El día de hoy el ecocidio adquirió una nueva prenda para disfrazar el saqueo y se llama “Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac, Puebla y Tlaxcala”. No es un afán de no querer darles el beneficio de la duda, el problema es que de duda hay poco. Por lo menos en Puebla, cada vez que las palabras “ordenamiento” y “ecológico” aparecen juntas en un asunto gubernamental se convierten en un banderazo para la mercantilización de la naturaleza, basta recordar la Reserva Ecológica Atlixcayotl donde ahora en lugar de árboles hay coches y en lugar de tierras de cultivo hay supermercados, escuelas privadas y fraccionamientos exclusivos. Es
decir, que los planes gubernamentales “ecológicos” no sólo no cumplen su presunto propósito, sino que además se convierten en un mecanismo de saqueo de recursos y desplazamiento de poblaciones.

Esa suspicacia se alimenta en éste caso específico, hay que agregar, por dos elementos importantes. El primero es que en un acto de hipocresía y en un intento de burda legitimación convocan a integrar ese nuevo organismo al movimiento de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, integrantes del Congreso Nacional Indígena, a quienes no sólo no han escuchado, sino que han reprimido ambos gobernadores de la actual administración poblana y y por el gobierno federal de López Obrador. No es sorpresa que el movimiento de Pueblos Unidos rechazara públicamente la invitación a estar en ese Comité, pues es en realidad una invitación a legitimar el saqueo, el despojo y el deplazamiento de sus propias comunidades.

El segundo es que hace poco más de un año el gobierno poblano y el tlaxcalteca hacían una consulta a modo del entonces anteproyecto para el “Plan Metropolitano Puebla Tlaxcala” que pretendía el “Desarrollo de un Sistema Urbano-Rural policéntrico con ciudades y localidades
interrelacionadas.”, que dicho de otra manera pretendía urbanizar las zonas rurales y usarlas como reservas de recursos saqueables. Además, incluía un “Sistema Metropolitano del Agua” hablaba de sustituir pozos artesanales por agua tratada y una nueva “gestión del agua” que abre la puerta a privatizaciones, a la sobre explotación de acuíferos y a la criminalización de las formas de gestión del agua de los pueblos de la región.

Tomando solo los puntos que más saltan a la vista del proyecto se puede ver que la palabra reordenamiento y ecológico realmente implicarán despojo y seguirán apostando a la política de saqueo y ecocidio que otros gobiernos y éste se han empeñado en ejecutar a pesar de que el planeta está atravesando un colapso climático de graves dimensiones.

El planteamiento del Comité, el discurso de la secretaria Albores y lo que aparece planteado en los sitios web de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala están plagados de lugares comunes que usan los gobernantes para esconder planes devastadores, como que “se promoverá la formulación de programas para el uso adecuado del territorio y en el que participarán la academia, organizaciones sociales y empresariado” o que “los tres niveles de gobierno cumplen con la obligación de proteger las reservas territoriales”. No plantea la consulta a los pueblos y comunidades que se verán afectadas, esconde bajo un lenguaje eufemístico y presuntamente democrático las prácticas caciquiles que en todos esos municipios han permitido la instalación de empresas que están generando un ecocidio sistemático.Tras el planteamiento del impulsar el aprovechamiento de esas zonas y generar “beneficios económicos para las familias” se anuncia nuevamente ese proceso de guerra neoliberal ahora bautizada como progresismo, el de destrucción-despoblamiento y reconstrucción-reordenamiento para generar nuevos negocios.

Externamos nuestra preocupación por lo que venga después de la instalación de éste Comité, consideramos que quiénes realmente deben de opinar sobre el uso del territorio son los pueblos que históricamente han defendido la tierra, el monte y el agua. Que un proceso de verdadera defensa, cuidado y restauración del medioambiente no vendrá desde arriba, menos desde el doble discurso y la transformación que no ha hecho más que reforzar y no desmantelar las prácticas criminales de Estado y corporaciones.

Nodo de Derechos Humanos (NODHO)

Hoy el Gobierno de la Ciudad de México decidió, en plena madrugada, intentar desalojar violentamente a la comunidad Otomí de la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores”. Seguramente los titulares de ésta mañana estaban listos con frases como “recupera el edificio”, aderezados con palabras como “choque” o “enfrentamiento”, como se estila decir desde el poder cuando desde arriba se trata de aplastar a quienes desde abajo luchan por la dignidad. Pero la realidad es que la comunidad Otomí mostró que la digna rebeldía es capaz de resistir los cobardes madruguetes de quienes ven en el etnocidio una oportunidad para hacer de la ciudad un negocio o un botín electoral.

