¿Qué hacía antes el gobierno en México cuando un grupo armado mata a un indígena que acompaña a su pueblo por el camino de la resistencia? Ruido, pantomima, silencio, nada. ¿Qué hace ahora el gobierno cuando algo así ocurre? Ruido, pantomima, silencio, nada. Estamos a un año del asesinato de Álvaro Sebastián Ramírez afuera de su casa, el mismo que pasó 20 años preso por organizarse con el pueblo Loxicha, por anteponer a su comunidad por encima de intereses de caciques en todas sus versiones, que en Oaxaca abundan y prosperan bajo la complacencia de quienes gobiernan.

A un año de su asesinato la verdad y la justicia siguen el mismo camino de impunidad y olvido como ha ocurrido y ocurre con tantos otros en el México de abajo, como ocurre con Samir Flores, como ocurre con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por qué esas muertes quedan impunes, porque para quienes gobiernan no hay nada más atemorizante que cuando ser indígena se vuelve sinónimo de resistencia y rebeldía, porque la impunidad es el mensaje para quienes cometen esos crímenes como para quienes son sus víctimas. El mensaje de la impunidad es que matar indígenas que se opongan ser un adorno folclórico del poder se puede. El mensaje de la impunidad es que si eres indígena y defiendes tu comunidad en contra de caciques, empresas extractivistas y la larga lista de criminales poderosos, para el Estado no tienes ni siquiera el derecho a la vida.

A un año del asesinato de Álvaro Sebastián queremos decir que el México de abajo no olvida, que los y las compañeras de La Voz de los Zapotecos Xiches en Prisión no caminan solas, que la memora seguirá señalando incansable a los criminales del poder y a quienes con ruido, pantomimas y silencio los encubren y promueven.

Nodo de Derechos Humnanos

La muerte de por lo menos 41 migrantes atrapados en un incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez debe nombrarse como lo que es: un crimen.

La cuestión es quién cometió el crimen, quién lo dejo pasar, qué estructuras, políticas y prácticas establecieron las condiciones para que ocurriera, quién lo puede o no encubrir. La cadena de violaciones a sus derechos humanos es larga y la tragedia final es resultado de las políticas nacionales y globales contra las y los migrantes. Como lo dijo la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, las necropolíticas migratorias son un genocidio silenciado, lo son en Europa, lo son en Norteamérica. Es una decisión de Estado que se replica con crueldad burocrática dejarlos morir en el mar, en el desierto, en una estación migratoria.

El video difundido el día 28 de marzo de 2023, muestra que los funcionarios del INM decidieron no abrir las puertas, decidieron no apagar el fuego, decidieron dejar que murieran. Cuando gobernación emite un informe lamentando los hechos, pero solo rechazando enérgicamente “los actos que derivaron en esta tragedia”, lo que está optando por hacer es guardar silencio acerca de la decisión de dejar morir a los migrantes y dar espacio a que la condena social se centre en el hecho de que los migrantes hayan provocado un incendio.

Ni el comunicado gubernamental, ni la mención del presidente López Obrador en su conferencia mañanera abordan las causas que llevaron a eso, que prender fuego fue una forma de protesta porque no les daban agua, porque los trataron de forma inhumana, porque siempre los han tratado de forma inhumana. La tentación de colocar como criminales a los migrantes puede derivar en el burdo discurso justificante del crimen del 27 de marzo, de la política criminal que implica el encarcelamiento de migrantes en las estaciones del INM y de la política de violencia estructural sobre quienes transitan indocumentados por México, sea por sometimiento a Estados Unidos o por nacionalismo.

La cruda realidad que vivimos a nivel global, que ha implicado la masiva ejecución de prácticas atroces por parte de los Estados, ha llevado a la conclusión de que para hablar de justicia no basta la ley. Cuando la ley no alcanza a expresar la magnitud de los daños y la responsabilidad sobre la ejecución de éstos es necesario recurrir a la condena social y a dejar de aprobar la ejecución de esos actos para que dejen de ser “normales”, la idea de que migrar sin documentos es un delito y la violencia contra quienes lo hacen deben dejar de ser normalizadas.

