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte presuntamente en agravio de la sociedad.

Privación ilegal de la libertad presuntamente en agravio de Jesús Salvador Zaldívar Benavides, Manuel Alonso García, José Héctor Huerta Calvario, Josué Rivardo García Pérez y Enrique Nacer Hernández (funcionarios de gobierno).

Acción solicitada:

• Llamar por teléfono a las autoridades exigiendo la libertad de los presos políticos de Cholula, el desistimiento de la acción penal en contra de los ahora presos y de aquellos contra quienes existen órdenes de aprehensión y la cancelación absoluta del proyecto turístico “Parque de las siete culturas”.

• Escribir por correo electrónico o Facebook a las autoridades diciendo o exigiendo la libertad de los presos políticos de Cholula, el desistimiento de la acción penal en contra de los ahora presos y de aquellos contra quienes existen órdenes de aprehensión y la cancelación absoluta del proyecto turístico “Parque de las siete culturas”.

• Enviar vía Twitter los siguientes mensajes:

  • @LeoPaisanoA @RafaGobernador libertad a los presos políticos y alto a la represión y el despojo contra #CholulaVivaDigna #Puebla

  • @LeoPaisanoA @RafaGobernador No queremos ir a #Puebla a ver proyectos construidos con violencia y desprecio #CholulaVivaDigna

Les agradeceremos envíen también copia a comunicacion@nodho.org, a @nodho o a https://www.facebook.com/nodo.derechos.humanos

Favor de enviar sus llamados antes del 27 de Octubre de 2014

El 18 de octubre de este año el Gobierno del Estado de Puebla, a cargo de Rafael Moreno Valle, hizo algo inaudito, violar derechos humanos para dar cumplimiento a una recomendación por haber violado derechos humanos. Para presuntamente dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH,) relativa a la violenta represión cometida por su administración en contra de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan que resultó en la muerte de José Luis Alberto Tlautle Tamayo de 13 años de edad, alrededor de las 4 de la madrugada de ese sábado, la Policía Ministerial y la Policía estatal realizaron un operativo en esa misma población, en el que de acuerdo con testimonios de vecinos entraron sin una orden de cateo, de manera brutal y violenta a seis domicilios, encañonando a mujeres y niños y sin presentar una orden de aprehensión detuvieron a Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes .

El 19 de junio de este año el Congreso del Estado de Puebla, por amplia mayoría, aprobó una iniciativa propuesta por el Gobierno del Estado a cargo de Rafael Moreno Valle para una “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, ahora conocida como #LeyBala. Muchas organizaciones y personas advertimos los terribles riesgos que presentaba la aprobación de una ley cuyo objetivo central no era proteger los derechos humanos como su título pretendía aparentar, más parecía pretender legalizar el uso de la fuerza, incluso letal, en contra de quien protestara en contra del creciente número de abusos y arbitrariedades de la Administración estatal. El 9 de julio los temores que presentaba la aprobación de la #LeyBala fueron terriblemente confirmados cuando explícitamente se utilizó esa legislación para justificar el operativo de la Policía Estatal para reprimir la protesta en San Bernardino Chalchihuapan en contra del retiro del registro civil de las juntas auxiliares, con los graves y trágicos resultados que el mundo conoce.

Ahora, al Gobierno del Estado de Puebla no le bastó con el insulto que representó para la madre de José Luis Alberto Tlautle Tamayo y para la comunidad de Chalchihuapan el que el gobernador Moreno Valle no se presentara a pedir la disculpa requerida por la CNDH por la agresión cometida y ordenada por su administración (simplemente envió como “representante” a su consejero jurídico); además, en lugar de responsabilidad penal o la necesaria destitución, la ridícula “amonestación y multa” al Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, el mismo que era Comisionado General de la Policía Federal cuando ocurrieron los asesinatos de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa por parte de policías federales en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011; además de todo lo anterior, el gobierno poblano ordena esta nueva agresión. Más presos y más dolor desde las mismas oficinas en contra de la misma comunidad.

En este punto, exigir que el Gobierno de Puebla respete los derechos humanos resultaría ingenuo y por lo visto contraproducente, pues su desprecio en contra de aquellos a los que está obligado a representar llega a límites tan absurdos como creer que los derechos humanos se respetan violando aún más los derechos de los agredidos.

Nodo de Derechos Humanos

A menos de tres meses de la aprobación de la #LeyBala, José Luis Alberto Tlautle Tamayo de 13 años de edad se encuentra hospitalizado, en estado de coma, tras un operativo en el que a decir de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, se aplicaron los protocolos de actuación de la recién aprobada ley. ¿Entonces, de qué manera regula esta ley el uso de la fuerza policíaca, de qué forma protege esta ley a un menor de edad que se encontraba cerca de una manifestación?

En el mes de mayo mientras los diputados aprobaban esta ley muchas voces advertían sobre las implicaciones futuras, sobre los riesgos de utilizar el discurso de los derechos humanos para legalizar su violación, de aprobar una ley orientada hacia la violencia y no hacia la contención del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos. Ahora estamos presenciando la brutal evidencia de aquellos riesgos convertidos hoy en brutales operativos, en decenas de heridos.

Hace casi tres meses advertíamos que en el capítulo XIX de la ley (en su versión “modificada” y publicada en el periódico oficial), en el artículo 43 se mencionaba que “para efectos de control y dispersión, las manifestaciones se observarán y analizarán atendiendo a fenómenos de violencia o desapego de la pacífica manifestación” lo que emitía un juicio sobre el conjunto de una manifestación y no sobre conductas individuales. La falta de esa individualización de conductas tiene como resultado a un niño gravemente lesionado por “armas incapacitantes no letales”.

El uso de dichas armas presuntamente “no letales” tiene resultados letales, como ocurrió con Juan Francisco Kuykendall tras la represión policíaca el primero de diciembre de 2012 afuera del Congreso de la Unión y que culminó con su muerte tras un año de hospitalización.

En mayo preguntábamos: ¿Tomaron en cuenta que esta ley sería aplicada por policías capacitados para la violencia y sumergidos en un ambiente de constante corrupción en un estado convulsionado y con un descontento legítimo y creciente? Ahora queda claro que la respuesta es “no”, no les importa, o el punto es precisamente favorecer un clima de miedo y represión que inhiba toda forma de protesta ante los abusos del poder público. Nuevamente queda claro que para los cuerpos policíacos enviados para “mantener el orden” da igual un niño, un anciano, una mujer, un discapacitado, un transeúnte, todo el que participa o se encuentra cerca de una protesta es un “agresor” es decir, una “persona que representa un riesgo por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y del propio Estado” y por lo tanto son merecedores de un uso de la fuerza que tiene poco de gradual y mucho de brutal.

Las consecuencias concretas de promover, aprobar y aplicar una ley como esta deben implicar una responsabilidad concreta para los funcionarios involucrados en todo este proceso. No es responsabilidad únicamente del policía que lanzó el proyectil que dejó en coma a José Luis Alberto Tlautle Tamayo, lo es también de quien dirigió el operativo, de quien lo ordenó, de quién votó a favor de la ley que legalizó esa acción, de quién se negó a frenar esa ley con una acción de inconstitucionalidad.

Nodo de Derechos Humanos