La soberbia, racismo e incapacidad de Martí Batres de ver el México que existe más allá de sus mezquinos proyectos le impide ver una verdad muy simple, nunca antes un edificio público había servido más a los pueblos indígenas de México que desde que el del INPI fue liberado por la comunidad Otomí. Lanzó éste operativo porque en su lógica el Estado es un patrimonio y el edificio del antes Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es de los funcionarios y burócratas en turno, no de los pueblos indígenas.

Para quienes gobiernan arriba lo indígena sólo les interesa cuando puede mercantilizarse como folcklore en los teatros y museos, como artesanía en las boutiques para turistas o como un conjunto de símbolos que usan con oportunismo e hipocresía cuando los tiempos electorales lo requieren, sea haciéndose pasar por Otomíes como Xochitl Gálvez o con escenas manipuladoras como la de López Obrador entregando un bastón de mando a Claudia Sheinbaum.

Visto desde arriba, el edificio debería ser el INPI para poder repartir limosnas a los pueblos que se busca desaparecer con megaproyectos extractivos. Para quienes luchan desde abajo ese edificio ha sido un centro de diálogo entre pueblos, de fortalecimiento de sus identidades políticas, de organización de la defensa de sus territorios y de los ecosistemas que habitan y protegen.

El intento de desalojo usando al presuntamente desaparecido cuerpo de granaderos de la policía de la Ciudad de México y el paso de unos motociclistas disparando son un aviso, como muchos otros que han precedido a tragedias y crímenes de Estado. Arriba se avecina una pelea sucia y mentirosa llamada proceso electoral en donde las élites se disputarán quien va a administrar y monetarizar el infierno, una pelea que se seguirá pagando abajo con dolor y sangre.

Arriba tienen prisa por eliminar a todo aquello que no les sirve para controlar votos y ganar elecciones, sean comunidades Zapatistas en Chiapas o edificios ocupados en la Ciudad de México. Abajo, en todo el mundo, los ojos de gente honesta y digna están mirando directamente a la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores”, vigilando que ese edificio pueda seguir sirviendo para y a quienes debe servir.

Nodo de Derechos Humanos (NODHO)

¿Qué hacía antes el gobierno en México cuando un grupo armado mata a un indígena que acompaña a su pueblo por el camino de la resistencia? Ruido, pantomima, silencio, nada. ¿Qué hace ahora el gobierno cuando algo así ocurre? Ruido, pantomima, silencio, nada. Estamos a un año del asesinato de Álvaro Sebastián Ramírez afuera de su casa, el mismo que pasó 20 años preso por organizarse con el pueblo Loxicha, por anteponer a su comunidad por encima de intereses de caciques en todas sus versiones, que en Oaxaca abundan y prosperan bajo la complacencia de quienes gobiernan.

A un año de su asesinato la verdad y la justicia siguen el mismo camino de impunidad y olvido como ha ocurrido y ocurre con tantos otros en el México de abajo, como ocurre con Samir Flores, como ocurre con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por qué esas muertes quedan impunes, porque para quienes gobiernan no hay nada más atemorizante que cuando ser indígena se vuelve sinónimo de resistencia y rebeldía, porque la impunidad es el mensaje para quienes cometen esos crímenes como para quienes son sus víctimas. El mensaje de la impunidad es que matar indígenas que se opongan ser un adorno folclórico del poder se puede. El mensaje de la impunidad es que si eres indígena y defiendes tu comunidad en contra de caciques, empresas extractivistas y la larga lista de criminales poderosos, para el Estado no tienes ni siquiera el derecho a la vida.

A un año del asesinato de Álvaro Sebastián queremos decir que el México de abajo no olvida, que los y las compañeras de La Voz de los Zapotecos Xiches en Prisión no caminan solas, que la memora seguirá señalando incansable a los criminales del poder y a quienes con ruido, pantomimas y silencio los encubren y promueven.

Nodo de Derechos Humnanos

La muerte de por lo menos 41 migrantes atrapados en un incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez debe nombrarse como lo que es: un crimen.

La cuestión es quién cometió el crimen, quién lo dejo pasar, qué estructuras, políticas y prácticas establecieron las condiciones para que ocurriera, quién lo puede o no encubrir. La cadena de violaciones a sus derechos humanos es larga y la tragedia final es resultado de las políticas nacionales y globales contra las y los migrantes. Como lo dijo la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, las necropolíticas migratorias son un genocidio silenciado, lo son en Europa, lo son en Norteamérica. Es una decisión de Estado que se replica con crueldad burocrática dejarlos morir en el mar, en el desierto, en una estación migratoria.

