8 de julio de 2025
Olga Maribel Betanzos Fuentes, originaria de Eloxochitlán de Flores Magón y maestra de la Secundaria Técnica 225 en Huautla de Jiménez comparece hoy ante el juez Constantino Santiago Agustín por acusaciones de robo e incendio por hechos que presuntamente ocurrieron en 2014 y que están en el expediente 16/2016. Resulta extraño porque el delito de daño por incendio prescribió pues han pasado 9 años 5 meses, lo que supera por mucho los 6 años de prescripción. Que el juez Santiago Agustín emita una orden de aprehensión tomando en cuenta un delito claramente prescrito por lo menos lo hace parecer como un acto de mala fe o de desconocimiento legal. En ambos casos es grave pues implica la probabilidad de que el juez sea parcial o negligente.
Además, llama la atención que el juez dicte las órdenes de aprehensión a meses de que prescriba el delito de robo, pues parece tener la intención de “reiniciar el reloj” para evitar que prescriba.
A esto se suma que las cinco órdenes de aprehensión en contra de la maestra Olga Maribel son parte de una reactivación masiva de 200 órdenes de aprehensión contra 56 habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, todas relacionadas a denuncias de 2014 presentadas por la familia Zepeda, reconocidos caciques de esa región y entre quienes destacan el presidente municipal de Eloxochitlán, Manuel Zepeda, y la diputada Elisa Zepeda.
Este caso se dan en un contexto de criminalización a la que ha sido sometida la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón desde hace una década por parte de la familia Zepeda, lo que ha derivado en una interminable lucha jurídica que los pobladores han ido sorteando victoriosamente, en desplazamiento de por lo menos 14 personas y en la sobreexplotación y contaminación del río Xangá Ndá Ge.
Que el juez reactive masivamente órdenes de aprehensión, con delitos prescritos contra pobladores que resisten al dominio caciquil y defienden su territorio y su agua de la devastación tiene rasgos claros de represión y de un uso discrecional del aparato judicial. Esto ha dado cuenta de las líneas difusas entre caciques, gobernantes y jueces.
Es una práctica común en Oaxaca, y en México, reciclar acusaciones encuadrándolas en delitos distintos cuando son desechados, pues es una manera de mantener una ofensiva en contra de activistas, defensores de derechos humanos o del territorio. Es una forma de represión judicial sustentada en tecnicismos legales y en la actuación impune de jueces que se alinean a las lógicas caciquiles de control, dominio y sometimiento, lo que alimenta una impunidad estructural y deja en la indefensión a comunidades que padecen los crímenes cometidos por esas estructuras y por ese sistema. Esas redes criminales de poder que difuminan las líneas entre actores gubernamentales, judiciales y caciquiles favorecen una gestión diferencial de ilegalismos en la que las leyes y el aparato de justicia se convierten en herramientas de control y violencia para sostener un sistema de abusos, no para combatirlo.
Nodo de Derechos Humanos
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