En este atroz caso existen suficientes argumentos legales para decir que lo ocurrido fue un grave acto criminal. Para empezar el Artículo 1 de la Constitución Mexicana establece que en territorio mexicano todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Según la Ley de Migración de México se deben respetar de forma irrestricta los derechos humanos de las y los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria y en ningún caso una situación migratoria irregular ha de preconfigurar por sí misma la comisión de un delito ni el prejuzgamiento de la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

No hay argumentos para justificar el trato del que fueron víctimas los migrantes calcinados en el centro de detención del INM. El marco jurídico mexicano es uno de los pocos que les reconocen derechos básicos a los migrantes indocumentados, pero ese reconocimiento legal se queda en el papel, el INM es en los hechos una estructura policíaca que los caza y los trata como “ilegales” y “criminales”, y eso ha hecho que sus funcionarios se sientan con el derecho a decidir sobre su vida y muerte , incluso frente a las cámaras, frente a todas y todos.

Si el Estado mexicano deja impunes a los agentes responsables de esa estación y a los que en ese momento optaron por simplemente dejar que los migrantes detenidos murieran, si no se sigue la cadena de mando de ese instituto, si no se elimina el encarcelamiento de migrantes en las estaciones del INM como práctica, si no se modifica la política migratoria que se ha convertido en el muro de Estados Unidos a la migración, se confirmará como un crimen de Estado.

Decir todo ésto no es politizar el asunto, como le decían administración anteriores y como le dicen ahora desde la 4T a toda crítica. Las prácticas criminales, sistemáticas y rutinizadas del Estado mexicano son añejas, sabemos que esto no es un asunto sexenal y que ésta crueldad vuelta rutina tiene padrinos, que por cierto, se esconden, se mantienen en la impunidad y se atreven hipócritamente a condenar lo que ellos también provocaron.

La muerte de los 41 migrantes no fue un accidente, ésto lleva a la necesidad de señalar responsables. Como es sabido existen diversos tipos de responsabilidad en tratados internacionales y en el derecho internacional que establecen la responsabilidad penal de los individuos que permitieron, contribuyeron o participaron en la ejecución de graves crímenes internacionales, para lo cual existen diversos tipos de participación, como la coautoría, la orden, la complicidad y la responsabilidad de mando. Sobre esos tipos de participación tiene que haber justicia, no solo sobre los agentes que participaron directamente en el crimen y del cual hay una clara prueba. La complicidad es el centro de éste dejar hacer, dejar morir que no podemos aprobar.

Lo que se está jugando en este caso y el riesgo de impunidad estructural, es la aberrante posibilidad de que se permitan socialmente estos tratos a las y los migrantes, que cada vez son más y serán más debido a las graves situaciones de guerra, calentamiento global y crisis humana que padecemos a nivel planetario. El acto de dejar morir ejercido por los agentes migratorios no puede convertirse en una sociedad que deja morir o estaremos condenados a dejar pasar más atrocidades, más crímenes de poder, más crímenes de Estado, más trato inhumano como práctica normalizada.

La migración es resultado de la necesidad de buscar mejores condiciones de supervivencia, negar el derecho a migrar significa negar la posibilidad de encontrar precisamente eso. La mayoría de los países que se enriquecieron con el dominio y saqueo colonial que ejercieron, ahora cierran las puertas a quienes migran de los países que fueron saqueados, es la lógica colonial que persiste, sin embargo, que México, un país que vivió ese dominio y saqueo, que vive en buena medida de la migración indocumentada, criminalice a los migrantes al punto de dejarlos morir calcinados es simplemente atroz.

¿En qué momento México se convirtió en la frontera del norte, en esa que desprecia, caza y deja morir a quienes caminan desde el sur?

La reactivación del proceso judicial en contra de Miguel López Vega, a pesar de que ya se había demostrado y determinado judicialmente que no existían suficientes pruebas que sustentaran los cargos, deja claro que la lógica colonial y ecocida persiste en la 4T poblana. Más allá de los tecnicismos legales con los que se pretende legitimar ésta injusticia, como se ha hecho cada vez que el Estado Mexicano quiere reprimir procesos de resistencia, el fondo es que quienes deberían usar la ley para proteger a las personas y los ecosistemas de Puebla parecen optar por beneficiar a quienes hacen de la devastación de la tierra y el envenenamiento del agua un negocio.

La amenaza juridizada que pende sobre Miguel López Vega difícilmente puede verse como el resultado de la inercia de la burocracia judicial, no cuando la amenaza es resultado directo de su oposición al envenenamiento del Río Metlapanapa por los deshechos del complejo industrial conocido como Ciudad Textil. No es coincidencia que sea parte del movimiento de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca que han detenido el saqueo de agua por parte de la embotelladora Bonafont, subsidiaria de Danone. No se puede pretender que no tiene que ver con su participación en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua que se ha opuesto a la construcción de Proyecto Integral Morelos, antes denunciado y ahora defendido por Andrés Manuel López Obrador. La amenaza judicial contra Miguel López Vega difícilmente puede entenderse como otra cosa que no sea el intento de desgastar esos procesos de resistencia en los laberintos burocráticos del sistema de justicia.

Podemos imaginar que la idea de Miguel López Vega preso provoque una perversa y mezquina sonrisa en los rostros de Francisco Rivera Taja, presidente del Parque Industrial Ciudad Textil; o de Mariano Perotti, director general de Bonafont; o de Antonio Llardén, presidente de Enagás; o de Andrea Colombo, CEO de Bonatti; o de Joaquin Fernandez de Pierola Marin, CEO de Abengoa. Será tal vez una sonrisa por sentirse un paso más cerca de alimentar el hambre avariciosa de su reporte trimestral. Será una sonrisa burlona por saber que doblaron nuevamente la ley en México, como lo hicieron en gobiernos anteriores.

Que esa sonrisa quede en la perversa imaginación de los perversos depende de quienes sabemos que el planeta se defiende como lo están haciendo los pueblos cholultecas, los pueblos indígenas y rebeldes del abajo mexicano, depende de algo más que la solidaridad, de una urgente necesidad de dejar de guardar silencio y aprobar la normalización de éstas prácticas criminales del Estado. La dignidad de los pueblos nahuas y la solidaridad del mundo que hace suya ésta lucha por la justicia serán cruciales no sólo para evitar que Miguel López sea encarcelado, también para que las luchas de las que es parte logren frenar la destrucción convertida en dinero.

Mientras el planeta enferma tenemos la posibilidad de quedarnos callados pensando en los cambios individuales para hacer la destrucción más “amigable con el medio ambiente” o podemos tratar de caminar y acompañerearnos con esas experiencias que han sabido resistir durante siglos a quienes quieren conquistarlos, despojarlos y eliminarlos, que saben defender lo suyo para que sea de todos.

Nodo de Derechos Humanos

Hoy la narrativa anti-neoliberal de la presunta 4T perdió toda legitimidad y demostraron que cuando se trata de la defensa de la vida y de los pueblos de éste país no hay ninguna transformación sino la continuidad del desprecio, el despojo y la represión que caracterizaba a quienes hoy desde la derecha se son sus contrincantes para ocupar los espacios de poder. El operativo de desalojo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla, hoy a la 1:20 de la madrugada en contra de la Altepelmecalli (Casa de los Pueblos) y los Pueblos Unidos de la región cholulteca en favor de Bonafont, filial de la empresa trasnacional Danone demuestra la vocación violentamente neoliberal de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa.

Seguramente hoy escucharemos la tradicional narrativa estatal de la “restauración del estado de derecho”, “hacer valer la constitución o la ley”, de las “minorías provocadoras” y demás lugares comunes que los gobiernos de antes ya ahora utilizan para tratar de hacer que la represión parezca un
acto institucional legítimo. Pero no lo es. La ley, la constitución y el estado de derecho sólo tienen sentido si sirven para proteger la vida y la dignidad de quienes están bajo su supuesto cobijo, no para favorecer la extracción y comercialización voraz de un pequeño grupo de empresarios con alcance transnacional que pone en riesgo la vida y la dignidad de los pueblos y territorios que se alimentan del agua que quieren nuevamente embotellar y vender.