El video difundido el día 28 de marzo de 2023, muestra que los funcionarios del INM decidieron no abrir las puertas, decidieron no apagar el fuego, decidieron dejar que murieran. Cuando gobernación emite un informe lamentando los hechos, pero solo rechazando enérgicamente “los actos que derivaron en esta tragedia”, lo que está optando por hacer es guardar silencio acerca de la decisión de dejar morir a los migrantes y dar espacio a que la condena social se centre en el hecho de que los migrantes hayan provocado un incendio.

Ni el comunicado gubernamental, ni la mención del presidente López Obrador en su conferencia mañanera abordan las causas que llevaron a eso, que prender fuego fue una forma de protesta porque no les daban agua, porque los trataron de forma inhumana, porque siempre los han tratado de forma inhumana. La tentación de colocar como criminales a los migrantes puede derivar en el burdo discurso justificante del crimen del 27 de marzo, de la política criminal que implica el encarcelamiento de migrantes en las estaciones del INM y de la política de violencia estructural sobre quienes transitan indocumentados por México, sea por sometimiento a Estados Unidos o por nacionalismo.

La cruda realidad que vivimos a nivel global, que ha implicado la masiva ejecución de prácticas atroces por parte de los Estados, ha llevado a la conclusión de que para hablar de justicia no basta la ley. Cuando la ley no alcanza a expresar la magnitud de los daños y la responsabilidad sobre la ejecución de éstos es necesario recurrir a la condena social y a dejar de aprobar la ejecución de esos actos para que dejen de ser “normales”, la idea de que migrar sin documentos es un delito y la violencia contra quienes lo hacen deben dejar de ser normalizadas.

En este atroz caso existen suficientes argumentos legales para decir que lo ocurrido fue un grave acto criminal. Para empezar el Artículo 1 de la Constitución Mexicana establece que en territorio mexicano todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Según la Ley de Migración de México se deben respetar de forma irrestricta los derechos humanos de las y los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria y en ningún caso una situación migratoria irregular ha de preconfigurar por sí misma la comisión de un delito ni el prejuzgamiento de la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

No hay argumentos para justificar el trato del que fueron víctimas los migrantes calcinados en el centro de detención del INM. El marco jurídico mexicano es uno de los pocos que les reconocen derechos básicos a los migrantes indocumentados, pero ese reconocimiento legal se queda en el papel, el INM es en los hechos una estructura policíaca que los caza y los trata como “ilegales” y “criminales”, y eso ha hecho que sus funcionarios se sientan con el derecho a decidir sobre su vida y muerte , incluso frente a las cámaras, frente a todas y todos.

Si el Estado mexicano deja impunes a los agentes responsables de esa estación y a los que en ese momento optaron por simplemente dejar que los migrantes detenidos murieran, si no se sigue la cadena de mando de ese instituto, si no se elimina el encarcelamiento de migrantes en las estaciones del INM como práctica, si no se modifica la política migratoria que se ha convertido en el muro de Estados Unidos a la migración, se confirmará como un crimen de Estado.

Decir todo ésto no es politizar el asunto, como le decían administración anteriores y como le dicen ahora desde la 4T a toda crítica. Las prácticas criminales, sistemáticas y rutinizadas del Estado mexicano son añejas, sabemos que esto no es un asunto sexenal y que ésta crueldad vuelta rutina tiene padrinos, que por cierto, se esconden, se mantienen en la impunidad y se atreven hipócritamente a condenar lo que ellos también provocaron.

La muerte de los 41 migrantes no fue un accidente, ésto lleva a la necesidad de señalar responsables. Como es sabido existen diversos tipos de responsabilidad en tratados internacionales y en el derecho internacional que establecen la responsabilidad penal de los individuos que permitieron, contribuyeron o participaron en la ejecución de graves crímenes internacionales, para lo cual existen diversos tipos de participación, como la coautoría, la orden, la complicidad y la responsabilidad de mando. Sobre esos tipos de participación tiene que haber justicia, no solo sobre los agentes que participaron directamente en el crimen y del cual hay una clara prueba. La complicidad es el centro de éste dejar hacer, dejar morir que no podemos aprobar.

