A menos de tres meses de la aprobación de la #LeyBala, José Luis Alberto Tlautle Tamayo de 13 años de edad se encuentra hospitalizado, en estado de coma, tras un operativo en el que a decir de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, se aplicaron los protocolos de actuación de la recién aprobada ley. ¿Entonces, de qué manera regula esta ley el uso de la fuerza policíaca, de qué forma protege esta ley a un menor de edad que se encontraba cerca de una manifestación?
En el mes de mayo mientras los diputados aprobaban esta ley muchas voces advertían sobre las implicaciones futuras, sobre los riesgos de utilizar el discurso de los derechos humanos para legalizar su violación, de aprobar una ley orientada hacia la violencia y no hacia la contención del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos. Ahora estamos presenciando la brutal evidencia de aquellos riesgos convertidos hoy en brutales operativos, en decenas de heridos.
Hace casi tres meses advertíamos que en el capítulo XIX de la ley (en su versión “modificada” y publicada en el periódico oficial), en el artículo 43 se mencionaba que “para efectos de control y dispersión, las manifestaciones se observarán y analizarán atendiendo a fenómenos de violencia o desapego de la pacífica manifestación” lo que emitía un juicio sobre el conjunto de una manifestación y no sobre conductas individuales. La falta de esa individualización de conductas tiene como resultado a un niño gravemente lesionado por “armas incapacitantes no letales”.
El uso de dichas armas presuntamente “no letales” tiene resultados letales, como ocurrió con Juan Francisco Kuykendall tras la represión policíaca el primero de diciembre de 2012 afuera del Congreso de la Unión y que culminó con su muerte tras un año de hospitalización.
En mayo preguntábamos: ¿Tomaron en cuenta que esta ley sería aplicada por policías capacitados para la violencia y sumergidos en un ambiente de constante corrupción en un estado convulsionado y con un descontento legítimo y creciente? Ahora queda claro que la respuesta es “no”, no les importa, o el punto es precisamente favorecer un clima de miedo y represión que inhiba toda forma de protesta ante los abusos del poder público. Nuevamente queda claro que para los cuerpos policíacos enviados para “mantener el orden” da igual un niño, un anciano, una mujer, un discapacitado, un transeúnte, todo el que participa o se encuentra cerca de una protesta es un “agresor” es decir, una “persona que representa un riesgo por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y del propio Estado” y por lo tanto son merecedores de un uso de la fuerza que tiene poco de gradual y mucho de brutal.
Las consecuencias concretas de promover, aprobar y aplicar una ley como esta deben implicar una responsabilidad concreta para los funcionarios involucrados en todo este proceso. No es responsabilidad únicamente del policía que lanzó el proyectil que dejó en coma a José Luis Alberto Tlautle Tamayo, lo es también de quien dirigió el operativo, de quien lo ordenó, de quién votó a favor de la ley que legalizó esa acción, de quién se negó a frenar esa ley con una acción de inconstitucionalidad.
Nodo de Derechos Humanos