Ésta madrugada, los gobiernos federal de México y estatal de Puebla privilegiaron la privatización del agua para beneficio de Bonafont-Danone frente al derecho al agua de los 20 pueblos que llevan décadas tratando de proteger el agua que les da vida y nos da vida a todas y todos. Luis Miguel Barbosa y Andrés Manuel López Obrador, exactamente igual que todos los sexenios anteriores creen que el bien común está en que una empresa trasnacional que emplea a 357 personas con salarios que en conjunto difícilmente superan los 100 mil pesos diarios (eso si no se los descuentan por no manifestarse en su defensa), siga extrayendo un millón 640 mil litros de agua cada día y vendiéndolos en 3.28 millones de pesos diarios, y que las sequías y los socavones vuelvan a amenazar a las decenas de miles de habitantes de los 20 pueblos que en asamblea, en marzo de 2021, decidieron clausurar la planta de Bonafont para recuperar su agua.

A la 1:20 de hoy, para los pueblos de la región de Cholula en Puebla, para los pueblos indígenas de todo el país, para la gente que todavía logra sentir la injusticia más allá de la retórica o el afán por el escándalo, para el mundo quedó claro que para quienes gobiernan México lo que importa es el negocio del agua y no el derecho al agua. Es uso criminal de la ley que es costumbre institucional en México se confirma nuevamente.

Hoy es un día en el que como los ríos, la solidaridad fluirá hacia los Pueblos Unidos. Hoy el agua debe resistirse al cautiverio y con toda su fuerza y presión lograr que Danone-Bonafont no pueda seguir saqueando y lucrando con el agua que es de todos. Hoy López Obrador y Barbosa Huerta voltearon las armas del Estado Mexicano en contra del pueblo que dicen defender para favorecer a las empresas multinacionales que dicen querer contener. Su deprecio por los pueblos se hace cada vez más evidente, y ante esas agresiones los pueblos harán lo que siempre hacen cuando el poder amenaza y pretende someterlos, resistir y luchar.

1.- Lo que ahora es una amenaza es que así como parecen conducirse con la misma lógica represiva y de protección del interés privado sobre el púbico, los gobiernos federal y estatal decidan usar el aparato judicial para criminalizar a lo/as defensores del agua. No se puede permitir a estas alturas, no se puede aceptar que los verdaderos criminales sean tratados con preferencia y se coloquen sobre el interés común y que como suelen hacer ahora se persiga a quiénes sostuvieron el plantón en la Casa de los Pueblos y la defensa del agua.

2.- Los gobiernos estatal y federal no pueden mantener una retórica de “transformación” sin abrir una investigación contra los empresarios de Bonafont-Danone por delitos al medio ambiente ante las denuncias documentadas por Pueblos Unidos y las organizaciones solidarias que han acompañado su proceso.

3.- El calentamiento global y la crisis climática está dejando ver con claridad que el ecocidio es provocado por empresas multinacionales que cometen crímenes corporativos contra el medio ambiente y contra la humanidad cobijados por la impunidad que les otrogan los Estados. Esos
daños no pueden quedar impunes y requieren de particular atención, si este gobierno no está dispuesto a perseguir los crímenes ecológicos entonces son responsables por complicidad y/o por omisión de los mismos crímenes. Para denunciar lo referente a esos delitos existen caminos internacionales que bien pueden comenzar a darse si éstos dos niveles de Gobierno (estatal y federal) persisten en encubrir estos crímenes multinacionales corporativos.

4.- Llamamos a las personas que tienen ojos abiertos y el corazón crítico a que manden mensajes por Twitter (o por las vías que consideren más efectivas) a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México @lopezobrador_ ; a Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla@MbarbosaMX ; a Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone @maestraccimat ; y a Mariano Perotti, director general de Bonafont @M_Perotti1 , diciendo:

• No aceptaremos la criminalización de los defensores del agua y la impunidad de los criminales que la vuelven negocio @lopezobrador_ @MbarbosaMX @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

• @BonafontMexico y @Danone no pueden seguir teniendo una concesión para seguir lucrando salvajemente con el agua de los pueblos @lopezobrador_ @MbarbosaMX @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

• El #Altepelmecalli debe ser nuevamente un espacio público bajo la custodia de las comunidades que defienden el agua @lopezobrador_ @MbarbosaMX @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

• El derecho al agua está por encima de cualquier tecnicismo legal para convertirla en negocio privado @lopezobrador_ @MbarbosaMX @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

Y a sumarse a las convocatorias de los Pueblos Unidos y las múltiples iniciativas solidarias que desde diversos esfuerzos están surgiendo para apoyar a quienes desde hace meses, años décadas y siglos desde un rincón de la geografía poblana defienden el agua de todo el planeta.