Lo que se está jugando en este caso y el riesgo de impunidad estructural, es la aberrante posibilidad de que se permitan socialmente estos tratos a las y los migrantes, que cada vez son más y serán más debido a las graves situaciones de guerra, calentamiento global y crisis humana que padecemos a nivel planetario. El acto de dejar morir ejercido por los agentes migratorios no puede convertirse en una sociedad que deja morir o estaremos condenados a dejar pasar más atrocidades, más crímenes de poder, más crímenes de Estado, más trato inhumano como práctica normalizada.

La migración es resultado de la necesidad de buscar mejores condiciones de supervivencia, negar el derecho a migrar significa negar la posibilidad de encontrar precisamente eso. La mayoría de los países que se enriquecieron con el dominio y saqueo colonial que ejercieron, ahora cierran las puertas a quienes migran de los países que fueron saqueados, es la lógica colonial que persiste, sin embargo, que México, un país que vivió ese dominio y saqueo, que vive en buena medida de la migración indocumentada, criminalice a los migrantes al punto de dejarlos morir calcinados es simplemente atroz.

¿En qué momento México se convirtió en la frontera del norte, en esa que desprecia, caza y deja morir a quienes caminan desde el sur?

La reactivación del proceso judicial en contra de Miguel López Vega, a pesar de que ya se había demostrado y determinado judicialmente que no existían suficientes pruebas que sustentaran los cargos, deja claro que la lógica colonial y ecocida persiste en la 4T poblana. Más allá de los tecnicismos legales con los que se pretende legitimar ésta injusticia, como se ha hecho cada vez que el Estado Mexicano quiere reprimir procesos de resistencia, el fondo es que quienes deberían usar la ley para proteger a las personas y los ecosistemas de Puebla parecen optar por beneficiar a quienes hacen de la devastación de la tierra y el envenenamiento del agua un negocio.

La amenaza juridizada que pende sobre Miguel López Vega difícilmente puede verse como el resultado de la inercia de la burocracia judicial, no cuando la amenaza es resultado directo de su oposición al envenenamiento del Río Metlapanapa por los deshechos del complejo industrial conocido como Ciudad Textil. No es coincidencia que sea parte del movimiento de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca que han detenido el saqueo de agua por parte de la embotelladora Bonafont, subsidiaria de Danone. No se puede pretender que no tiene que ver con su participación en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua que se ha opuesto a la construcción de Proyecto Integral Morelos, antes denunciado y ahora defendido por Andrés Manuel López Obrador. La amenaza judicial contra Miguel López Vega difícilmente puede entenderse como otra cosa que no sea el intento de desgastar esos procesos de resistencia en los laberintos burocráticos del sistema de justicia.

Podemos imaginar que la idea de Miguel López Vega preso provoque una perversa y mezquina sonrisa en los rostros de Francisco Rivera Taja, presidente del Parque Industrial Ciudad Textil; o de Mariano Perotti, director general de Bonafont; o de Antonio Llardén, presidente de Enagás; o de Andrea Colombo, CEO de Bonatti; o de Joaquin Fernandez de Pierola Marin, CEO de Abengoa. Será tal vez una sonrisa por sentirse un paso más cerca de alimentar el hambre avariciosa de su reporte trimestral. Será una sonrisa burlona por saber que doblaron nuevamente la ley en México, como lo hicieron en gobiernos anteriores.

Que esa sonrisa quede en la perversa imaginación de los perversos depende de quienes sabemos que el planeta se defiende como lo están haciendo los pueblos cholultecas, los pueblos indígenas y rebeldes del abajo mexicano, depende de algo más que la solidaridad, de una urgente necesidad de dejar de guardar silencio y aprobar la normalización de éstas prácticas criminales del Estado. La dignidad de los pueblos nahuas y la solidaridad del mundo que hace suya ésta lucha por la justicia serán cruciales no sólo para evitar que Miguel López sea encarcelado, también para que las luchas de las que es parte logren frenar la destrucción convertida en dinero.

Mientras el planeta enferma tenemos la posibilidad de quedarnos callados pensando en los cambios individuales para hacer la destrucción más “amigable con el medio ambiente” o podemos tratar de caminar y acompañerearnos con esas experiencias que han sabido resistir durante siglos a quienes quieren conquistarlos, despojarlos y eliminarlos, que saben defender lo suyo para que sea de todos.

