La muerte de por lo menos 41 migrantes atrapados en un incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez debe nombrarse como lo que es: un crimen.
La cuestión es quién cometió el crimen, quién lo dejo pasar, qué estructuras, políticas y prácticas establecieron las condiciones para que ocurriera, quién lo puede o no encubrir. La cadena de violaciones a sus derechos humanos es larga y la tragedia final es resultado de las políticas nacionales y globales contra las y los migrantes. Como lo dijo la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, las necropolíticas migratorias son un genocidio silenciado, lo son en Europa, lo son en Norteamérica. Es una decisión de Estado que se replica con crueldad burocrática dejarlos morir en el mar, en el desierto, en una estación migratoria.
El video difundido el día 28 de marzo de 2023, muestra que los funcionarios del INM decidieron no abrir las puertas, decidieron no apagar el fuego, decidieron dejar que murieran. Cuando gobernación emite un informe lamentando los hechos, pero solo rechazando enérgicamente “los actos que derivaron en esta tragedia”, lo que está optando por hacer es guardar silencio acerca de la decisión de dejar morir a los migrantes y dar espacio a que la condena social se centre en el hecho de que los migrantes hayan provocado un incendio.
Ni el comunicado gubernamental, ni la mención del presidente López Obrador en su conferencia mañanera abordan las causas que llevaron a eso, que prender fuego fue una forma de protesta porque no les daban agua, porque los trataron de forma inhumana, porque siempre los han tratado de forma inhumana. La tentación de colocar como criminales a los migrantes puede derivar en el burdo discurso justificante del crimen del 27 de marzo, de la política criminal que implica el encarcelamiento de migrantes en las estaciones del INM y de la política de violencia estructural sobre quienes transitan indocumentados por México, sea por sometimiento a Estados Unidos o por nacionalismo.
La cruda realidad que vivimos a nivel global, que ha implicado la masiva ejecución de prácticas atroces por parte de los Estados, ha llevado a la conclusión de que para hablar de justicia no basta la ley. Cuando la ley no alcanza a expresar la magnitud de los daños y la responsabilidad sobre la ejecución de éstos es necesario recurrir a la condena social y a dejar de aprobar la ejecución de esos actos para que dejen de ser “normales”, la idea de que migrar sin documentos es un delito y la violencia contra quienes lo hacen deben dejar de ser normalizadas.
En este atroz caso existen suficientes argumentos legales para decir que lo ocurrido fue un grave acto criminal. Para empezar el Artículo 1 de la Constitución Mexicana establece que en territorio mexicano todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Según la Ley de Migración de México se deben respetar de forma irrestricta los derechos humanos de las y los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria y en ningún caso una situación migratoria irregular ha de preconfigurar por sí misma la comisión de un delito ni el prejuzgamiento de la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
No hay argumentos para justificar el trato del que fueron víctimas los migrantes calcinados en el centro de detención del INM. El marco jurídico mexicano es uno de los pocos que les reconocen derechos básicos a los migrantes indocumentados, pero ese reconocimiento legal se queda en el papel, el INM es en los hechos una estructura policíaca que los caza y los trata como “ilegales” y “criminales”, y eso ha hecho que sus funcionarios se sientan con el derecho a decidir sobre su vida y muerte , incluso frente a las cámaras, frente a todas y todos.
Si el Estado mexicano deja impunes a los agentes responsables de esa estación y a los que en ese momento optaron por simplemente dejar que los migrantes detenidos murieran, si no se sigue la cadena de mando de ese instituto, si no se elimina el encarcelamiento de migrantes en las estaciones del INM como práctica, si no se modifica la política migratoria que se ha convertido en el muro de Estados Unidos a la migración, se confirmará como un crimen de Estado.
Decir todo ésto no es politizar el asunto, como le decían administración anteriores y como le dicen ahora desde la 4T a toda crítica. Las prácticas criminales, sistemáticas y rutinizadas del Estado mexicano son añejas, sabemos que esto no es un asunto sexenal y que ésta crueldad vuelta rutina tiene padrinos, que por cierto, se esconden, se mantienen en la impunidad y se atreven hipócritamente a condenar lo que ellos también provocaron.
La muerte de los 41 migrantes no fue un accidente, ésto lleva a la necesidad de señalar responsables. Como es sabido existen diversos tipos de responsabilidad en tratados internacionales y en el derecho internacional que establecen la responsabilidad penal de los individuos que permitieron, contribuyeron o participaron en la ejecución de graves crímenes internacionales, para lo cual existen diversos tipos de participación, como la coautoría, la orden, la complicidad y la responsabilidad de mando. Sobre esos tipos de participación tiene que haber justicia, no solo sobre los agentes que participaron directamente en el crimen y del cual hay una clara prueba. La complicidad es el centro de éste dejar hacer, dejar morir que no podemos aprobar.
Lo que se está jugando en este caso y el riesgo de impunidad estructural, es la aberrante posibilidad de que se permitan socialmente estos tratos a las y los migrantes, que cada vez son más y serán más debido a las graves situaciones de guerra, calentamiento global y crisis humana que padecemos a nivel planetario. El acto de dejar morir ejercido por los agentes migratorios no puede convertirse en una sociedad que deja morir o estaremos condenados a dejar pasar más atrocidades, más crímenes de poder, más crímenes de Estado, más trato inhumano como práctica normalizada.
La migración es resultado de la necesidad de buscar mejores condiciones de supervivencia, negar el derecho a migrar significa negar la posibilidad de encontrar precisamente eso. La mayoría de los países que se enriquecieron con el dominio y saqueo colonial que ejercieron, ahora cierran las puertas a quienes migran de los países que fueron saqueados, es la lógica colonial que persiste, sin embargo, que México, un país que vivió ese dominio y saqueo, que vive en buena medida de la migración indocumentada, criminalice a los migrantes al punto de dejarlos morir calcinados es simplemente atroz.
¿En qué momento México se convirtió en la frontera del norte, en esa que desprecia, caza y deja morir a quienes caminan desde el sur?