Policías Estatales de Puebla, granaderos y policías municipales de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Calpan están reprimiendo a los integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero y en Defensa del Agua que mantienen el plantón pacífico frente al basurero de de la empresa PRO-FAJ. Hay reportes de detonaciones de armas cortas en contra de los manifestantes.

Desde ayer por la noche personas no identificadas retiraron los sellos de clausura de la PROFEPA sin mayor explicación de autoridad alguna y hoy llegaron civiles en motocicleta a hostigar y provocar a los integrantes del plantón para que después llegaran camiones de basura escoltados por policías municipales de Calpan y San Andrés Cholula. También reportan un allanamiento del domicilio de uno de los integrantes del plantón por parte de policías ministeriales, sin una orden judicial. A las 20:45 reportan heridos por golpes.

Por lo que han denunciado integrantes del plantón hasta las 20:00 hrs el Gobierno del Estado dió la orden de reprimir al plantón de defensores del medio ambiente. La llegada de los cuerpos policíacos con los camiones de basura representa no solamente el respaldo a la empresa PRO-FAJ sino la intención de agredir a quienes están sufriendo los daños por el crimen socioambiental que implica el funcionamiento impune de ese basurero.

PRO-FAJ es la misma empresa que operaba un relleno sanitario en Naucalpan, EDOMEX, mismo que fue clausurado el año pasado tras dos explosiones de metano que le costaron la vida a dos personas y el deslizamiento de 7 millones de toneladas de basura.

Acción Urgente:

Enviar mensajes por Twitter (X), o por cualquier otra red, a las autoridades responsables de la represión y de sus consecuencias con el #BasureroCriminal.

@SergioSalomonC
@Paola_Angon
@Mundo_Tlatehui
@GobDeCalpan
@Mary_Luisa_AG
@PROFEPA_Mx
@SEMARNAT_mx
@lopezobrador_

Y mantenernos alerta de lo que ocurra en las próximas horas.

La violencia en contra de familiares de personas desaparecidas se ha extendido en el país como práctica de complicidad criminal que obstaculiza la búsqueda. A través de la estigmatización, criminalización, agresiones directas, intimidación, así como el asesinato o incluso su propia desaparición. Resulta muy grave que en un contexto como el que vivimos en México, que quedó aún más evidenciado después de los hallazgos en el campo de concentración y exterminio, Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco en marzo del presente año, la respuesta del Estado tanto a nivel federal como del Estado de Puebla sea no solo de negación y minimización del problema, sino de justificación de actos atroces que buscan colocar a las y los agredidos como agresores.

El día de ayer, el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, en una torpe respuesta al llamado claro y directo de diálogo de las familias buscadoras, intimidó directamente a una integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, Maria Luisa Nuñez Barojas, y revicitimizó a su hijo quien sufrió desaparición forzada. No se trata de un hecho aislado. El manejo del discurso institucional sobre el derecho de familiares a la protesta, así como aquellos relacionados a ser informadas e invitadas en la búsqueda e investigación ha estado caracterizado por la revicitmización, la minimización de su lucha y el cruel juego de la simulación.

El 10 de abril el mismo funcionario aseguró que se tomarían acciones frente a los bloqueos recientes de avenidas, en los que se exige la búsqueda de personas desaparecidas. Su justificación tiene que ver con que “afectan el tráfico de mercancía, hay tránsito de mercancías de importante valor, de empresarios” y sumó que en uno de los casos “resulta que la muchachita se fue con el novio”.

Lo anterior da cuenta de las prioridades en materia de derechos humanos en el gobierno estatal: lo importante es el poder económico, cualquier movilización que interfiera en su curso debe ser interrumpida. Vale más la carga de un trailer que la vida de una persona y por eso importa más mantener las vialidades libres que hacer frente a la profunda crisis forense que hace que los cuerpos se apilen sin posibilidad de ser identificados y entregados a sus familias.

Resalta también la narrativa machista que normaliza la violencia de género, culpabilizando a las víctimas y obstaculizando su búsqueda. Seguramente el señor Aguilar Pala cree que las más de 127 mil personas desaparecidas se fueron con sus novios o novias y por eso opta por evidenciar su machismo en lugar de hacer su trabajo y generar condiciones para evitar que los feminicidios sigan siendo una constante en Puebla.

El contexto de agresiones a personas buscadoras es desolador. Señalar los eventos de agresión en contra de familiares en búsqueda es algo de suma importancia, como ha sucedido en otros casos, la estigmatización, criminalización e intimidación en declaraciones públicas puede ser el preámbulo de agresiones directas en su contra. Por ello, condenamos la criminalización e intimidación sufrida por María Luisa Nuñez Barojas y reiteramos nuestra solidaridad con las madres y familias buscadoras y colectivos a los que pertenecen.

A partir de ayer el señor Aguilar Pala tiene que hacerse responsable de sus palabras pues pueden abrir la puerta a agresiones contra María Luisa Nuñez. Como sociedad estamos pendientes, con ojos bien abiertos. La trayectoria de María Luisa Nuñez y del Colectivo la Voz de los Desaparecidos no puede ponerse en duda y goza de respeto. El respaldo social que tienen las madres buscadoras no será borrado con declaraciones como la que hoy hizo el Secretario de Gobernación de Puebla, no podemos permitir que a ojos de todas y todos se quiera desacreditar la búsqueda dolorosa que hacen las madres porque el Estado simplemente ha decidido no hacer su trabajo, porque ha decidido ocultar lo inocultable para que criminales dentro y fuera de las instituciones del Estado queden impunes.

La negativa de Armenta a reunirse con las madres buscadoras en Puebla deja muy claro que para él no “todo es amor a Puebla”, está siendo parte del ecubrimiento y la normalización de la crueldad, porque no comprende ni es mínimamente sensible al inconmesurable dolor de las madres y familias que buscan vida en una terrible dinámica de muerte, en esa fosa común que es México.

Nodo de Derechos Humanos

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Según la información que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) recibió de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), Caracol 02 Oventic, Chiapas los compañeros zapatistas José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de origen tsotsil, fueron levantados en San Pedro Cotzilnam en una operación que involucró a 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y dos vehículos civiles con personas armadas. Es 55 horas más tarde y con una creciente denuncia internacional que los presentaron en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas. Los perpetradores además allanaron violentamente las casas de varias familias Bases de Apoyo Zapatistas.

Es un levantón porque se los llevaron en una acción violenta, perpetrada por personas armadas, sin dar razón jurídica alguna y en un territorio que ha estado asediado constantemente por paramilitares y narcoparamilitares. A esto hay que agregar que en un operativo legal, la persona detenida tendría que haber sido trasladada de inmediato a una fiscalía, y si el trayecto de San Pedro Cotzilnam a San Cristobal de las Casas es de menos de una hora y treinta minutos ¿Qué pasó en las 53 horas y media falantes?

En Chiapas, como en todo México, se han normalizado los levantones, la tortura y las desapariciones, sin importar si lo hacen criminales con los uniformes de los cárteles o de las fuerzas policiales y militares, pero además, ahí lleva normalizándose la violencia paramilitar desde 1995 en una guerra de contrainsurgencia que no se ha detenido. También, desde el inicio de su cargo como gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez creo un grupo paramilitar institucionalizado como fuerza policial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, que se ha sumado como un grupo más a la violencia generalizada en el estado.

Aemás de esto, un operativo tan grande y con la participación de las fuerzas armadas y la guardia Nacional definitivamente involucra la decisión y respaldo del gobierno federal. ¿Cuál es el mensaje? Que Claudia Sheinbaum está dejando cada vez más claro que las autonomías estorban a los proyectos de la autodenominada 4T y que, contrario a lo que repite una y otra vez, sí existen la represión, el hostigamiento, la intimidación y la prisión política en su gobierno.

Al parecer a las autoridades mexicanas les estorba más la autonomía Zapatista que los campos de reclutamiento y exteminio como el de Teuchitlán. Les preocupa más desarticular la resistencia indígena que encontrar a los responsables de crímenes como los del caso Ayotzinapa. Dejan impunes a cientos de criminales que siguen operando como gobernantes, empresarios o jefes de plaza mientras persiguen a quienes desde la autonomía cotidiana construyen un México digno, sin aceptar migajas y sin pedir el permiso de nadie ni del Estado, ni del narco.

La detención de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez es un ataque y un intento más de provocación gubernamental para tratar de generar una respuesta violenta que justifique una ofensiva abierta con la intención de aniquilar a una de las principales reservas de dignidad, resistencia y rebeldía global, esa que florece en el sureste mexicano, la del EZLN.

Nodo de Derechos Humanos