El día 21 de octubre de 2014 el juez de lo penal de Cholula, Alejandro León Flores, dictó auto de formal prisión contra ADÁN XICALE HUITLE, ALEJANDRO PAUL XICALE COYÓPOL, ALBINO TLACHI VALENCIA Y PRIMO MANUEL TLACHI VALENCIA, opositores a la construcción del proyecto turístico denominado “Parque de las siete culturas” proyectado sobre el sitio arqueológico de la Pirámide de Cholula. Asimismo, existen órdenes de aprehensión en contra de VÍCTOR BLANCO, LEONOR ROMERO BALSECA, KARINA PÉREZ POPOCA, TEÓDULO CUAYA TEUTLE, MAFA LARRIÑAGA MONJARRAS, ROBERTO FORMACIO RAMÍREZ, BRAULIO COYOPOL TENTLE, PAULA SUCULIMA DE LA CONCHA ZIDEL, ARTURO HUELITH TLAPALTOTOLI Y ARMANDO PÉREZ ZECUIZTL.

Hechos:

El Gobierno del Estado de Puebla, junto con los gobiernos municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula tiene proyectada la construcción de un complejo turístico y comercial sobre el basamento del sitio arqueológico de la Pirámide de Cholula, lo cual ha generado numerosas movilizaciones pacíficas de los habitantes de ambos municipios. Una de dichas movilizaciones ocurre el 6 de octubre de 2014, cuando aproximadamente 3000 personas del municipio de San Andrés clausuraron pacíficamente la presidencia municipal de ese municipio, invitaron al personal que laboraba a salir del edificio y sellaron todas las entradas para que nadie ingresara. El objetivo era exigir la presencia del presidente municipal Leoncio Paisano para que tuviera un diálogo abierto con los ciudadanos de esa localidad, quien anteriormente había violado acuerdos previos con los opositores al proyecto turístico.

El 7 de octubre alrededor de las 03:40 hrs, un grupo de granaderos, fuerzas policíacas municipales, estatales y trabajadores del ayuntamiento de San Andrés ingresaron violentamente al edificio municipal que se encontraba resguardado por aproximadamente 50 sanandreseños. En dicho operativo fueron detenidos ADÁN XICALE HUITLE, ALEJANDRO PAUL XICALE COYÓPOL, ALBINO TLACHI VALENCIA Y PRIMO MANUEL TLACHI VALENCIA. Ese mismo día se estableció una mesa de diálogo entre funcionarios de la Secretaría General de Gobierno de Puebla e integrantes del movimiento “Ciudadanos Unidos por Cholula Viva y Digna” en la que los funcionarios estatales se comprometieron a liberar a los cuatro detenidos y a cancelar las demás órdenes de aprehensión, acuerdo que fue posteriormente desconocido por el secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas. Los delitos de los que se les acusa a los ahora presos y a aquellos contra quienes aún no se ejecutan las órdenes de aprehensión son:

Motín, presuntamente cometido en agravio de la seguridad del estado y orden constitucional, representados por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Pue.

Despojo, presuntamente cometido en agravio del Ayuntamiento de San Andrés Cholula y representado por Paulino Pedro Lozada, síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento.

Daño en propiedad ajena doloso

Ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte presuntamente en agravio de la sociedad.

Privación ilegal de la libertad presuntamente en agravio de Jesús Salvador Zaldívar Benavides, Manuel Alonso García, José Héctor Huerta Calvario, Josué Rivardo García Pérez y Enrique Nacer Hernández (funcionarios de gobierno).

Acción solicitada:

• Llamar por teléfono a las autoridades exigiendo la libertad de los presos políticos de Cholula, el desistimiento de la acción penal en contra de los ahora presos y de aquellos contra quienes existen órdenes de aprehensión y la cancelación absoluta del proyecto turístico “Parque de las siete culturas”.

• Escribir por correo electrónico o Facebook a las autoridades diciendo o exigiendo la libertad de los presos políticos de Cholula, el desistimiento de la acción penal en contra de los ahora presos y de aquellos contra quienes existen órdenes de aprehensión y la cancelación absoluta del proyecto turístico “Parque de las siete culturas”.

• Enviar vía Twitter los siguientes mensajes:

  • @LeoPaisanoA @RafaGobernador libertad a los presos políticos y alto a la represión y el despojo contra #CholulaVivaDigna #Puebla

  • @LeoPaisanoA @RafaGobernador No queremos ir a #Puebla a ver proyectos construidos con violencia y desprecio #CholulaVivaDigna

Les agradeceremos envíen también copia a comunicacion@nodho.org, a @nodho o a https://www.facebook.com/nodo.derechos.humanos

Favor de enviar sus llamados antes del 27 de Octubre de 2014

El 18 de octubre de este año el Gobierno del Estado de Puebla, a cargo de Rafael Moreno Valle, hizo algo inaudito, violar derechos humanos para dar cumplimiento a una recomendación por haber violado derechos humanos. Para presuntamente dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH,) relativa a la violenta represión cometida por su administración en contra de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan que resultó en la muerte de José Luis Alberto Tlautle Tamayo de 13 años de edad, alrededor de las 4 de la madrugada de ese sábado, la Policía Ministerial y la Policía estatal realizaron un operativo en esa misma población, en el que de acuerdo con testimonios de vecinos entraron sin una orden de cateo, de manera brutal y violenta a seis domicilios, encañonando a mujeres y niños y sin presentar una orden de aprehensión detuvieron a Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes .

El 19 de junio de este año el Congreso del Estado de Puebla, por amplia mayoría, aprobó una iniciativa propuesta por el Gobierno del Estado a cargo de Rafael Moreno Valle para una “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, ahora conocida como #LeyBala. Muchas organizaciones y personas advertimos los terribles riesgos que presentaba la aprobación de una ley cuyo objetivo central no era proteger los derechos humanos como su título pretendía aparentar, más parecía pretender legalizar el uso de la fuerza, incluso letal, en contra de quien protestara en contra del creciente número de abusos y arbitrariedades de la Administración estatal. El 9 de julio los temores que presentaba la aprobación de la #LeyBala fueron terriblemente confirmados cuando explícitamente se utilizó esa legislación para justificar el operativo de la Policía Estatal para reprimir la protesta en San Bernardino Chalchihuapan en contra del retiro del registro civil de las juntas auxiliares, con los graves y trágicos resultados que el mundo conoce.

Ahora, al Gobierno del Estado de Puebla no le bastó con el insulto que representó para la madre de José Luis Alberto Tlautle Tamayo y para la comunidad de Chalchihuapan el que el gobernador Moreno Valle no se presentara a pedir la disculpa requerida por la CNDH por la agresión cometida y ordenada por su administración (simplemente envió como “representante” a su consejero jurídico); además, en lugar de responsabilidad penal o la necesaria destitución, la ridícula “amonestación y multa” al Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, el mismo que era Comisionado General de la Policía Federal cuando ocurrieron los asesinatos de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa por parte de policías federales en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011; además de todo lo anterior, el gobierno poblano ordena esta nueva agresión. Más presos y más dolor desde las mismas oficinas en contra de la misma comunidad.

En este punto, exigir que el Gobierno de Puebla respete los derechos humanos resultaría ingenuo y por lo visto contraproducente, pues su desprecio en contra de aquellos a los que está obligado a representar llega a límites tan absurdos como creer que los derechos humanos se respetan violando aún más los derechos de los agredidos.

Nodo de Derechos Humanos