Las Mujeres Mazatecas por la Libertad denunciaron la presencia el 13 de mayo de camionetas aparentemente de civiles junto con patrullas de la Policía Estatal y personal de Seguridad Pública dentro de los barrios Mina de Oro y Escopeta de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón,en un operativo que a decir de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no fue ordenado por ellos y cuyo objetivo no ha sido revelado.

Este operativo ocurre en un contexto de más de diez años de hostigamiento caciquil, de criminalización a quienes se oponen a la familia Zepeda, con un aparato judicial capturado y en un estado en el que las agresiones contra quienes defienden el territorio son prácticamente cotidianas y brutales. Esto además de la estrecha cercanía de la diputada Elisa Zepeda (hija del principal cacique de Eloxochitlán) con el gobernador oaxaqueño Salomón Jara y su cercanía con empresas mineras. Además de la actividad extractiva en la comunidad que es parte de los negocios de la familia Zepeda, está la amenaza de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas, ordenadas por el Juez de Huautla, a través de un presunto trámite de apelación a 10 años de los supuestos hechos.

Lo anterior presenta un clima de alto riesgo que nos lleva a TEMER POR LA SEGURIDAD de:

• Las Mujeres Mazatecas por la Libertad

• Defensoras del río Xanga Ndá Ge y opositores a la extracción de piedra.

• Las14 personas citadas el 23 de abril y las 56con órdenes reactivadas.

• El fotoperiodista David Peralta Betanzos y otros comunicadores locales.

   

Es URGENTE:

1. Detener e investigar y sancionar a quienes realizan operativos cuyo único propósito visible es generar un clima de terror en la comunidad

2. Anular las 200 órdenes de aprehensión reactivadas contra defensores comunitarios y revisar la actuación del juez Constantino Santiago de Huautla de Jiménez.

3. Investigar el vínculo entre la explotación del río y la montaña por la empresa de la familia Zepeda Lagunas y el hostigamiento policial.

Hacemos un llamado a:

• Replicar y sumarse a la ALERTA emitida por la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón

• Exigir vía redes sociales a l gobernador, al fiscal y al secretario de seguridad de Oaxaca el cese al hostigamiento a la comunidad y la protección a caciques (x: @salomonj @FiscalOaxaca @IvanGarcia_A ; Instagram: @salomonjarac @fiscalia_goboax ; Facebook: Salomón Jara Cruz, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Iván García Álvarez)

Después de la reunión efectuada el 5 de mayo entre la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero y el Gobierno del Estado de Puebla, Alejandro Armenta pidió a «los opositores» permitir que la empresa PRO-FAJ Hidrolimpieza realice las acciones de mitigación y abandono del sitio. Incluso afirmó que han impedido el ingreso de la empresa al basurero para realizar dichas acciones, lo que —según él— forma parte del proceso de abandono del sitio y «está generando un mayor daño ambiental, pues se siguen filtrando lixiviados a los mantos freáticos».

Ante estas declaraciones, consideramos inaceptable que se culpe a las y los defensores del medio ambiente por el daño ambiental, cuando en realidad el cierre del basurero por más de un año ha logrado frenar el ecocidio ejecutado por PRO-FAJ, con la complicidad de distintas administraciones gubernamentales, incluida la actual.

Parece que una característica del gobierno de Armenta es la criminalización de los movimientos sociales y la mentira reiterada. Las maniobras utilizadas para evitar un cierre definitivo y transparente del basurero evidencian una simulación más, un doble discurso y el uso de una política opaca, basada en acuerdos engañosos que recuerdan más a las viejas prácticas de poder que a la supuesta transformación.

Lo que Armenta exige a la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero no puede interpretarse sino como una coartada para permitir que PRO-FAJ retome la operación del basurero. Tras la sistemática negligencia del gobierno en este tema, no se puede confiar en que permitir el ingreso de PRO-FAJ, como lo propone Armenta, sea realmente un paso hacia el cierre definitivo. Avanzar en ese sentido requiere voluntad política y transparencia, con acciones certificadas públicamente que demuestren que el cierre es inminente y legal. Todo lo demás son simples maniobras políticas y juegos con operadores que se prestan al engaño y a la simulación.

