En el Nodo de Derechos Humanos (NODHO) hemos recibido información de que integrantes del Colectivo Dignidad por Huauchinango han sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de la policía municipal de esa ciudad poblana.

Flor Alí Ocejo, integrante del Colectivo Dignidad por Huauchinango nos informó que:

“El día jueves de la semana pasada una señora se me acercó y me dijo que tuviera cuidado, que un tal Sevedo me traía ganas y que mejor me calmara porque me cargaría la chingada”

El mensaje continúa diciendo:

“Hoy tuve una reunión afuera del mercado, hubo presión por parte de la policía municipal, pasaron como 5 policías se pararon enfrente y nos retaban y se burlaban, luego paso una patrulla de la policía estatal con dos tipas, se paro y se nos quedo viendo y luego arranco, después se paro por ahí el tipo que me mando amenazar y se burlaba de mi.”

El Colectivo Dignidad por Huechinango, como lo indica en su comunicación, ha estado trabajando en meses recientes en contra de “los abusos de autoridad y discriminación y violación a los derechos humanos de las compañeras indígenas que vienen a vender sus productos a la ciudad de Huauchinango”

Tras varias denuncias y acciones públicas el Colectivo y las vendedoras indígenas buscaron entrevistarse con el Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, con quién no pudieron llegar a acuerdo alguno y al parecer tomó la reunión “como una burla”, lo que las llevó rentar un espacio con un particular.

Las autoridades de Huauchinango en los últimos dos años han sido señaladas por agresiones en contra de comerciantes en sus intentos de materializar el proyecto “5 de mayo” que implica sacar a todos los comerciantes del centro de la ciudad, enviarlos lejos y poner en su lugar concesiones de empresas vinculadas a políticos de esa región, entre quienes los denunciantes destacan al Diputado Federal, Alberto Amador Leal y al Diputado Local, Carlos Martínez Amador y a una persona de nombre Severo, quién preside el Mercado Municipal de Huauchinango.

Como Nodo de Derechos Humanos exigimos que cese todo hostigamiento en contra del Colectivo Dignidad por Huauchinango y de las vendedoras indígenas. Asimismo exigimos a las autoridades municipales que respeten los Derechos Humanos y garantías de todos los ciudadanos e investiguen posibles agresiones por parte particulares en contra de los antes mencionados.

En el Nodo de Derechos Humanos (NODHO) hemos recibido denuncias e información de que varias comunidades de la región chinanteca, parte de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec, Oaxaca, están en riesgo de ser despojadas de sus tierras por parte de autoridades federales y particulares, bajo el pretexto de conformar una reserva ecológica y procediendo con poca transparencia.

Los campesinos de las comunidades de San Agustín, Río Chiquito, Soledad Vistahermosa, Martín Chino, Playa Limón, Plan Juan Martínez, San Vicente Arroyo Jabalí, San Antonio Las Palmas, Ojo de Agua, Tepinapa Comunal, Lindavista, están bajo el acoso del Consejo Regional de Reservas Ecológicas de la Chinantla, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Agraria (PA).

Las presiones han sido de diversos tipos: acusaciones presuntas infracciones a la Ley General de Vida Silvestre, ofertas de dinero, exigencia de cartas poder para hacer válidos los votos de los familiares ejidatarios ausentes (contrario a lo acostumbrado) en las asambleas, con presencia policíaca, entre otras.

La conformación de esta “reserva ecológica” se sustenta en proyectos productivos y apoyos a cambio de firmar contratos, que con una terminología técnica y desconocida para los comuneros, escondían la aceptación de una “donación” de tierras para fines “ecológicos”. Además de esto, los apoyos nunca se entregaron y los contratos fueron invalidados en 2002 “porque no procedieron los programas”. Sin embargo ahora, los campesinos han recibido “reconocimientos por la donación de sus tierras” sin mayor explicación, sin que conozcan decreto o documento alguno, es decir les agradecen lo que nunca donaron, los despojan con un agradecimiento.

Este jueves 12 de junio de 2008 un grupo de funcionarios federales, en una asamblea de la comunidad de San Agustín, pretenden presionar a los ejidatarios a aprobar la donación o venta de sus tierras para la conformación la reserva ecológica. Nos preocupa que se pueda estar justificando un despojo con argumentos de protección al medio ambiente, no sería la primera vez que una un despojo se de enmarcado en acciones ecológicas, que suelen derivar en proyectos turísticos, especulación de bienes raíces y situaciones de represión y conflictividad. Para defender al medio ambiente no se necesita despojar a las comunidades indígenas, pues son ellas quienes han conservado la vida silvestre y su medio ambiente durante siglos.

Por lo anterior exigimos a Abel Toledo Méndez del Consejo Regional de Reservas Ecológicas de la Chinantla; al Biol. Salvador Anta Fonseca, Gerente Regional de la Región Pacífico Sur CONAFOR; al Ing. Esteban Ortiz Rodea, Delegado de la SEMARNAT; al Lic. José Francisco Félix Sánchez, Delegado de la PROFEPA; y al Lic. Oscar Arturo Reyes Armendáriz, Delegado de la Procuraduría Agraria que en el ámbito de sus funciones aseguren que las instituciones a su cargo y sus subordinados se conduzcan con apego a la ley y desistan de cualquier acto de intimidación o presión a pobladores, comuneros y comunidades de la región chinanteca de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec.