El día 19 de marzo de 2010 la Comisión Jurídica de Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y el Nodo de Derechos Humanos (NODHO) fuimos informados de que la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) a cargo de Rodolfo Igor Archundia Sierra, a través del Ministerio Público (MP) Javier Carrión Jiménez, consignaron ante la Juez Segundo de lo Penal en Puebla, Rosa Celia Pérez González una averiguación previa por el supuesto delito de “daño en propiedad ajena” en contra de 2 Defensoras de Derechos Humanos y 15 Maestros, los mismos que fueron detenidos arbitrariamente el 10 de junio de 2009 durante la represión en contra de una manifestación del magisterio.
Hechos:
El día 19 de marzo se nos informa que desde el día 5 de marzo la PGJ que encabeza Rodolfo Igor Archundia Sierra, a través del MP Javier Carrión Jiménez consignó ante la Juez Rosa Celia Pérez la Averiguación Previa 400/2009/-DMS-3º/DMS-II por el supuesto delito de “daño en propiedad ajena” en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Secciones 23 y 53 (sic) y solicitando la detención de Tamara San Miguel Suárez, Itzel Sánchez Martínez, ambas integrantes del Nodo de Derechos Humanos; de Mariano Rolón Castelán, Evaristo Matero Hernández, Lourdes Valderrábano Teresa, María de Jesús Herrera López, Marcelino Becerra Sollo, Justino Jacinto Rosas, Floriberto Vergara Cañongo , Rosa Isela Hernández Viderique, Mario Rubén Caamaño Lara, Gregorio Martínez Hernández, Marcelino Vázquez Ildefonso, Verónica Ramírez Jarquin, Lorena Ramírez Jarquin, Manuel Morales Espíndola, Élfego Márquez Luna, todos integrantes de Consejo Democrático Magisterial Poblano. Los 17 acusados son los mismos que fueron golpeados y detenidos arbitrariamente el 10 de Junio de 2009 por Policías Ministeriales, Policías Estatales, Policías Metropolitanos y Policías Municipales de Puebla, cuando el Gobierno del Estado de Puebla a cargo de Mario Marín Torres reprimió una manifestación del magisterio en contra de la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE). Los 17 detenidos el 10 de junio quedaron en libertad y posteriormente presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y ante la PGJ (No. 386/2009), misma que fue archivada el 17 de Febrero por la propia procuraduría poblana.