El 2016 se está convirtiendo en un año de violencia exacerbada y muerte en Puebla. Catorce mujeres asesinadas en menos de dos meses en hechos que parecieran indicar que se trata de feminicidios, es decir, que quienes las mataron lo hicieron por razones de odio, desprecio o posesión hacia ellas por el hecho de ser mujeres. Estas catorce mujeres asesinadas, varias de ellas embarazadas, además de ser una alarmante tragedia en sí, son la consecuencia y el síntoma de una enfermedad social que ha ido creciendo con el tiempo y en la que si bien la sociedad comparte la responsabilidad en este deterioro, las instituciones públicas en lugar de frenarlo lo han favorecido.

La impunidad y el abuso de poder han sido el sello institucional desde hace ya muchos años en Puebla, desde los casos de pederastia y trata de personas durante la administración de Mario Marín y en la que el propio ex gobernador logró evadir su responsabilidad a pesar de las abrumadoras evidencias de su complicidad; hasta el desprecio violento y sistemático que ha caracterizado a la administración de Rafael Moreno Valle evadiendo restricciones legales o legalizando la brutalidad como ocurrió con la #LeyBala. Lo que los gobiernos en Puebla han dado como ejemplo es que el poder implica impunidad y esto abre la puerta a todo tipo de abusos y tragedias. El problema real para quienes están en el poder no es detener las tragedias sino ocultarlas o callarlas cuando se vuelven evidentes.

Asaltos, desapariciones, feminicidios, agresiones a periodistas, detenciones arbitrarias de activistas y líderes comunitarios, rupturas de todo mecanismo de diálogo real entre gobernantes y gobernados, corrupciones y complicidades entre poder económico y político, impunidad para el que tiene algún tipo de poder, todo esto genera un ambiente violento, un clima de miedo y hostilidad de clase, de género, de todo, un ambiente donde el que matar se vuelve no sólo posible, sino cotidianamente aceptado. José Luis Tehuatle, Samai Márquez, los seis jóvenes de la colonia Lomas de San Miguel asesinados y calcinados en venganza por el robo a un empresario, y todos los demás casos, son parte de una misma enfermedad social que tiene entre sus causas un enorme deterioro institucional que no se resuelve con gendarmes, sistemas punitivos o estrategias de medios para ocultar lo inocultable.

Puebla está siendo un terrible símbolo de lo que provoca la ambición política, el oscuro y letal juego electoral que ha sido el principal objetivo de la presente gubernatura, en Puebla están quedando claros los verdaderos intereses de los de arriba, poder, control, dinero a costa de lo que sea; lo que pasa abajo, lo que le sucede a la población es un estorbo, un elemento que sobra en el tablero del poder. En las muertas, en las víctimas, en el dolor yacen las huellas de un estado de terror fundido en una práctica cotidiana y sistemática de impunidad e injusticia. El ejemplo constante del atropello a la condición y a los derechos humanos, la violencia como medio para lograr objetivos, el desprecio encarnado en transgresión permanente y legalizada ha dejado sus profundas consecuencias.

Como se ha sentido en México desde hace ya casi una década la sociedad esta, estamos ante una constante sensación de indefensión, de desamparo. Esta vez en Puebla no podemos ver cómo nos integramos a los estados con altos índices de violencia, nos queda hilar voces, reproducir gritos, buscar horizontes en los que quede algo más que el inminente panorama de desolación y silencio.

Es cierto que la sociedad tiene que hacer su parte, y la está haciendo, denunciando, difundiendo, sobreviviendo, organizándose a pesar de la represión y la violencia. Los gobiernos también tienen que hacer su parte, porque no la están haciendo, y no parece que la vayan a hacer, ni siquiera el primer y mínimo paso que es frenar sus acciones de impunidad, desprecio y violencia, y reconocer la gravedad de la situación y su responsabilidad en ella.

Ante esta situación no queda más que buscar formas de protegernos mutuamente, de sobrevivir juntos, de difundir la #AlertaPuebla y exigir un paso mínimo de las instituciones oficiales, sin excusas, sin pretextos (aunque parece inútil): Una declaratoria oficial de ALERTA DE GÉNERO para Puebla.

Nodo de Derechos Humanos

En México decir lo que se piensa es peligroso, contar lo que ocurre puede ser aún más peligroso, investigar lo que se esconde detrás de las mentiras suele ser letal. En lo cotidiano la verdad es motivo de miedo y buscarla se está volviendo extremadamente peligroso, y eso hace que la impunidad pueda convertirse en dueña de la realidad. En México el espacio público se está cerrando, está muriendo porque lo que en realidad ocurre se tiene que compartir en voz baja, porque quienes lo dicen públicamente están siendo amenazados, encarcelados, asesinados por un sistema de pactos de impunidad y corrupciones entrelazadas que abarcan todo el espectro del poder. Los periodistas son parte de esa población que está siendo exterminada de manera recurrente y sistemática en todo el país, pero no sólo se trata de exterminar a las personas sino al oficio periodístico como tal. Puebla no es la excepción.

En menos de un mes, en Puebla han ocurrido tres hechos que son muestra de que la oleada de silenciamiento violento del espacio público está aquí. Primero la “llamada de atención” por parte de Francisco Trejo, director de la Unidad de Comunicación de Puebla Comunicaciones, a Paula Carrizosa, reportera de La Jornada de Oriente durante la inauguración de Museo Internacional Barroco; segundo, las amenazas anónimas vía Twitter a Aranzazú Ayala, reportera de Lado B, a través del hashtag #Aniquilaaunperiodistapor; tercero, la aparición del cuerpo de Anabel Flores, reportera del Sol de Orizaba, en territorio poblano. Entre 2010 y 2015 hubo al menos 92 agresiones a periodistas en Puebla, según lo documentado por Artículo XIX. En ese mismo período el congreso de Puebla aprobó la #LeyMordaza (2011) y la #LeyBala (2014) que conforman un marco legal orientado por el temor de los poderosos a que la verdad se haga pública y se defienda.

La actitud de hostilidad contra periodistas por parte de funcionarios públicos se ha generalizado en todo el país y en todos los niveles de gobierno, los ataques de grupos criminales a quienes trabajan en los medios aumentan, el ambiente de peligro para la prensa, sobre todo para la que actúa con libertad, se está generalizando. No parece haber intención alguna por parte de las instancias gubernamentales por investigar y sancionar estas agresiones, mucho menos por proteger a los periodistas y a su oficio, al contrario, siguen buscando maneras de exterminarlo. En México, en Puebla, el espacio público está agonizando, la mentira que permite que la impunidad y la corrupción crezcan es alentada y la verdad es tratada como un crimen.

Desde el Nodo de Derechos Humanos consideramos que para que los periodistas y quienes le dan vida al espacio público puedan ejercer su derecho y su trabajo es indispensable:

1. La inmediata investigación y sanción de los responsables en los casos de Carrizosa, Ayala y Flores.

2. La abrogación de la #LeyMordaza y la #LeyBala.

3. El establecimiento de protocolos de seguridad y protección para el trabajo periodístico.

Lamentablemente sabemos que esto difícilmente ocurrirá, pues la tendencia institucional va en el sentido opuesto, por eso todos aquellos que sentimos la necesidad de saber y entender lo que ocurre en nuestro entorno, que sentimos la urgencia por desmontar las mentiras que se nos dicen desde versiones oficiales y “verdades históricas”, debemos defender constantemente nuestro derecho a saber y a decir, a informarnos y expresarnos.

Nodo de Derechos Humanos