Nodo de Derechos Humanos

El gobernador Barbosa de Puebla en un intento por justificar la represión en contra de las estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” dijo que llegaron “varones, normalistas de otras normales rurales del país, parece que sobre todo de Ayotzinapa para provocar violencia” y en un macabro paralelismo, tras una agresiva represión detienen a 43 estudiantes, sí, a 43.

La justificación gubernamental de “venían a provocar violencia” para reprimir, encarcelar, desaparecer y matar estudiantes no es una innovación de Barbosa o de la llamada 4T, hemos visto ediciones anteriores en cada represión a movimientos estudiantiles desde esta año hasta 1968.

Tal vez podríamos hacer un monumental esfuerzo por darle el beneficio de la duda al gobernador Barbosa, pero cuando tiene a violentos represores como Ardelio Vargas llegan de inmediato las imágenes de Atenco y Oaxaca, de Chignahuapan y la Ley Bala, y la administración de Barbosa se
empieza a confundir con la de Moreno Valle.

El conocido discurso de “venían a provocar violencia” empieza a desmoronarse cuando volteamos al sureste y llegamos a Mactumatzá en Chiapas y vemos que el gobernador Escandón ha optado por la misma vía de “diálogo” con los normalistas. Parece que la represión es nuevamente una política de Estado, una política que más allá de cómo se encuadre en los marcos jurídicos viola gravemente los derechos humanos y busca ocultarse, disfrazarse.

El caso Ayotzinapa sigue abierto y la responsabilidad de agentes y estructuras del Estado sigue oliendo a impunidad. Con las acciones de Barbosa y Escandón en contra de las y los normalistas, con represores y criminales que se mantienen impunes y se reciclan en funciones Estatales transexenalmente, los crímenes de Estado del pasado se vuelven del presente. Las mismas prácticas se repiten y se repite el discurso oficial que las pretende ocultar.

En tiempos electorales todo se vuelve turbulento y todo se vuelve electoral aunque no lo sea. Estamos ante administraciones que utilizan la legitimidad electoral que les dieron los votantes que buscan un cambio de rumbo para repetir las mismas prácticas represivas de sus antecesores, y estamos ante una oposición electoral que utiliza lo que sea para volver a estar en una posición en la que puedan cometer las mismas atrocidades.

Creemos que es fundamental seguir señalando los actos represivos, a quienes los cometen, a quienes los encubren, a quienes los aprovechan. La necesidad de señalar actos inhumanos y represivos no puede desaparecer mientras las mismas prácticas se siguen reproduciendo. No se trata de liberales y conservadores, de chairos y fifís, se trata de tener la capacidad crítica para señalar y denunciar lo que vemos y sabemos que es injusto, tengamos esperanza o no en las actuales administraciones. El derecho y la necesidad de disentir no es algo que se deba de sacrificar, el silencio ante la injusticia no puede ser una opción.

Nodo de Derechos Humanos

Después de la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos han sobrado explicaciones, opiniones y justificaciones. El asunto de fondo es por qué se trató distinto este caso a otros que pudieron haber desatado conflictos diplomáticos conEstados Unidos. Por qué con Cienfuegos, el más alto mando militar del sexenio de Enrique Peña Nieto,
a quién supuestamente también se le podría investigar por sus posibles crímenes, como lo ha insinuado una y otra vez el presidente López Obrador.