Nodo de Derechos Humanos

Hoy la narrativa anti-neoliberal de la presunta 4T perdió toda legitimidad y demostraron que cuando se trata de la defensa de la vida y de los pueblos de éste país no hay ninguna transformación sino la continuidad del desprecio, el despojo y la represión que caracterizaba a quienes hoy desde la derecha se son sus contrincantes para ocupar los espacios de poder. El operativo de desalojo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla, hoy a la 1:20 de la madrugada en contra de la Altepelmecalli (Casa de los Pueblos) y los Pueblos Unidos de la región cholulteca en favor de Bonafont, filial de la empresa trasnacional Danone demuestra la vocación violentamente neoliberal de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa.

Seguramente hoy escucharemos la tradicional narrativa estatal de la “restauración del estado de derecho”, “hacer valer la constitución o la ley”, de las “minorías provocadoras” y demás lugares comunes que los gobiernos de antes ya ahora utilizan para tratar de hacer que la represión parezca un
acto institucional legítimo. Pero no lo es. La ley, la constitución y el estado de derecho sólo tienen sentido si sirven para proteger la vida y la dignidad de quienes están bajo su supuesto cobijo, no para favorecer la extracción y comercialización voraz de un pequeño grupo de empresarios con alcance transnacional que pone en riesgo la vida y la dignidad de los pueblos y territorios que se alimentan del agua que quieren nuevamente embotellar y vender.

Ésta madrugada, los gobiernos federal de México y estatal de Puebla privilegiaron la privatización del agua para beneficio de Bonafont-Danone frente al derecho al agua de los 20 pueblos que llevan décadas tratando de proteger el agua que les da vida y nos da vida a todas y todos. Luis Miguel Barbosa y Andrés Manuel López Obrador, exactamente igual que todos los sexenios anteriores creen que el bien común está en que una empresa trasnacional que emplea a 357 personas con salarios que en conjunto difícilmente superan los 100 mil pesos diarios (eso si no se los descuentan por no manifestarse en su defensa), siga extrayendo un millón 640 mil litros de agua cada día y vendiéndolos en 3.28 millones de pesos diarios, y que las sequías y los socavones vuelvan a amenazar a las decenas de miles de habitantes de los 20 pueblos que en asamblea, en marzo de 2021, decidieron clausurar la planta de Bonafont para recuperar su agua.

A la 1:20 de hoy, para los pueblos de la región de Cholula en Puebla, para los pueblos indígenas de todo el país, para la gente que todavía logra sentir la injusticia más allá de la retórica o el afán por el escándalo, para el mundo quedó claro que para quienes gobiernan México lo que importa es el negocio del agua y no el derecho al agua. Es uso criminal de la ley que es costumbre institucional en México se confirma nuevamente.

Hoy es un día en el que como los ríos, la solidaridad fluirá hacia los Pueblos Unidos. Hoy el agua debe resistirse al cautiverio y con toda su fuerza y presión lograr que Danone-Bonafont no pueda seguir saqueando y lucrando con el agua que es de todos. Hoy López Obrador y Barbosa Huerta voltearon las armas del Estado Mexicano en contra del pueblo que dicen defender para favorecer a las empresas multinacionales que dicen querer contener. Su deprecio por los pueblos se hace cada vez más evidente, y ante esas agresiones los pueblos harán lo que siempre hacen cuando el poder amenaza y pretende someterlos, resistir y luchar.

1.- Lo que ahora es una amenaza es que así como parecen conducirse con la misma lógica represiva y de protección del interés privado sobre el púbico, los gobiernos federal y estatal decidan usar el aparato judicial para criminalizar a lo/as defensores del agua. No se puede permitir a estas alturas, no se puede aceptar que los verdaderos criminales sean tratados con preferencia y se coloquen sobre el interés común y que como suelen hacer ahora se persiga a quiénes sostuvieron el plantón en la Casa de los Pueblos y la defensa del agua.

2.- Los gobiernos estatal y federal no pueden mantener una retórica de “transformación” sin abrir una investigación contra los empresarios de Bonafont-Danone por delitos al medio ambiente ante las denuncias documentadas por Pueblos Unidos y las organizaciones solidarias que han acompañado su proceso.

3.- El calentamiento global y la crisis climática está dejando ver con claridad que el ecocidio es provocado por empresas multinacionales que cometen crímenes corporativos contra el medio ambiente y contra la humanidad cobijados por la impunidad que les otrogan los Estados. Esos
daños no pueden quedar impunes y requieren de particular atención, si este gobierno no está dispuesto a perseguir los crímenes ecológicos entonces son responsables por complicidad y/o por omisión de los mismos crímenes. Para denunciar lo referente a esos delitos existen caminos internacionales que bien pueden comenzar a darse si éstos dos niveles de Gobierno (estatal y federal) persisten en encubrir estos crímenes multinacionales corporativos.