Por otro lado, recordemos que el monitoreo de biogás, lixiviados y acuíferos es una de las responsabilidades establecidas en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para una operación adecuada, así como para la medición y control de los impactos ambientales. El monitoreo de biogás debía especificar los parámetros de composición, explosividad y flujo; el monitoreo de lixiviados debía contar con un programa periódico para medir pH, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y metales pesados. Asimismo, el monitoreo de acuíferos debía realizarse mediante pozos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del relleno.

Preguntamos al gobernador Armenta, a la SEMARNAT y a PRO-FAJ: ¿Dónde están esos monitoreos que debieron realizarse durante los 17 años de operación del sitio? La ausencia de monitoreos periódicos refuerza, una vez más, la urgencia de impedir —como ya han dicho los pueblos— que entre un kilo más de basura, así como de garantizar una cobertura final adecuada que prevenga una tragedia por explosión de biogás acumulado, como la ocurrida en 2023 en el basurero de PRO-FAJ en Naucalpan, Estado de México, donde cuatro trabajadores quedaron sepultados bajo la basura.

Los 17 años de mal manejo del basurero de PRO-FAJ, ubicado en la carretera Cholula-Calpan, han puesto en riesgo la irreversibilidad de los daños a los mantos acuíferos, los sistemas de producción alimentaria y tierras de cultivo, la calidad del aire y la vida de las personas de la región. También han generado impactos a nivel de cuenca hidrográfica, pues la naturaleza opera de forma conectada e interdependiente.

La crisis del agua nos involucra a todas y todos. En el caso del basurero criminal de PRO-FAJ, quienes están poniendo el cuerpo por la justicia ambiental son los pueblos cholultecas. La defensa de la vida y el medio ambiente que realizan quienes Armenta llama «opositores» es un acto colectivo que ha detenido el daño, el ecocidio y los evidentes efectos sobre la salud humana que al gobierno no le importan. Por ello, el Decreto de los Pueblos Cholultecas, emitido el 14 de mayo de 2024, marca el camino que la realidad nos muestra una y otra vez: lo que no hace el gobierno, lo hacen los pueblos.

Para realizar los trabajos de mitigación, abandono y restauración del ecosistema, no se puede confiar ni en la empresa PRO-FAJ ni en el Gobierno del Estado de Puebla, cuya complicidad ha generado este ecocidio. Sin embargo, ambos son responsables de llevar a cabo estos trabajos. Por eso, la única forma de proceder sería bajo la vigilancia directa y permanente de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero, el cuerpo colectivo comisionado por los pueblos de la región para ejecutar el decreto asambleario de los pueblos.

Nodo de Derechos Humanos

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Desde hace más de diez años la comunidad de Eloxochitlán del Flores Magón, en el territorio del Pueblo Mazateco de Oaxaca, ha sido hostigada, agredida y perseguida por caciques locales enquistados en las instituciones formales y cobijados por el poder del Estado. Desde el 2 de mayo, la comunidad se declaró en alerta después de que el 23 de abril el juez de Huautla de Jiménez, Constantino Santiago, citó sin fundamento a 14 personas que ya son perseguidas políticas. Simultáneamente, elevó a trámite de apelación un caso de 2017 con la intención de revivir 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas por robo, entre quienes figuran una enfermera de más de ochenta años, una profesora jubilada y personas defensoras del río Xanga Ndá. Poco antes, el 3 de abril, el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos, quien ha investigado los daños ambientales a la comunidad, fue víctima de un atentado armado y del robo de su equipo.