El actual presidente mexicano se enfrentó a Estados Unidos para defender a un general que estuvo al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuando se cometieron cientos de casos de desaparición, tortura y homicidio vinculados a militares. Ni por asomo hubo una presión diplomática similar para defender a migrantes mexicanos separados de sus hijos o ante la presión de la Casa Blanca para reprimir la caravana de migrantes de Centroamérica. Parecería que resaltar el respeto a los derechos humanos del General que cometió cientos de violaciones de derechos humanos mientras estuvo a cargo de la SEDENA es un asunto de prioridad de este gobierno, pero sólo los de él.

¿Por qué es tan significativo el caso del General Salvador Cienfuegos? Por haber estado a cargo de la SEDENA en uno de los sexenios más violentos de la historia reciente de México, el de Enrique Peña Nieto. Un sexenio que además estuvo marcado por escándalos de corrupción en los niveles más altos del gobierno. Porque desde la guerra desatada por Felipe Calderón el Ejército Mexicano se convirtió en parte de la violencia entre cárteles. Esto no sólo militarizó la seguridad pública sino que acentuó la militarización del crimen organizado, convirtiendo la “Guerra del Narco” en una guerra de fuerzas armadas legales e ilegales contra toda la población.

La FGR resolvió la inocencia de Cienfuegos (con las líneas de investigación que podría tener un caso de complicidad del secretario de la SEDENA con el crimen organizado) en menos de dos meses. Si se le vinculaba con el crimen organizado en Estados Unidos, más allá de que la Drug Enforcement Agency (DEA) sea o no el aparato gestor del narcotráfico en el mundo y que su injerencia sea por lo menos cuestionable, aquí debía de haberse investigado no sólo si tuvo o no una Blackberry y no sólo su cuenta patrimonial. Lo que se tenía que hacer era investigarlo de oficio, como se ha hecho con otros presuntos narcotraficantes, investigar si pudo haber tenido vínculos con el crimen organizado y si omitió o participó en la ejecución de actos criminales e ilegales, si utilizó a las fuerzas armadas para favorecer a grupos criminales.

El caso de Cienfuegos debería de haberse convertido en un precedente de justicia, no de impunidad, si hubiera una voluntad política auténtica aún se estaría a tiempo de serlo. Tenía el potencial de demostrar un cambio de dirección, no de reforzamiento de la lógica corrupta, impune y criminal que ha permeado hasta lo más hondo del Estado. Es descarado y refleja una dinámica muy poco reflexiva y crítica poner la atención sólo sobre la injerencia de la DEA y no sobre la gravedad que representa que el ex-jefe de las Fuerzas armadas tenga una probable participación en el crimen organizado. La responsabilidad de hacer que este caso establezca un precedente contra la impunidad ahora está también en la sociedad.

No haber hecho una investigación exhaustiva lo que demostró fue no solo que no se buscaba investigar sino que se buscaba exonerar, motivaciones sumamente opuestas y que implican graves problemas. La FGR funcionó como defensa y no como parte acusadora y eso es aún más grave cuando el presidente avala inmediatamente la decisión de la fiscalía. Se usa el discurso de la soberanía, los derechos humanos y el debido proceso para justificar la impunidad, no para investigar la probable responsabilidad de Cienfuegos ante las víctimas del sexenio en el que estuvo al mando del ejército, en un período con múltiples acusaciones por violaciones a derechos humanos y violaciones al debido proceso. Con el caso Cienfuegos se dejó ver nuevamente la existencia recurrente de la impunidad diferencial, existió una decisión abierta de actuar más allá de lo legal, de no llegar a fondo por tratarse de un ex-mando de las Fuerzas Armadas. Con esto las investigaciones abiertas contra ex-funcionarios por enriquecimiento ilícito y la probable investigación sobre los ex-presidentes queda ahora como una pantomima anunciada. Ya comienza a vislumbrarse la posible extradición y liberación de García Luna y el cierre del proceso de Lozoya, nada de eso está aislado.