4.- Llamamos a las personas que tienen ojos abiertos y el corazón crítico a que manden mensajes por Twitter (o por las vías que consideren más efectivas) a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México @lopezobrador_ ; a Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla@MbarbosaMX ; a Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone @maestraccimat ; y a Mariano Perotti, director general de Bonafont @M_Perotti1 , diciendo:

• No aceptaremos la criminalización de los defensores del agua y la impunidad de los criminales que la vuelven negocio @lopezobrador_ @MbarbosaMX @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

• @BonafontMexico y @Danone no pueden seguir teniendo una concesión para seguir lucrando salvajemente con el agua de los pueblos @lopezobrador_ @MbarbosaMX @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

• El #Altepelmecalli debe ser nuevamente un espacio público bajo la custodia de las comunidades que defienden el agua @lopezobrador_ @MbarbosaMX @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

• El derecho al agua está por encima de cualquier tecnicismo legal para convertirla en negocio privado @lopezobrador_ @MbarbosaMX @maestraccimat @M_Perotti1 #AltepelmecalliSeQueda #BonafontNoVuelve

Y a sumarse a las convocatorias de los Pueblos Unidos y las múltiples iniciativas solidarias que desde diversos esfuerzos están surgiendo para apoyar a quienes desde hace meses, años décadas y siglos desde un rincón de la geografía poblana defienden el agua de todo el planeta.

Nodo de Derechos Humanos

El gobernador Barbosa de Puebla en un intento por justificar la represión en contra de las estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” dijo que llegaron “varones, normalistas de otras normales rurales del país, parece que sobre todo de Ayotzinapa para provocar violencia” y en un macabro paralelismo, tras una agresiva represión detienen a 43 estudiantes, sí, a 43.

La justificación gubernamental de “venían a provocar violencia” para reprimir, encarcelar, desaparecer y matar estudiantes no es una innovación de Barbosa o de la llamada 4T, hemos visto ediciones anteriores en cada represión a movimientos estudiantiles desde esta año hasta 1968.

Tal vez podríamos hacer un monumental esfuerzo por darle el beneficio de la duda al gobernador Barbosa, pero cuando tiene a violentos represores como Ardelio Vargas llegan de inmediato las imágenes de Atenco y Oaxaca, de Chignahuapan y la Ley Bala, y la administración de Barbosa se
empieza a confundir con la de Moreno Valle.

El conocido discurso de “venían a provocar violencia” empieza a desmoronarse cuando volteamos al sureste y llegamos a Mactumatzá en Chiapas y vemos que el gobernador Escandón ha optado por la misma vía de “diálogo” con los normalistas. Parece que la represión es nuevamente una política de Estado, una política que más allá de cómo se encuadre en los marcos jurídicos viola gravemente los derechos humanos y busca ocultarse, disfrazarse.

El caso Ayotzinapa sigue abierto y la responsabilidad de agentes y estructuras del Estado sigue oliendo a impunidad. Con las acciones de Barbosa y Escandón en contra de las y los normalistas, con represores y criminales que se mantienen impunes y se reciclan en funciones Estatales transexenalmente, los crímenes de Estado del pasado se vuelven del presente. Las mismas prácticas se repiten y se repite el discurso oficial que las pretende ocultar.

En tiempos electorales todo se vuelve turbulento y todo se vuelve electoral aunque no lo sea. Estamos ante administraciones que utilizan la legitimidad electoral que les dieron los votantes que buscan un cambio de rumbo para repetir las mismas prácticas represivas de sus antecesores, y estamos ante una oposición electoral que utiliza lo que sea para volver a estar en una posición en la que puedan cometer las mismas atrocidades.

Creemos que es fundamental seguir señalando los actos represivos, a quienes los cometen, a quienes los encubren, a quienes los aprovechan. La necesidad de señalar actos inhumanos y represivos no puede desaparecer mientras las mismas prácticas se siguen reproduciendo. No se trata de liberales y conservadores, de chairos y fifís, se trata de tener la capacidad crítica para señalar y denunciar lo que vemos y sabemos que es injusto, tengamos esperanza o no en las actuales administraciones. El derecho y la necesidad de disentir no es algo que se deba de sacrificar, el silencio ante la injusticia no puede ser una opción.

Nodo de Derechos Humanos