La estructura caciquil encabezada por Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, hoy diputada local por Morena y Eliazar Hernández, descendiente de Juan Hernández Miramón, cacique que dominó la comunidad durante una buena parte del siglo XX, han utilizado su control sobre el juzgado de Huautla de Jiménez y su presencia en el Congreso Local para asegurar que sus agresiones en contra de quienes se les oponen y en contra del ecosistema queden impunes, y a la vez utilizar a las instituciones de justicia como armas represivas.

La persecución jurídica en contra de la comunidad de Eloxochitlán, a través del juzgado de Huautla, inicia tras el ataque de un grupo armado al servicio de los Zepeda en contra de la Asamblea comunitaria que se llevaba a cabo el 14 de diciembre de 2014 con el propósito de elegir un nuevo alcalde. En el choque desatado por el ataque dos personas murieron y hubo daños a varias viviendas. Con el control de juzgados en Huautla de Jiménez, los Zepeda impulsaron una guerra jurídica que encarceló a ocho mazatecos y obligó al desplazamiento de decenas más. Entre 2018 y 2024, la defensa logró revertir cargos y obtener la libertad de 21 presos políticos, gracias a plantones, bloqueos y la caravana que recorrió de Oaxaca a la Ciudad de México en noviembre de 2021 para exigir amnistía ante Palacio Nacional. Pese a esos avances, 14 familias siguen desterradas y un abanico de expedientes caducos pende sobre quienes se mantienen activos en la defensa del territorio.

Para la comunidad, reabrir los 56 procesos equivale a reinstalar el miedo que marcó 2014, cuando varios habitantes tuvieron que esconderse en cerros y cuevas, y mientras Miguel Peralta, antropólogo del INAH y activista originario de Eloxochitlan, era sentenciado a 50 años en un juicio plagado de contradicciones. Es claro que la familia Zepeda sigue la vieja receta caciquil de someter brutalmente a una comunidad, asegurando su impunidad a través del uso patrimonial del Estado, y cuando el sometimiento llega al límite y se convierte en rebeldía, judicializan el conflicto y utilizan al Estado para reprimir.

En el fondo del conflicto está la resistencia de las comunidades indígenas frente al sistema caciquil que rige Oaxaca. En el caso específico de Eloxochitlán está la Asamblea Ricardo Flores Magón que defiende la autonomía, los cafetales y el agua de la comunidad contra los intereses extractivos de agua, piedra y arena asociados a la empresa de la familia Zepeda. La larga lista de actos de hostigamiento, intimidación, desarticulación, persecución política, despojo y tortura da cuenta de una dinámica sistemática que exhibe la intención abierta de acabar con el proceso político comunitario autónomo de Eloxochitlán, para continuar con la devastación del territorio y el control de una zona que muestra que los ideales de Ricardo Flores Magón no son eslóganes de periódicos oficialistas, sino luchas rebeldes que laten, se defienden y resisten en el México de abajo.

En su llamado de alerta, Eloxochitlán retoma la herencia magonista: la tierra como bien común y la resistencia frente a los abusos del Estado. Hoy su demanda central es sencilla: que el Estado mexicano deje de administrar la justicia como arma política para fortalecer cacicazgos que con violencia e impunidad mantienen a las comunidades sujetas a un régimen autoritario y cruel. Su demanda es también radical en un país en el que todos los gobiernos, desde los virreyes hasta los progresistas, han construido sus redes de control territorial a partir de negociaciones y acuerdos de impunidad con el sistema caciquil.

El estado de Oaxaca está padeciendo las consecuencias de un funcionamiento institucional criminal, el asesinato de Sandra Domínguez y más de cincuenta personas defensoras asesinadas en menos de diez años son una muestra contundente de ésto. Ese fortalecimiento de redes criminales en el poder genera el ambiente propicio para que cacicazgos locales, como el que se vive en tierras mazatecas de Flores Magón, se encuentren con carta abierta para cometer atrocidades. Por eso es urgente atender la alerta que emitió la comunidad de Eloxochitlán y que dejar claro que los ojos de quienes vemos con respeto y admiración la lucha de la Asamblea Ricardo Flores Magón están mirando con atención.

Nodo de Derechos Humanos

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