Además, la celebración y el silencio ante la decisión de la FGR de la presunta oposición electoral evidencia que la “mafia en el poder” sigue vigente y está en todo el espectro partidista y lo que los une es la impunidad ante sus crímenes pasados, presentes y futuros.En un sexenio en el que al ejército se le involucra en la administración, gestión y protección de proyectos de infraestructura con amplia oposición de las comunidades afectadas; en el que siguen impunes los crímenes contra opositores a esos proyectos, como el asesinato de Samir Flores Soberanes del Congreso Nacional Indígena; con una continuada actividad de grupos paramilitares en Chiapas; con un presidente que sigue sigue vendiendo la promesa de un cambio a sus esperanzados seguidores, la grosera impunidad del General Salvador Cienfuegos es un mensaje violento y una amenaza a toda la población del país. El mayor peligro es que con este mensaje lo que se está diciendo es que los altos mandos del Ejército Mexicano están por encima de la ley, un imaginario compartido por los mayores capos del narcotráfico.

Están terminado de convertir al Ejército Mexicano en el mayor cártel y así reforzando al Estado criminal que se sigue enraizando en México y cuyas consecuencias seguimos pagando día a día. De nada sirve anunciar el combate a la corrupción como prioridad del Estado si no se acaba con la
impunidad diferencial. No basta con reformar la Fiscalía General de la República o sus marcos normativos, es necesario y urgente dar pasos claros y contundentes para desmantelar el Estado criminal en México, el inicio es no dejar de señalarlo gobierne quien gobierne.

Nodo de Derechos Humanos

El jueves 16 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por amplia mayoría. Al mismo tiempo la bancada de MORENA anunció que iniciará la semana próxima la discusión de una iniciativa de reforma constitucional para establecer el marco legal que permita la conformación de una Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) con tareas de seguridad pública e investigación de delitos.

Como se ha sostenido por diferentes organizaciones y especialistas durante los últimos doce años y como lo confirmó la SCJN, el uso de cuerpos militares usados en tareas de seguridad pública no es adecuado, pues no están ni creados, ni entrenados para ella. Las FFAA están preparadas para la guerra y, por tanto, para eliminar objetivos y no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal, por lo que tienden a mostrar un alto índice de letalidad.

Las estrategias de seguridad de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se centraron en una lógica militar que ha dejado a México en una situación de crisis humanitaria y violencia cotidiana. El iniciar y continuar una guerra en donde toda la población se convirtió en el enemigo potencial del Ejército ha destrozado el tejido social. La evidencia que arroja este complejo período ha mostrado que la militarización no solo no ha contenido la escalada de violencia en gran parte del país, sino que la ha aumentado.

Después de estos 12 años, después de Ayotzinapa, Tlatlaya y de miles de casos de abusos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, resulta absurdo seguir diciendo, como lo dice la misma iniciativa de la Guardia Nacional presentada por MORENA que “hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país”, y afirmar simplistamente que “se han mantenido al margen de la oligarquía político-empresarial que ha ejercido el poder institucional desde hace 30 años”. Es hacer caso omiso de los miles de testimonios y pruebas que hay de que las Fuerzas Armadas han desaparecido, torturado, asesinado, violado sexualmente no solo a miembros del crimen organizado sino a la población en general. La iniciativa presenta a las FFAA como víctimas de la guerra y no como lo que han sido: uno de las partes agresoras en esta guerra.

La lógica de seguridad pública que impulsa López Obrador prioriza la protección del Estado con acciones reactivas y represivas, en lugar de impulsar un modelo que favorezca estrategias preventivas y disuasivas centradas en el bienestar de los ciudadanos. Significa la continuación de una estrategia centrada en la acción militar y en la pacificación por medio de la fuerza, lo cual representa una absoluta contradicción. El camino que perfila la propuesta de López Obrador deja completamente acotada la lógica civil, y la capacidad de estructuras civiles para llamar a cuentas a las Fuerzas Armadas. No existe un esquema de mando, control o siquiera de supervisión civil de esa policía militarizada que pretende conformar.

A pesar de que la iniciativa menciona de manera general y ambigua que “las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil correspondiente”, no ha surgido dentro de los múltiples planes del equipo de transición una propuesta clara para someter a los militares que han estado involucrados en esta guerra a ser potencialmente investigados o juzgados por instancias civiles. Hacer que las FFAA rindan cuentas ante las estructuras civiles del poder público es algo indispensable para contener la impunidad que les ha caracterizado. Si bien existe un grave problema de corrupción policíaca, la Marina y el Ejército son los que han tenido más denuncias por violaciones a derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos no se detienen por prometer que se van a detener, ni dependen de promesas o de la buena voluntad de una persona, se necesitan mecanismos claros y contundentes.

