El 29 de agosto de este año recibimos información por parte del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) denunciando la interrupción de transmisiones de y la confiscación de equipo de la Radio Comunitaria “La Rabiosa” de Huajuapan de León por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En el comunicado se detalla que:

“En el operativo se encontraba personal de operación de la radiodifusora, Un locutor y un programador en Cabina, así mismo coordinador de la radio Alfredo Landa y coordinador de CACTUS Omar Esparza quien después de ser avisados de la confiscación de el transmisor, una computadora, mezcladora , micrófonos, audífonos, material discográfico y útiles varios de Audio, discutieron por no tener notificación previa ya que la trasmisión estaba en fase de prueba, el personal que se identifico como Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL quienes se identificaron como Inspectores-Verificadores y quienes argumentaron que era una orden que estaban aplicando en base a la Ley Federal de Telecumicaciones, así mismo que estaba cometiendo un delito Federal y que era un acto solamente administrativo, que si había oposición pediría a un Ministerio Publico Federal que se trasladara para efectuar de detención del personal, así mismo diciendo que tenemos diez días hábiles para que por la vía legal recuperemos nuestros equipos.

Exigimos cese a la represión que se efectúa en contra de los medios alternos, libres, ciudadanos y comunitarios que se encuentran operando en el país, ya que permiten encontrar en estos una oportunidad de obtener información que promueve los derechos de los pueblos indígenas: además de que se hacen validas las garantías internacionales”

Este no es el primer hecho hostil en contra de un medio comunitario en el que colabora CACTUS. Está como antecedente el caso de Placido Abraham López Castro quien a partir de enero de 2008 coordinaría la Radio Comunitaria de San Pedro Yosotato, pero fue asesinado el 24 de diciembre de 2007; y el homicidio de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, periodistas de la Radio Comunitaria “La voz que rompe el silencio” de San Juan Copala, el 7 de abril de este año. Estos antecedentes enmarcan la agresión contra “La Rabiosa” y son muestra de la hostilidad y violencia a la que están expuestos los periodistas oaxaqueños, en particular aquellos cuyo objetivo es crear medios comunitarios e informar sobre la situación de los Pueblos Indígenas y de los Derechos Humanos en Oaxaca.

Esperamos que la devolución de los materiales y equipo confiscados a La Rabiosa por Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL sea inmediata y solicitamos a Luis Téllez Kuenzler, Secretario de la SCT, y a Héctor Guillermo Osuna Jaime, Comisionado Presidente de COFETEL la atención directa e inmediata a este asunto. Exigimos el respeto a todos los medios comunitarios y a todos los periodistas en el estado de Oaxaca y en México. 

En el Nodo de Derechos Humanos (NODHO) hemos recibido información por parte del Colectivo ‘Mujeres Comerciantes de la Sierra Norte de Puebla’ y de la
Red Unidos Por Los Derechos Humanos Suc. Huauchinango sobre hostigamiento por parte de autoridades municipales del Huauchinango Puebla en contra de artesanas y comerciantes indígenas. En el comunicado que nos fue enviado se menciona que:

“Desde hace unos meses el ayuntamiento municipal de Huauchinango Pue. Nos a estado hostigando por medio de sus cobradores del mercado municipal así mismo también nos envía a sus policías para quitarnos de vender alrededor del mercado municipal, que disque porque estorbamos, eso es mentira desde siempre nos hemos puesto ahí, no hacemos daño a nadien.

Pero cada día se pone peor nuestra situación ya que se han vuelto mas violentos, primero nos gritan que nos quitemos, con malas palabras, luego nos quitan nuestras cosas nos galonean las cubetas, las suben a la patrulla y se las llevan y nos multan tenemos que pagar $100 para que nos den nuestras cosas, pero como se les ocurre de donde pagaremos eso, si nos quitan de donde sacamos para comer, cuando vendemos toda la cubeta la ganancia son de $50 a $70 y eso lo ocupamos para comer.

Ya estamos hartas de tantos abusos por parte de las autoridades municipales, ya no podemos mas, nuestros hijos también sufren con nosotros pues cada ves que ven aun policía se llenan de miedo, nosotros solo queremos trabajar, el presidente municipal nos quiere quitar de vender y entonces de que vamos a vivir si no genera empleos, su solución es que nos vayamos a la explanada 5 de mayo ahí no se vende la gente esta acostumbrada a comprar en el centro pues ahí esta todo.

Por eso hacemos el llamado a todos ustedes para denunciar estos abusos, así mismo para que estén al pendiente de nosotras pues tenemos miedo a sufrir de nuevo la represión de hace unos años, asi que hacemos responsable a las autoridades municipales de lo que nos pase a cada una de las integrantes del colectivo, así mismo también a los integrantes de la red unidos por los derechos humanos.”

Este es el segundo comunicado que recibimos al respecto, por lo tanto le solicitamos al Ayuntamiento de Huauchinango y al Gobierno del estado de Puebla se investigue la situación, que cese toda acción discriminatoria y toda agresión en contra de las vendedoras antes mencionadas, así como una solución expedita a este conflicto que parece estar creciendo en lugar de solucionarse. Exigimos garantías de seguridad para los integrantes de la Red Unidos por los Derechos Humanos.