En el Nodo de Derechos Humanos hemos recibido con mucha preocupación e indignación la denuncia por las agresiones policíacas en contra de los habitantes de la Colonia Mano con Mano en Tampico, Tamaulipas. No hay proyecto o acción de gobierno que pueda legitimar el uso violento y negligente de la fuerza pública como el ocurrido el 24 de septiembre. Ningún proyecto de desarrollo, de reordenamiento territorial o de cualquier tipo puede justificar la brutalidad con la que el Ayuntamiento de Tampico, encabezado por Oscar Rolando Pérez Inguanzo, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Eugenio Javier Hernández Flores, desalojaron, agredieron y despojaron a los colonos de “Mano con Mano”.
El operativo encabezado por el delegado de la Procuraduría General de Justicia, Enrique Aragón Sierra, y por la Policía Metropolitana, que dejó un saldo reportado por los afectados de 89 detenidos (47 hombres, 25 mujeres y 17 menores de edad), 15 lesionados y una persona desaparecida, es una muestra de una grave incapacidad de las autoridades gubernamentales por enfrentar este tipo de conflictos con civilidad y muestran una ignorancia absoluta de lo que significa el respeto a los derechos humanos. Los intentos del alcalde Pérez Inguanzo por justificar la violencia de la policía y sus consecuencias admitiendo que la policía le falta capacitación resulta absurdo e insultante. Si la policía no tiene la capacitación necesaria, simplemente no puede estar en las calles.
Además, recibimos denuncias de que en el Ministerio Público se les estaba negando el acceso a los detenidos a sus familiares y abogados, lo que en caso de ocurrir, estaría constituyendo una seria violación a los derechos de los detenidos.
Como Nodo de Derechos Humanos, exigimos a las autoridades municipales y estatales: que se respeten los derechos de todos los habitantes de la Colonia Mano con Mano; que se asegure el derecho a un debido proceso a quienes se encuentran detenidos y que por la forma en que ocurrió su detención eso tendría que significar su libertad inmediata; que se asegure el trato médico necesario para todos los lesionados; que sea presentada o localizada la persona desaparecida; que sean indemnizados quienes sufrieron pérdidas materiales y que se inicie un diálogo serio con los colonos inconformes con la reubicación para llegar a un acuerdo compartido.
Imponer proyectos gubernamentales con violencia y violando los derechos humanos es el mejor camino a la fractura de la sociedad y a la ingobernabilidad. La violencia fue desatada por las acciones irresponsables de administraciones de Oscar Rolando Pérez Inguanzo y de Eugenio Javier Hernández Flores, es su responsabilidad resarcir el daño a todos los afectados.