Más allá de declaraciones ambiguas, López Obrador no ha presentado una ruta clara que abra la puerta a que la Corte Penal Internacional investigue los casos de crímenes de lesa humanidad en México. Una señal clara de ruptura de los pactos de impunidad, que como la corrupción, han generado la crítica situación en la que está México, sería que sean debidamente investigados, juzgados y castigados los altos mandos militares, gobernadores y presidentes que hayan estado involucrados en los crímenes de esta guerra.

El simple perdón no es el camino, el perdón que ha planteado López Obrador a los ex-presidentes no es más que una muestra de que el pacto de impunidad será nuevamente una constante y de que este “nuevo gobierno” finalmente formará parte de la misma cadena de promesas, impunidad y simulación que ha caracterizado al Estado mexicano. Como han dicho los familiares de las víctimas de esta guerra: sin justicia no hay paz

Después de los foros propuestos por el propio López Obrador, los reclamos de justicia y el rechazo a la continuación indefinida de la militarización del país parecen haber quedado ahogados en una simulación de escucha. La pacificación mediante el uso de la fuerza deriva en mayor miedo y violencia, para tener seguridad y paz es necesario un proceso serio, claro y sensible de reconstrucción de los lazos comunitarios de confianza y solidaridad.

El número de votos con los que ganó la presidencia López Obrador no pueden representar un cheque en blanco, ni la justificación de una mayor polarización, la eliminación del disenso o la anulación del debate. No existen soluciones simples para la situación de guerra en México, pero lo más peligroso, como siempre ha sido, son las soluciones simplistas y autoritarias. Usar la legitimidad electoral y el control político de la mayoría de los espacios de representación que les dieron los votos de ciudadanos desesperados para cambiar la constitución con el fin de perpetuar la guerra es algo perverso.

LLAMADO A LA ACCIÓN

Desde el Nodo de Derechos Humanos les pedimos su apoyo:

Enviando por Twitter:

@lopezobrador_ @mario_delgado1 @lic_guillermina @M_OlgaSCordero La pacificación con uso de la fuerza deriva en miedo y violencia, para tener seguridad y paz necesitamos proceso de reconstrucción de los lazos comunitarios de confianza #JuntosHaremosLaGuerra #GuardiaNacional

@lopezobrador_ @mario_delgado1 @lic_guillermina @M_OlgaSCorder No existen soluciones simples para la situación de guerra en México, pero lo más peligroso, como siempre ha sido, son las soluciones simplistas y autoritarias #JuntosHaremosLaGuerra #GuardiaNacional

@lopezobrador_ @mario_delgado1 @lic_guillermina @M_OlgaSCorder La lógica de seguridad pública que impulsan prioriza la protección del Estado con acciones reactivas, en lugar de estrategias preventivas para el bienestar ciudadano #JuntosHaremosLaGuerra #GuardiaNacional

@lopezobrador_ @mario_delgado1 @lic_guillermina @M_OlgaSCorder Los votos de ciudadanos desesperados los pusieron en espacios de representación, usarlos para cambiar la constitución con el fin de perpetuar la guerra es algo perverso #JuntosHaremosLaGuerra #GuardiaNacional

Enviando por correo electrónico mensajes por correo electrónico a los Diputados de la LXIV Legislatura:

• La pacificación con uso de la fuerza deriva en miedo y violencia, para tener seguridad y paz necesitamos proceso de reconstrucción de los lazos comunitarios de confianza

• No existen soluciones simples para la situación de guerra en México, pero lo más peligroso, como siempre ha sido, son las soluciones simplistas y autoritarias

• La lógica de seguridad pública que impulsan prioriza la protección del Estado con acciones reactivas, en lugar de estrategias preventivas para el bienestar ciudadano

• Los votos de ciudadanos desesperados los pusieron en espacios de representación, usarlos para cambiar la constitución con el fin de perpetuar la guerra es algo perverso

Nodo de Derechos Humanos

Twitter: @nodho

Facebook: /nodo.derechos.humanos